De acuerdo al último informe entregado por la organización internacional Global Witness, más de 200 personas fueron asesinadas por defender sus tierras, ríos y bosques durante 2016, siendo Latinoamérica uno de los territorios más críticos concentrando el 60 por ciento de los casos. En tanto, este año ya se han registrado 98 muertes en cinco meses.

Desde la organización señalan que la situación es preocupante, considerando que cada semana mueren casi cuatro activistas por conflictos medioambientales generados principalmente con empresas mineras (33), madereras (23) y agrícolas (23). Del total de los casos, el 40 por ciento de los asesinados eran indígenas.

El informe, que fue publicado en exclusivo por The Guardian, establece que la tendencia está creciendo y se está expandiendo. De asesinatos reportados en 15 países durante 2015, la cifra aumentó a 24 países en 2016. Del mismo modo, la “brutalidad policial y la represión estatal empeora”.

La organización enfatiza en que la muerte representa “el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros y ataques legales agresivos”.

Estos casos son recopilados en un contexto en el que existen importantes limitaciones respecto del acceso a la información, por lo que no se descarta que las cifras sean mucho más alarmantes.

El caso Latinoamericano

“Te amenazan para que te calles. No me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas”. Estas palabras corresponden al testimonio que Jakeline Romero, una activista colombiana, entregó Global Witness.

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La mujer ha liderado una importante lucha contra los efectos de El Cerrejón, un proyecto minero impulsado Glencore, BHP Billinton y Anglo American, compañías que también han enfrentado conflictos medioambientales en nuestro país.

Según el número de muertes de activistas, Brasil es el país con mayor cantidad de asesinatos (49), mientras que Colombia ha alcanzado un récord histórico con 37 muertes. Desde el punto de vista per cápita, Nicaragua se encuentra en el peor lugar y Honduras se mantiene como el país más peligroso para los activistas desde el 2007.

Ana Piquer, directora de ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, indicó que la situación en América Latina es muy crítica. “Es uno de los lugares más peligrosos para estar en la defensa de la tierra, el territorio y el medioambiente”.

“Esta situación tiene mucho que ver con los poderes a los cuales estas personas se están enfrentando. No solamente hay un conflicto con los estados que no están siendo receptivos a los problemas de fondo que se están planteando por estos defensores y defensoras, sino también hay luchas con poderes económicos, contra empresas que están desarrollando proyectos de inversión y de industrias extractivas”, agregó.

“Chile no es una excepción”

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile explicó que este ha sido unos de los temas más trabajados por la organización, la cual en diciembre del año pasado lanzó la campaña “Valientes”, una plataforma online que visualiza un mapeo de casos de activistas que han sido amenazados tanto en Latinoamérica como en Chile.

Si bien no hay evidencia de asesinatos por conflictos medioambientales en nuestro país, Ana Piquer enfatiza en que existen casos preocupantes. “Chile no es una excepción, si no se toman en serio los riesgos que están corriendo los activistas, es muy posible que estas situaciones comiencen a empeorar. Si no tienen consecuencias las amenazas, los hostigamientos y los secuestros que han ocurrido, es muy probable que esto comience a escalar. Es importante que, al menos estos casos se investiguen”.

Amnistía internacional ha intercedido tanto en el caso del longko Víctor Queipul como de Rodrigo Mundaca. El primero es un importante dirigente mapuche de la Comunidad de Temucuicui que fue secuestrado por desconocidos el 14 de junio del año pasado. La Fiscalía local de Victoria notificó el cierre de esta causa en abril, sin contar con declaraciones que para los abogados del caso eran claves.

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Por su parte, Mundaca, uno de los dirigentes del Movimiento por la Recuperación del Agua, la Tierra y la Vida (Modatima), ha denunciado amenazas de muerte y agresiones que le causaron graves contusiones en su cabeza.

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Otro ejemplo que se podría considerar refiere a Macarena Valdés, quien fue encontrada muerta en su casa en Tranguil y cuyo peritaje arrojó suicidio, a pesar de que su familia ha denunciado en reiteradas oportunidades un presunto asesinato producto de su participación en la lucha contra la empresa RP Global.

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Mientras que Juana Calfunao parece uno de los casos más representativos del último tiempo. La longko de la Comunidad Mapuche Juan Paillalef y su familia se encuentran bajo un recurso de protección emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, ha sido detenida por Carabineros en reiteradas ocasiones.

Federico Aguirre, jefe regional del Instituto de Derechos Humanos (INDH) en La Araucanía,  señaló que desde la entidad han interpuesto recursos de amparo en dos oportunidades en las que el Estado ha vulnerado la medida a favor de la longko y su familia. Estos recursos han sido ratificados tanto por la Corte Suprema como por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Para el jefe regional del INDH, la situación que enfrenta Juana Calfunao es algo que se repite en La Araucanía y los territorios aledaños. “En el fondo esto se da por el reclamo que hacen las comunidades para determinar sus propias prioridades de desarrollo. Es lo que uno encuentra no solo en las demandas de la longko, sino en la de la mayoría de los dirigentes”.

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En enero de este año, el Observatorio Ciudadano presentó un estudio elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y DDHH, en los que se consideraban los casos de violencia y criminalización, contra defensores y líderes comunitarios, sindicalistas y organizacionales.

Una de las conclusiones del informe fue que el mayor número de vulneraciones se produce en los conflictos generados por los sectores energéticos, mineros, de la construcción y agrícolas.

Felipe Guerra, abogado del Observatorio Ciudadano, sostuvo que en el caso chileno, cuando hay infracciones a los Derechos Humanos por parte del Estado es poco común que las investigaciones lleguen a buen término.

“Hace poco, desde el Observatorio, hicimos un informe que establece la persistencia de la justicia militar aplicada a casos donde la víctimas son civiles”, concluyó.

Y es que el modelo de desarrollo imperante hoy en el mundo juega en contra de las comunidades, las que se ven obligadas a resistir la ofensiva de los intereses económicos, al mismo tiempo que el Estado incumple su rol de resguardar -señalan una serie de organizaciones de Derechos Humanos- sucumbiendo a intereses privados corporativos, cuando su deber es proteger al conjunto y particularmente a los más vulnerable. Así se ha ido generando el peor escenario, una tierra fértil para el hostigamiento y hasta el asesinato de quienes se oponen a ese modelo. Hoy en el mundo 4 activistas están siendo asesinados por semana, y de no mediar un cambio profundo, la cifra -según alertan los informes- seguirá aumentando.