La crisis del sindicalismo chileno es algo que se viene arrastrando desde hace varios años, pero que a partir de algunas situaciones registradas en el último tiempo ha adquirido mayor notoriedad: el fraude electoral en la CUT y el posterior congelamiento y desafiliación de importantes gremios que integran la multisindical, así como la división interna en la ANEF son algunos de los hechos que grafican esta crisis.

Desde los sectores disidentes, tanto de las organizaciones de trabajadores públicos como privados, han acusado la existencia de una estructura poco democrática, burocrática y servil a los distintos gobiernos, así como una incapacidad de los líderes sindicales para representar los intereses y las demandas de sus representados.

Muestra de ello es lo que ha ocurrido con debates que competen a los trabajadores y en donde la CUT o la ANEF debieran tener un rol fundamental, como por ejemplo, la reforma al sistema previsional. Esta es una bandera de lucha que ha levantado un movimiento como No+AFP, integrado por líderes sindicales como Luis Mesina, pero que en esencia es un movimiento ciudadano.

Algunos analistas afirman que las principales organizaciones de trabajadores del país están marginadas de estas discusiones ya que, por razones políticas, buscan evitar confrontarse con el gobierno.

Para la doctora en derecho laboral y académica de la Universidad de Valparaíso, Daniela Marzi, el actual desmembramiento del sindicalismo es algo “sano y reivindicativo” mirando hacia el futuro.

“Desde mi punto de vista, lo que está pasando ahora es lo mejor que podría pasar, porque se hicieron públicas todas las debilidades e irregularidades en las que vivía el movimiento sindical”, afirma Marzi. “Desde la vuelta a la democracia la CUT ha representado no más del 8% de los trabajadores privados. Con esa cifra lo que tienes es a muchos dirigentes sindicales que funcionan por los fueros, más que por la acción de reivindicaciones sociales o representación de los intereses de los trabajadores”.

Asimismo afirmó que en nuestro país “no es razonable pertenecer a una organización (de trabajadores) porque no se ejerce el poder ahí, y eso tiene como consecuencia que la acción sindical –entendida como la que redistribuye el poder social, económico y político- es prácticamente inexistente”.

La abogada apuntó como causantes de esta crisis la falta de transparencia al interior de estas organizaciones, sumado al surgimiento de un sindicalismo que ha empezado a cuestionar el rol que jugaba la CUT.

Sin embargo, para Daniela Marzi, la gota que rebasó el vaso  fue el papel que tuvo la multisindical – bajo la dirección de Bárbara Figueroa- en la discusión de la reforma laboral, especialmente en lo relativo a la negociación colectiva.

“Ahí se jugaron lo que le quedaba de crédito político, al  haber avalado una ley que nos dejó peor que la legislación anterior y que además tenía sus bases en el plan laboral de la dictadura”, enfatizó.

Por su parte la economista y directora de la ONG Programa Economía del Trabajo, Carmen Espinoza, atribuyó la crisis del sindicalismo chileno a la herencia legal y cultural del régimen dictatorial, representada por un lado en el Plan Laboral, y por el otro en la despolitización y satanización de la actividad sindical.

A juicio de la experta no se le debe endosar exclusivamente la responsabilidad a las principales organizaciones sindicales del país respecto de una crisis que es fundamentalmente “valórica y de identidad de la sociedad”.

“El contexto en el que ellos se han desarrollado desde la dictadura, es un contexto que no se toma en cuenta para criticarlos. La legislación, la cultura, la penetración ideológica respecto de valores contrapuestos con la organización, con la solidaridad, hacen muy difícil mejorar las condiciones de los trabajadores”, afirma la experta.

Carmen Espinoza aseguró que el caso chileno es distinto a muchos países de la región en donde no se implementó un plan laboral tan anti-sindical como el de nuestro país.

La fuga de afiliados y profundización de la crisis

A partir de la decisión del Colegio de Profesores de “congelar” su participación en la CUT a inicios de febrero pasado, se desencadenó un proceso en el que otros gremios, como la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), y posteriormente la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), decidieron marginarse de la Central.

Esta determinación trajo consigo que este último gremio fuera expulsado de la Mesa del Sector Público, lo que su presidenta, Gabriela Farías, relacionó con una “operación política” de partidos del oficialismo.

“Nosotros creemos que hay posiciones político-partidistas que han estado operando en esto, porque es una definición finalmente política de la mesa. Nosotros no nos hemos desafiliado de la mesa del sector público, lo que sí hicimos fue un acto político de desafiliación de la CUT”, enfatizó.

Además aseguró que “precisamente las organizaciones que fueron más insistentes en nuestro retiro, son organizaciones que en este momento tienen dirigencias que  obedecen a la línea política de la presidenta de la CUT (Bárbara Figueroa, PC)  y por lo tanto cierran filas y generan apoyos que no solamente se ven en este hecho”.

Si bien la dirigente ha sido crítica del rol de colectividades afines al gobierno al mando de la CUT, fue categórica en hacer una diferenciación: “Nosotros como organización hemos tenido un muy buen vínculo con el Partido Comunista, con los diputados, con muchos de los militantes. Tenemos además dentro de nuestro directorio y de nuestra organización, muchos dirigentes que obedecen a esa línea, pero la  línea sindical del Partido Comunista ha sido una línea que no ha tenido una buena relación con la Fenpruss” expresó en conversación con Patricio López en el programa RadioAnálisis de Radio Universidad de Chile.

Además, advirtió que a partir de esta decisión, otros gremios podrían seguir los pasos de la Fenpruss, optando por desmarcarse de la CUT así como de la Mesa del Sector Público.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores han descartado en numerosas ocasiones la existencia de una crisis. Así lo expresó su presidenta Bárbara Figueroa, quien indicó que “decir que estamos en situación crítica es un juicio extremo”.