Durante mayo y junio de este año, la fundación TECHO-Chile actualizó su Catastro Nacional de Campamentos y los resultados señalan que, a la fecha, existen 702 campamentos en los que viven 40.541 familias.
Con el fin de reflejar la realidad dinámica de esta problemática, la organización determinó que al mismo tiempo que se cierran campamentos, otros nuevos emergen. De hecho, entre 2016 y 2017 se cerraron 45 campamentos, pero se abrieron 87 más. A nivel país, por cada dos familias que salieron de campamentos, llegaron tres más a vivir en esta situación.
Respecto a 2016, las regiones con mayor aumento en número de familias en campamentos son Tarapacá (+802), Antofagasta (+542) y Atacama (+515), mientras que las regiones con más familias en campamentos son la de Valparaíso (10.072), Biobío (7.484) y Antofagasta (6.771).
“Por cada dos pasos avanzados, retrocedemos tres. Debemos redoblar los esfuerzos en este tema, poniéndole urgencia a esta profunda desigualdad y lo que significa que más de 40 mil familias hoy no tengan una vivienda digna. Así como la educación y la salud no deben ser regulados por el mercado, el derecho a la ciudad tampoco debe estar regulado por la plata que se tiene en el bolsillo”, aseguró el director social de TECHO-Chile, Gonzalo Rodríguez.
Dentro de las razones de este aumento, la organización atribuye como principal problema la desregulación del suelo en Chile y los salarios insuficientes para costear un arriendo o un dividendo.
Según un estudio de la Universidad Católica del Norte, en la región de Antofagasta el sueldo promedio del primer quintil es de $209.000, y un arriendo mínimo en la región cuesta en promedio $197.000. Además, al no existir una ley que regule el suelo, desde TECHO-Chile afirman que se genera una desregulación inmobiliaria y una especulación en los precios de las viviendas. Como consecuencia, la tierra queda restringida sólo para algunos, quedando las familias más pobres sin acceso al suelo.
Los 702 campamentos que hoy existen en Chile están ubicados desde Arica a Coyhaique. Las familias que viven en estos lugares no tienen acceso a una vivienda adecuada, además de no contar con acceso regular a al menos uno de los servicios básicos como agua, luz o alcantarillado.
