Los militantes llevaban días, quizás semanas hablando del asunto. De quiénes deberían ser los candidatos, de por cuáles distritos deberían ir. Quienes sí, y quiénes definitivamente no.
El sábado 29 de julio, en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, la jornada fue tensa y, no sin encendidas oposiciones, la militancia le dio la espalda a la candidata presidencial Carolina Goic ratificando todas las candidaturas parlamentarias, entre ellas la del actual diputado Ricardo Rincón.
El parlamentario de la Región de O´Higgins, había sido condenado por un juzgado civil en 2002 por violencia intrafamiliar, cometida contra su entonces esposa y madre de sus dos hijos.
Ese fin de semana Carolina Goic dijo que se tomaría unos días para evaluar su candidatura presidencial, aumentando la tensión al interior del partido y también abriendo espacios a las críticas de los otros sectores que aprovecharon la instancia para restregarle su nula presencia en las encuestas.
Tras días de incertidumbre, la senadora manifestó que seguiría con su candidatura presidencial y que vetaría la opción de alcanzar un cupo de Rincón.
Al menos en el discurso, la carta de la DC para las elecciones presidenciales, golpeó la mesa. Dijo que era urgente para el partido recuperar la recia moral que lo hizo grande. Que había que estar a la altura de las exigencias de la ciudadanía y que no dejaría pasar ninguna candidatura cuestionada.
Anunció que había que crear un estándar ético para presentarse a cargos en representación del partido y nombró al abogado Patricio Zapata como encargado de diseñar un mecanismo que velara por el cumplimiento de esta condición.
El jurista e histórico militante se encuentra trabajando en los criterios que tendrá la Democracia Cristiana para filtrar los nombres. Después de esto, será Carolina Goic quien los aplicará.
En los días que siguieron, tanto el “estándar ético” como los criterios que lo determinarán han puesto nerviosos a más de un precandidato.
Y es que por estos días resuenan más fuerte que nunca las palabras de un militante de base, que alzó la mano en la Junta Nacional para decir: “Si estamos pidiendo revisar la candidatura de Ricardo Rincón ¿Por qué no revisamos la de Roberto León que recibió plata de Soquimich? ¿O la de Marcelo Chávez, que chocó su auto y se dio a la fuga?”.
Pese al escándalo mediático y a los desesperados intentos Rincón por luchar por su cupo, es sumamente probable que no haya caso con su candidatura. Si bien el parlamentario no ha dado su brazo a torcer, el rechazo ciudadano y de parte de la falange ha sido contundente.
La desaprobación que ha alcanzado a Rincón, podría extenderse hasta golpear a otros nombres. Si bien hasta ahora la agenda se ha centrado en la DC y algunos precandidatos de la colectividad, de resultar la apuesta de Carolina Goic, es decir, de excluirse efectivamente de las candidaturas a personajes que carezcan de una hoja de vida intachable, se podría abrir un precedente para el resto de los partidos.
Una suerte de impulso a dejar fuera a quienes no han trabajado con la ética y transparencia mínima necesaria para desempeñar cargos públicos.
Este domingo, Carolina Goic afirmó en el programa Estado Nacional de TVN que “Para Sebastián Piñera el límite está en lo legal, para mí está más allá de lo legal, está en lo ético”.
En este sentido, el estándar de la candidata debería apegarse no tan sólo a las condenas judiciales, como el caso de Rincón, y abordar por ejemplo una serie de otros casos.
Radio y Diario Universidad de Chile revisó los perfiles de algunos de los precandidatos parlamentarios de la DC que están bajo sospecha más allá del asunto estrictamente legal. De aquellos que están tratando de no perder el equilibrio que los mantiene en el filo del “estándar ético”.
Al borde del desafuero
No fue condenado. Su papel de antecedentes no tiene anotaciones, pero en la Región del Bío Bío muchos todavía recuerdan la noche del viernes 13 de junio de 2014 cuando, en la comuna de San Pedro de la Paz, el diputado demócrata cristiano que hoy busca la reelección, Marcelo Chávez, protagonizaba el volcamiento de su vehículo.
