Esta semana el Ministerio Público levantó cargos en contra del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias. Los abogados de la compañía eléctrica CGE pidieron una investigación, ya que acusan al fiscal de parcialidad debido a unas conversaciones que sostuvo con damnificados de los megaincendios al inicio de sus indagaciones. El fiscal nacional Jorge Abbott desmintió una posible rivalidad con el persecutor.

Una situación similar le tocó vivir al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. El persecutor jefe en el caso SQM también fue sometido a un sumario, luego que la defensa de Marco Enríquez-Ominami lo acusara de faltar a la objetividad y a la reserva de la investigación. Esto tras dar una entrevista a La Tercera en que se refirió en detalle a la formalización del actual candidato presidencial del PRO.

Muchos dentro de este mundo judicial ven con preocupación que el fiscal nacional sea tan receptivo a las demandas de los grandes intereses económicos y políticos. El ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, señaló a Diario y Radio Universidad de Chile que los equipos legales de los imputados en estos casos han tomado nota de este patrón. “Una estrategia general de las defensas es que, en vez de atacar los hechos e ir al fondo de los temas, tratan de atacar al Ministerio Público y particularmente a los fiscales que llevan las investigaciones”.

La soledad de los fiscales

El ex fiscal de Concepción, Andrés Cruz, afirma que “es normal que las defensas usen como estrategia, sobre todo en casos de alta complejidad, irse contra los fiscales”. Sus dichos aluden al caso que enfrentó en 2011, cuando investigaba a Marcelo Rivera, ex alcalde de Hualpén, quien fue finalmente condenado por fraude al fisco.

“Es normal que se nos acuse de supuestos sesgos o manipulaciones en las pesquisas”, prosigue. Pero según este ex fiscal, el problema es la “fragilidad” con la que Abbott las enfrenta. Cruz culpa al equipo cercano del Fiscal Nacional, y sin querer dar nombres, afirma que estos provendrían del mundo político. “Es cuestionable que basta una reunión con algún tipo de asesor del fiscal nacional para que ante cualquier denuncia o irregularidad se inicie una investigación sumaria”, afirma. Según Cruz varios de los asesores y consejeros de Abbott no son funcionarios del Ministerio Público, sino que provienen del mundo político, incluso de las propias filas del gobierno.

En efecto, Jorge Abbott ha integrado personas a su equipo cercano que provienen desde lo más alto de la esfera política. En noviembre de 2015 nombró a Francisca Werth como directora jurídica del Ministerio Público. Werth es cercana a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien incluso la sumó en 2015 a la cartera como jefa de Estudios y Coordinación. Anteriormente se desempeñó en el Ministerio de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera y antes fue directora de la Fundación Paz Ciudadana, creada por el difunto Agustín Edwards Eastman.

Los sumarios de Abbott

Actualmente a Emiliano Arias se le acusa de falta de objetividad en el caso Incendios. El sumario fue ordenado por Abbott tras la solicitud de la defensa de la Compañía General Eléctrica (CGE), quienes acusaron al fiscal de imparcialidad, tras conocerse una conversación del persecutor con afectados de Pumanque.

“Es mi obligación y responsabilidad como fiscal asegurar que en caso de que si estos sean condenados, les paguen, los indemnicen de alguna manera porque se trata de sociedades anónimas que transan en la bolsa y que puedo asegurar su responsabilidad (…) Participen con nosotros en la investigación penal. Actuemos”, dijo Arias a las víctimas del fuego.

Pese a que Arias ha tenido éxito en la investigación, por ejemplo al haber conseguido la prisión preventiva de tres ejecutivos de la compañía, Abbott no tardó más de un mes en aceptar la solicitud de CGE e inició un sumario.

Si bien el fiscal nacional indicó el jueves que, por ahora, no existen argumentos para sacar a Arias del caso, el hecho significa una preocupación adicional para el persecutor. Ahora no sólo estará ocupado en perseguir a los responsables de los incendios, sino que además trabajará en paralelo en su defensa mientras espera un fallo definitivo sobre el sumario que le aplican.

Este es el segundo sumario que debe enfrentar Arias. El primero fue cuando llevaba el caso Corpesca. El problema fue nuevamente el mismo: dio una declaración al diario La Tercera señalando que podrían haber más formalizados, algo que se contradecía con los intereses de Abbott, quien en marzo de 2016 afirmaba que su intención era acotar y terminar rápidamente con las investigaciones por financiamiento irregular de la política. Tras dos meses de indagatorias, el fiscal de O’Higgins fue sobreseído.

La influencia de Werth en este episodio fue importante. Según un reportaje publicado por El Mostrador, en agosto de 2016 Abbott y la abogada habrían tomado en conjunto la decisión de sacar a Emiliano Arias como jefe del caso Corpesca a raíz de la entrevista que Arias dio a La Tercera.

Aunque los sumarios de Emiliano Arias en este caso, y el de Pablo Gómez en el de SQM, absolvieron a los dos fiscales, la estrategia de irse en contra de los prosecutores es la táctica favorita de las defensas.

“Se hace toda una polvareda, se trata de deslegitimar”, asegura Claudio Uribe. “Son estrategias procesales”. Estrategias que, ante la receptividad mostrada por Abbott, probablemente prosigan en el futuro.

Sin embargo, no todo es blanco o negro con el fiscal nacional.

Cuando los abogados de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, dueños del grupo Penta, solicitaron que los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena declararan como testigos en la causa, la clara intención era inhabilitarlos como indagadores. En esta situación Abbott intervino presentando una queja disciplinaria en contra del juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escobar, quien dio luz verde a ese procedimiento.

El ex fiscal penquista Andrés Cruz, hoy dedicado a la defensoría privada, relató que en distintos casos vivió  presiones de parte de las defensas en su contra. Sin embargo, fue enfático en manifestar que el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán siempre lo respaldó.

“Uno desearía que un fiscal, con el nivel de trabajo que tiene, con el desgaste que esto significa, recibiera más respaldo de parte de quien es su autoridad jerárquica. Más aún cuando se trata de casos complejos”, afirma.