La posibilidad de que se ingrese un proyecto de ley de migraciones se ve cada vez más lejana. Así lo advirtieron organizaciones que desde hace varios años vienen levantando la demanda de una nueva institucionalidad, y que el Estado garantice derechos básicos a la población migrante

Si bien en el Congreso hay algunas mociones y proyectos sobre la materia, la actual administración se comprometió a impulsar un nuevo cuerpo legal, cuyo envío se ha dilatado en numerosas oportunidades y que actualmente no tiene fecha de ingreso al Parlamento.

En ese contexto, el pasado viernes la Presidenta Michelle Bachelet, en visita a la región de Antofagasta, hizo alusión al fenómeno migratorio que afecta fuertemente a esa zona, destacando el trabajo del Gobierno Regional en esa materia.

Palabras que generaron molestia en las organizaciones ya que, a su juicio, reflejan la mirada que tienen las autoridades en relación a este tema.

“Si ella alaba la política de las autoridades de Antofagasta, preocupa porque ahí hay una criminalización de la migración significativa. Que el intendente expulse a extranjeros por portar libros y eso le parezca bueno a la Presidenta significa que estamos en dos sintonías totalmente distintas” señaló el abogado y representante de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega.

A juicio del dirigente, el gobierno no tiene la capacidad para ingresar y aprobar una ley en lo que queda de mandato, ya que no están dados los consensos para aquello.

Sin embargo, advirtió que la solución no se relaciona únicamente con una iniciativa legal, que en este caso es “regresiva” ya que, según señala  posee elementos de vulneración de derechos. “Nosotros no planteamos solamente una ley de extranjería, sino que planteamos una reforma migratoria completa. Eso implica la necesidad de garantizar derechos fundamentales a nivel de orden constitucional. Significa, por ejemplo, que a todos -irrestrictamente- al momento de nacer en Chile, se les reconozca la nacionalidad chilena, entonces, esas son reformas que se pueden hacer mediante una ley de reforma constitucional”.

Desde el gobierno no tienen fecha para el ingreso de la normativa, cuyo último plazo autoimpuesto fue el mes de abril.

El pasado martes los presidentes de partidos oficialistas se reunieron con el Ejecutivo para analizar el futuro de la agenda legislativa, con 48 iniciativas que restan por ingresar al Parlamento. Sin embargo, según fuentes de la Nueva Mayoría, el proyecto sobre migración no fue abordado.

En ese contexto el secretario ejecutivo de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, manifestó sentirse decepcionado y escéptico en relación a lo que pueda hacer el gobierno. Para el dirigente no hay voluntad política para impulsar una ley de estas características, ya que “hay en gran parte de la clase política una ideología de la seguridad nacional y un desconocimiento de los fenómenos migratorios”.

Sin embargo, Cardoza señaló que espera que las autoridades no evadan el tema y que el gobierno ingrese la normativa para que sea el Parlamento y las organizaciones las que definan los cambios a este cuerpo legal.

“El proyecto tiene que entrar. Es en el Parlamento donde tendremos que seguir, nosotros como movimiento, las instancias del consejo nacional de organizaciones civiles”.

Sin embargo, el representante de Acción Migrante manifestó sus dudas en torno al envío del proyecto:  “la Presidenta anunció que lo iba  presentar y no lo presentaron. Nosotros quedamos un poco dudosos, quisiéramos que lo hagan”.

Uno de los aspectos que estaría frenando el envío de esta iniciativa es el tema presupuestario. La creación de un Servicio Nacional de Migración, entre otros puntos, habría generado que Hacienda no haya dado el visto bueno a este proyecto.

A esto se suman las diferencias en la fragmentada coalición oficialista, desde donde un sector de la Democracia Cristiana habría planteado sus reparos en torno a algunos aspectos del proyecto por considerarlo permisivo.