El parlamentario iba acompañado de una mujer trabajadora del club nocturno penquista, Top Platinum. Tras el accidente, Chávez huyó del lugar, asegurando en una entrevista a The Clinic que fue por el shock del momento. Aunque claro, el “shock” también le permitió huir de la alcoholemia, lo que impidió que se acreditara si conducía en estado de ebriedad.
Y es que Marcelo Chávez estaba preocupado.
En 2008 había protagonizado otro accidente. Había estrellado su automóvil contra un supermercado en Concepción. En esa ocasión, Carabineros lo notó en evidente estado de ebriedad, lo que se confirmó con el examen de alcoholemia que arrojó 2.0 grados de alcohol en la sangre.
Este antecedente habría complicado la situación judicial del parlamentario en 2014. Para el accidente de 2008 y siendo entonces consejero regional del Bío Bío, Chávez se salvó de ser condenado gracias a la atenuante de irreprochable conducta anterior, aunque con la condición de que no volviera a verse involucrado en un delito.
Fotografía de Pamela Rivas
La Corte de Apelaciones penquista lo desaforó, pero la Suprema revocó este fallo considerando que no existían antecedentes suficientes para la medida. Aunque existen fotografías y relatos de testigos que presenciaron el accidente.
Actualmente, no existe registro de las actuaciones de los tribunales ni de Concepción, ni de San Pedro de la Paz, en este caso. Fuentes de Radio y Diario Universidad de Chile, aseguraron que los archivos de la investigación son reservados y actualmente estarían en posesión del Ministerio Público.
El único registro de este proceso está en la Corte Suprema. Pese a que no están disponibles los antecedentes que motivaron el desafuero, existe la constancia de que en el máximo tribunal del país Chávez no estaba solo. Fue defendido por el abogado y militante del Partido Radical, Isidro Solís, cercano a la familia de la presidenta Michelle Bachelet, al que incluso se lo vincula con la organización de la reunión entre Ángela Jeria y el candidato presidencial Alejandro Guillier.
Lissette y la falsa pena
Pasadas las 20 horas del lunes 11 de abril de 2016 Lissette Villa, de 11 años, murió en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, dependiente del Sename.
Al día siguiente, en un punto de prensa convocado especialmente para referirse a la situación, la entonces directora del Sename Marcela Labraña reveló los antecedentes privados de la historia de Lissette. Dijo que la niña había llegado a la red de protección estatal en 2013 y que estaba con tratamiento porque enfrentaba “cuadros de angustia y estrés postraumático debido al abuso sexual que había sufrido por parte de su padre”.
También descartó de plano la intervención de terceros y un origen medicamentoso, afirmando que había muerto de paro cardiorrespiratorio producto de la descompensación por no haber sido visitada por su madre. Es decir, de pena.
@CarlosRuz_F DUELE! con estrés post-traumático x AbusóSexual d padre y su descompensación fue x ausencia el #DíaDeVisita d familiar cercano
— #MarcelaCiudadana (@marcelalabrana) 12 de abril de 2016
La versión de Labraña fue inmediatamente puesta en duda y expertos hablaron en todos los medios de comunicación, descartando la posibilidad de que una niña de 11 años haya podido morir “de pena”. Además la entonces directora fue tildada, a lo menos, de irresponsable por ventilar el caso de abuso sexual y el diagnóstico de la niña. Ante la ola de cuestionamientos, el 22 de abril Labraña renunció a su cargo.
El caso de Lissette destapó la crisis de los niños dependientes del Sename y durante los meses que siguieron se abrieron las comisiones investigadoras Sename I y II. También se abrió una investigación judicial con la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La actuación de Labraña en este caso puso sobre la mesa la negligencia con que habían actuado los directores del organismo desde hace al menos 20 años.
Revisa Las deudas del Estado con los niños y niñas más vulnerables de Chile
Por estos días, la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, prestó declaración en calidad de testigo ante el fiscal del Caso Sename, donde afirmó haberse enterado por la prensa del origen medicamentoso de la muerte de la niña, y donde responsabilizó a Labraña por sus dichos e inacción.
Actualmente, Marcela Labraña busca ser candidata a diputada de la Democracia Cristiana por el nuevo distrito 12, que une a La Pintana, Puente Alto y La Florida. Aunque sus intenciones no han estado exentas de cuestionamientos, como en el video captado por Radio y Diario Universidad de Chile, en el marco de la Junta Nacional de la DC.
