Este martes, la Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto de Nueva Educación Pública (NEP), que traspasa los colegios desde la administración de las municipalidades hacia los nuevos Servicios Locales de Educación que representarán al Estado como sostenedor.

Las indicaciones aprobadas apuntan a una transición gradual, donde uno de los primeros SLE estará formado por las comunas de Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia y debería comenzar a funcionar antes del 30 de junio de 2018.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que “esta es una de las reformas más significativas que debiera cambiar realmente el sistema de educación Chileno”, agregando que esperan que llegar a un nivel de estándar que permita que los colegios públicos “sean una opción para cualquier familia, de cualquier nivel social como lo fue en el pasado”.

En la misma línea, Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), manifestó que este es un cambio necesario que debe hacer con prudencia pero con un sentido de urgencia.

“Nosotros estamos bastante de acuerdo con esta institucionalidad que se nos viene, creemos que apunta a resolver los problemas de desfinanciamiento progresivo que han tenido los municipios en función de su administración de la educación del país. Este tiene que ser un proceso gradual que se tiene que hacer bien, pero no por eso lo podemos postergar”, expresó.

En la Comisión, los senadores llegaron a un acuerdo para votar esta reforma, advirtiendo que todavía hay puntos que se deben revisar en las siguientes instancias de discusión. Al respecto, Carlos Montes del Partido Socialista expresó que existen muchos vacíos dentro del proyecto que esperan resolver en la Comisión de Hacienda o, posteriormente, en la sala.

Críticas a las indicaciones aprobadas

El nuevo sistema pasará de 345 sostenedores, que hoy son los municipios, a 68 servicios locales, donde el plazo para constituir los primeros 11 será hasta el 2020, contemplando uno para 2018, cuatro para 2019 y seis para el año siguiente, cifra menor a la acordada en un comienzo que proponía el cambio de 28 colegios durante la primera etapa.

Luego, el 2021, habrá una pausa en la que se evaluará el proceso y se entregará un informe al Presidente de la República, quien deberá definir nuevos tiempos para continuar con los traspasos.

En tanto, los municipios que presenten buenos resultados, tanto académicos como administrativos podrán postergar la transición de sus establecimientos al nuevo sistema. Indicación que fue rechazada por el gremio docente, quienes advirtieron que estas medidas relativizan aún más la desmunicipalización.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, comentó que este proyecto producirá una fragmentación mayor del sistema. “Este proyecto empeoró con estas indicaciones que acordamos con la derecha porque permite al próximo gobierno detener el proceso”.

“Se abre una alternativa de que existan sistemas paralelos, por un lado colegios en manos de municipios y por otro lado en manos de los servicios locales, incluso en zonas geográficamente contiguas”, agregó.

Sobre este punto, Matías Gómez, investigador de Educación 2020 comentó a Radio y Diario Universidad de Chile que es importante que esta política se implemente de forma gradual, pero que sería una lástima que se crearan dos sistemas de educación pública paralelos.

Mientras que Cristián Bellei, miembro del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE), explicó que el no contar con una fecha clara para concluir el proceso de traspaso de los colegios “genera incertidumbre y abre la puerta para que algunos municipios se queden más tiempo a cargo de los establecimientos, sin que existan argumentos técnicos para aquello”.

“Estos sería absurdo porque tendríamos municipios compitiendo con los servicios locales. Pasar al nuevo sistema podría ser visto como un castigo. Creo que es muy negativo el mensaje de poner en duda la necesidad de desmunicipalizar pronto y completo”, subrayó.

Por su parte, Sara Robles, Vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), sostuvo que aunque este proyecto contemple una demanda histórica de los secundarios como lo es la desmunicipalización, el fondo y la forma no responde a lo que como estudiantes han exigido.

Para la dirigente es fundamental que la opinión de la comunidad educativa sea vinculante dentro de los establecimientos, aspecto que esta reforma no contempla. “La idea de proyecto educativo que plantea la Nueva Mayoría nosotros lo rechazamos desde un principio, porque hemos detectados muchos errores en él”.

Posibles movilizaciones

Otro de los aspectos que preocupan al gremio de profesores es que no existe ninguna indicación que resuelva el endeudamiento que poseen algunas municipalidades con los docentes. Según Aguilar si esto no se garantiza existe la posibilidad que se genere una deuda histórica dos.

El colegio de profesores anunció que tendrán asamblea el viernes, donde discutirán posibles movilizaciones que se sumarían a las que se sostienen en San Fernando, que ya se extienden por cerca de dos meses.