Cuando las empresas piensan en ciertos proyectos deben considerar que serán sometidos a una posterior evaluación. Aquí opera la institucionalidad ambiental, principalmente, conformada por el Ministerio del Medioambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con sus correspondientes sedes regionales. Básicamente, la aprobación o no de una iniciativa depende de estos organismos, aunque otras instancias superiores pueden deliberar al respecto como tribunales ambientales.

Sin embargo, en emblemáticos proyectos que se han tramitado durante los últimos años los ojos han estado puestos en el Servicio de Evaluación Ambiental. Es el caso del proyecto minero portuario Dominga, donde el director regional de Coquimbo, Óscar Robledo, afirmó que el proyecto cumplía con la normativa ambiental aplicable y, con observaciones, votó a favor del proyecto en marzo pasado. También, en el caso del uso de tronaduras en la Isla Riesco, en Magallanes, su par regional, Karina Bastidas, ratificó la declaración emitida desde el servicio. Así un suma y sigue de iniciativas de esta y de menor envergadura.

Desde la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea) explicaron, a Radio y Diario Universidad de Chile, que hasta ahora existen comisiones dedicadas al análisis de proyectos “estratégicos” donde se aplica un “fast track”, es decir, una evaluación rápida. Sobre esto profundizó su presidente Francisco Cabrera: “Son los proyectos grandes, los que tienen importantes inversiones extranjeras, que se analizan bajo ese criterio. Desde el gobierno de Sebastián Piñera que vienen funcionando esos equipos técnicos que hacen, por ejemplo, evaluación de las inversiones. En el fast track se estudia la factibilidad financiera y luego la manera en que se evalúa y se aprueba o no. Depende si es un proyecto de gobierno o de cuánto es la inversión. Pero hay que tener claro que es sobre ese tipo de iniciativas y no es la generalidad”.

Pero esta línea que se ha observado en el SEA tienen un denominador común que, según Cabrera, fue la gestión del ex director Jorge Troncoso.

El ingeniero industrial asumió el cargo en 2014 y en abril pasado hizo pública su renuncia. Luego de esto, comentó en una entrevista con La Tercera que su decisión se fundaba en las diferencias de criterio con el nuevo ministro de Medioambiente, Marcelo Mena, quien asumió la cartera cuando Pablo Badenier anunció su salida para trabajar en la campaña presidencial de Carolina Goic.  “Sin duda que se busca considerar otras variables más políticas a la hora de evaluar proyectos”, sentenció la ex autoridad a ese medio.

Pero los trabajadores afirman que fue precisamente durante su gestión donde las decisiones políticas se “disfrazaron” de técnicas. Cabrera comentó que el lobby empresarial marcó su dirección y definió muchas de las resoluciones. “En realidad esto siempre ha sido así pero durante su estadía se remarcó. Entonces, llama la atención que salga a decir que ahora se va a politizar el servicio”, comentó el funcionario.

Dominga y Octopus en la mira

Otro de los proyectos que ha estado en el debate público es Dominga. Meses antes de que el proyecto llegara a la etapa de ser votado en la Comisión Ambiental de Coquimbo, se conoció información sobre el eventual conflicto de interés del ex presidente Sebastián Piñera en el proyecto, a raíz de las inversiones que Administradora Bancorp S.A, una de las empresas del grupo Bancard, mantenía en la compañía titular de Dominga Andes Iron. El ex Mandatario terminó con las gestiones del polémico proyecto termoeléctrico Barrancones que se emplazaría en la comuna de la Higuera, en agosto de 2010, y luego se comenzó a elaborar el proyecto Dominga en la misma zona, ingresado al SEA en 2013.

En este caso, Francisco Cabrera reconoció  que el SEA de Coquimbo fue mucho más reservado en entregar información, pero lo que se maneja públicamente es que hubo una intervención directa en retirar ese proyecto de su sede regional y en varias oportunidades evaluarlas a nivel central. “Ese proyecto sobre todo el año pasado (2016) se abordó desde Santiago, se le quitó a la región, y fue el nivel central que sugirió una evaluación especial, por ejemplo, que ciertos impactos no eran tales, o que las medidas de compensación y de mitigación que proponía el titular eran suficientes, lo que distaba de la regla general”, detalló.

El representante de los funcionarios del SEA se refirió en particular al proyecto Terminal GNL Penco- Lirquén “Octopus”, propiedad de Andes Mining & Energy, que se instalaría en la región del Bío Bío. Se trata de un proyecto que integra una recalcificadora que se situaría en las costas de Lirquén, un gaseoducto que atravesaría Penco y una termoeléctrica en la comuna de Bulnes. Sin embargo, el proyecto se fraccionó y las obras del terminal y la termoeléctrica ingresaron por separado al SEA, lo que ya es irregular.

Además, explicó que para concretar esta iniciativa el gobierno chileno acordó una fecha límite de aprobación con su par francés – el grupo EDF concentra el 45 por ciento del capital del proyecto y es controlado por el Estado francés- que sería septiembre de 2016.

El vocero de la Coordinadora Penco Lirquén, Edinson Neira, detalló que la recalcificadora  toma agua de la bahía de Concepción, aproximadamente 7 millones de litros por hora, para transformar gas y luego la absorben para esterilizarla mediante el proceso de ionización. Entonces, se disminuye su temperatura con otro gas y es en esas condiciones es devuelta al mar pero con organismos muertos, lo que generaría un impacto en el ecosistema marino.