Los amigos de las pesqueras
Iván Fuentes apareció en la escena nacional como dirigente de las protestas de Aysén en 2012. Su liderazgo en la zona fue el trampolín que lo instaló como carta a la Cámara de Diputados, algo que consiguió en las elecciones de 2014.
Dos años más tarde, el programa Informe Especial reveló que Fuentes recibió dineros de manera de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), conglomerado de empresas pesqueras de la zona austral del país.
Con estupor, el movimiento ciudadano de la Región de Aysén se enteró de que uno de sus emblemáticos dirigentes, recibió dineros en su calidad de parlamentario, e incluso desde antes, en su época de candidato y dirigente sindical.
Pese a que Fuentes confesó haber recibido los aportes de Fipes, el Ministerio Público definió que no seguiría adelante con las pesquisas debido a que no tendrían antecedentes suficientes para imputarle el delito de cohecho.
Hasta el cierre de esta edición, Iván Fuentes busca ser reelecto en su cargo por la Región de Aysén.
También en el marco del Caso Fipes, Patricio Walker es otro nombre que acumuló documentos en las carpetas investigativas. El senador fue acusado de coordinar el financiamiento irregular a Fuentes, además de promover proyectos de ley que favorecían a las pesqueras.
En enero de este año, la Corte de Apelaciones de Coyhaique decretó el sobreseimiento de Walker, pese a que no se pudieron investigar los correos electrónicos del DC, tal como lo había solicitado el fiscal de esa región Pedro Salgado. El senador argumentó que alguien se había metido en su computador y “había borrado todos sus emails”.
En marzo, la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento definitivo de Walker en la investigación por presunto cohecho y delitos tributarios por el caso Fipes. La medida fue leída como un portazo en la cara del Ministerio Público y un gesto positivo, no sólo hacia Walker, sino que también a todos los parlamentarios involucrados en casos de financiamiento irregular.
Al ser eximido de responsabilidad legal, Walker podría haber postulado a la reelección de su cargo. Aunque luego de las declaraciones de Goic y el asunto del “estándar ético”, anunció que no irá a la reelección, aludiendo motivos personales.
Finalmente, en lo relativo al financiamiento irregular proporcionado por las pesqueras, los diputados José Miguel Ortiz y Jorge Sabag, recibieron dineros de Asipes, agrupación de pesqueras del Bío Bío. Esto, mediante el ya extinto método de aportes reservados, el que hoy, después de una reforma, es considerado ilegal. Ambos parlamentarios irán a la reelección.
El amigo de Contesse y la máquina de SQM
Las redes del Caso Soquimich también alcanzaron a la DC.
A mediados del año pasado, un reportaje de Ciper reveló que el agrónomo Roberto León Araya, hijo del diputado Roberto León, fue formalizado el 31 de agosto pasado por emitir 63 boletas de honorarios a SQM entre 2009 y 2014 por 157 millones de pesos, sin haber prestado servicios, lo que ocasionó un perjuicio tributario de 56 millones de pesos.
Según la investigación, el diputado también habría dado señales de estar coordinado con el controlador de SQM y ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, para ejercer presión y sembrar dudas respecto a la participación de las empresas de Sebastián Piñera en el marco del Caso Cascadas, lo que habría quedado registrado en una serie de oficios enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros y en las actas de la comisión investigadora del Caso.
Además, se expuso el estrecho vínculo entre el diputado Roberto León y el ex gerente de la minera no metálica, Patricio Contesse. León gestionó ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP) la solución del problema que tenía Contesse con un pozo de agua de su fundo “Corral de Pérez”, donde el ex gerente general de SQM permaneció con arresto domiciliario hasta mayo de 2016.
En el marco de ese reportaje, León reconoció que se conocen desde hace 10 a 15 años y afirmó: “Patricio Contesse es una bellísima persona y agricultor curicano”.
Hace algunos días, la bancada de diputados de la DC, presidida por León, puso sus reelecciones a disposición Carolina Goic.
Además este viernes en entrevista con El Mercurio, el parlamentario señaló: “Yo no tengo inconveniente alguno en que se revise mi candidatura por tercera vez. Lo único que espero es que se haga rápido, porque hoy los nombres los están poniendo los medios, no los están poniendo los dirigentes del partido”.