Atendiendo esa situación, se determinó realizar la consulta indígena porque existían comunidades susceptibles de ser dañadas, según establece el Convenio 169 de la OIT.  Las comunidades agrupadas en la Asociación Indígena Koñintú Lakquén Mapu de Penco participaron de este proceso acusando que las obras obstruirían la recolección de plantas medicinales y recursos marinos, una actividad fundante en su modo de vida.  “Ese proceso en ciertas ocasiones se alarga mucho y eso se consideraba un obstáculo para el acuerdo que tenían pactado los gobiernos”, comentó Cabrera.

Aquí se habrían hecho sentir las presiones de GNL y la decisión del SEA de Bío Bío fue finalmente determinar el término anticipado de la consulta. En las actas figura que el titular ya había presentado medidas que mitigaban cualquier impacto significativo. La decisión unilateral y el “error” que estaba aplicando el SEA era reconocido por los técnicos encargados de evaluar el proyecto que coincidían en sus falencias.  Eso quedó reflejado en el acta final firmada solo por el director regional, Nemesio Rivas Martínez, y por ninguna otra autoridad técnica de la región del Bío Bío. “Hubo un equipo del nivel central que intervino en una de las reuniones y  cuestionó que se haya iniciado una consulta indígena”, afirmó Cabrera.

La falta de deliberación y discusión técnica marcó ese episodio. “Distinto hubiese sido si esto se hubiese zanjado con una discusión seria donde se exponen todos los antecedentes sobre la mesa. Ahí, claro, te pones detrás del director regional y lo apoyas, pero nunca fue así”, sentenció Francisco Cabrera.

Conflictos de interés

Edinson Neira apuntó a un conflicto de interés entre las autoridades ambientales y los titulares de la empresa, al que apelaron por la vía judicial. “Por un lado está Marcelo Mena que antes de ser ministro de la cartera y subsecretario fue asesor de este proyecto. Por otra parte, tenemos ese proceso de consulta indígena que no duró más de un mes donde se evidenció el lobby con la empresa que apuró la votación”, sostuvo.

Marcelo Mena prestó asesorías a la empresa titular Australis Power, actualmente BioBio Genera, para hacer mediciones sobre la calidad del aire en los sectores involucrados. En junio de 2013, según se constata en uno de los videos que manejan los vecinos, Mena acudió al Consejo Municipal de Bulnes. En esa oportunidad, Juan Gallardo, gerente de asuntos de externos de la empresa, le explicó a los vecinos que ante cualquier duda le consulten a su asesor aludiendo al ahora secretario de Estado, porque “además de contar con vasta experiencia en la materia había sido elegido personaje ambiental en 2011”.

Mena explicó que el impacto por contaminación de material particulado fino respirable MP 2,5 con la termoeléctrica  sería de 0,01 mg, algo insignificante expresó, considerando todas las emisiones anuales. Esto, pese a que en la tabla de emisión que declararon se especifica que en la etapa de operación esta central generaría 120 toneladas por año de MP 2,5. Un factor muy complejo considerando que el mismo Ministerio de Medio Ambiente cifra en más de 4 mil las muertes por enfermedades cardiovasculares ante exposición permanente por contaminación de este tipo.

Por otro lado, en junio de 2016, los funcionarios del SEA presentaron una denuncia ante la Contraloría por presuntas irregularidades en la gestión de Evelyn Aravena Burchard, quien se desempeñó entre abril de 2014 y y septiembre de 2015  como jefa del Departamento de Coordinación Regional, donde estuvo a cargo de comunicar, coordinar y gestionar la información generada en la dirección ejecutiva con las direcciones regionales.

Una vez en ese cargo se declaró su inhabilidad en la tramitación de proyectos donde interviniera la consultora SGA S.A por ser cónyuge del gerente general de una de las filiales de esa empresa. Sin embargo, en la denuncia se explicita que Aravena participó activamente en los proyectos RT Sulfuros, Embotelladora CCU Renca, Central Nueva Era, Terminal GNL Penco-Lirquén, todos presentados por la consultora SGA.

En el documento, se señala que respecto de Penco-Lirquén “la mencionada funcionaria impartió ordenes expresas y tomó decisiones ligadas al proyecto, coordinando reuniones periódicas con los equipos tanto nacionales como regionales.  Dichas instrucciones fueron impartidas por correo electrónico a los integrantes del equipo”.  Sin embargo, a un año de esta denuncia el fallo de la Contraloría fue eximir de toda responsabilidad a la funcionaria por no poder probarse algún conflicto de interés en razón de su cargo.

Pero una de las resoluciones judiciales que si advirtió irregularidades fue emitida en enero de este año por la Corte Suprema. El máximo tribunal decidió acoger el recurso de protección en contra del proyecto Penco Lirquén y revocar su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada el año pasado, afirmando que el término de la consulta ambiental tuvo vicios. En ese entendido, se ordenó iniciar la consulta que ya estaría en proceso y que, según indicó el dirigente del Bio Bio Edinson Neira, se extendería hasta octubre de este año.

Con todo esto, la resistencia de las comunidades siempre se ha mantenido activa y muy alerta a otros proyectos de similares características como el Terminal GLN Talcahuano. La comunidad informó que el titular es “Inversiones GNL Talcahuano Spa” y su representante legal es Juan Ignacio Ugarte, militante de la Democracia Cristiana y ex gobernador de la provincia de Concepción. Datos que evidencian una vez más la redes políticas y empresariales detrás de lucrativos proyectos energéticos.