Luego de reiterados aplazamientos, este lunes el Ejecutivo firmará el anunciado proyecto que modifica la Ley de Migraciones de 1975, para que sea ingresado a tramitación en el Congreso.

El documento fue despachado el año pasado por el Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) y, según fuentes de Gobierno, desde inicios de este año habría estado en condiciones de ser ingresado a la Cámara Baja pero las trabas estuvieron puestas en la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Pese a ello, lo único que logró agilizar el trámite fue la amenaza de Chile Vamos: el conglomerado opositor interpelará este 5 de septiembre al ministro del Interior, Mario Fernández, para interrogarlo por las acciones del Gobierno en materia de migración, en un contexto nacional en el que se han duplicado los ingresos de extranjeros al país, sin que esto conlleve un marco de derechos actualizados para su estadía.

En paralelo, las organizaciones pro migrantes no han cesado en su trabajo. Marcha tras marcha han logrado instalar en la sociedad civil la necesidad de articular una ley que reúna una serie de mejoras para los nuevos chilenos. Lamentablemente, para ellos, el proyecto que se ingresaría al Parlamento es un absoluto misterio.

A horas de que la Presidenta firme el proyecto, crece la incertidumbre, pues con el único representante gubernamental con el que las organizaciones tuvieron contacto fue con el renunciado jefe de Extranjería, Rodrigo Sandoval.

El presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Rodolfo Noriega, recalcó que llegado a este punto no se puede ni siquiera comentar si es un proyecto que cumple con los estándares de derechos humanos requeridos. Sin embargo, adelantó que temen que sea más restrictivo que los anteriores, basándose en las declaraciones de Mahmud Aleui, quien dijo que este sería “un proyecto más responsable que el anterior”.

A esto agregó que el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones no ha tenido acceso a ninguna minuta sobre los ejes que abordaría el documento. Esta última instancia está conformada por diez organizaciones migrantes, cuatro académicos, cuatro ONGs y depende del Ministerio del Interior.

Noriega insistió en que se requiere una Reforma Migratoria que adecúe los distintos servicios públicos y no una simple ley que puede seguir ligada a la normativa y el control de la seguridad nacional, lo que a su juicio sería una medida regresiva.

También existe duda sobre el verdadero interés del Gobierno al ingresar ahora la ley al Parlamento. Desde el Movimiento de Acción Migrante (MAM) sostuvieron que la presentación de este texto semanas previas a la interpelación responde a fines electorales y no a la verdadera preocupación de mejorar las condiciones de vida de las comunidades extranjeras residentes.

A través de un comunicado, la organización recalcó que “no olvidan que cuando todos los actores políticos tuvieron las herramientas y la potestad para actuar, no lo hicieron”.

Mencionaron que un pilar fundamental que debería integrar este proyecto es “reconocer que este fenómeno global no es controlable con restricciones, que lo único que hacen es precarizar la movilidad humana.  Por eso, se debe garantizar la dignidad humana al cruzar las fronteras”.

Eduardo Cardozo, integrante de esta organización, detalló ciertas situaciones complejas que los hacen dudar del manejo que está teniendo el Gobierno respecto del tema. “Después de al menos ocho o nueves veces que se dijo que se iba a presentar el proyecto quedó todo estancado en Hacienda. Luego vino la renuncia de Rodrigo Sandoval que, aunque nosotros discutimos muchos puntos con él, sabíamos que (el documento que el pretendía) tenía un enfoque de derechos, además otros cambios en la normativa fronteriza”.

Críticas desde todos los sectores políticos

Las críticas al silencio del Ejecutivo sobre el contenido del proyecto son transversales. El diputado PPD Jorge Tarud dijo que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ha mantenido su estilo de ser bastante hermético ante las consultas de los parlamentarios.

Mientras, desde Chile Vamos ratificaron que el tema principal de la interpelación al ministro Fernández – a cargo de la diputada de Renovación Nacional Paulina Núñez- será la inmigración, independiente de que el proyecto haya sido o no presentado.

En conversación con el programa “Chile a Todo Color” de nuestra emisora, el encargado del programa jurídico del Servicio Jesuita a Migrantes, Víctor Hugo Lagos, valoró con matices el anuncio del Gobierno. Dentro de esto, sostuvo que la iniciativa debería implantar una nueva institucionalidad que no dependiese del Ministerio del Interior, vinculado a la seguridad pública, porque el tema tiene que tener un cariz social y cultural lo que debería compartirse, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social.

Se espera que para este lunes, mientras el Ejecutivo realice en La Moneda la ceremonia de firma del proyecto, distintas organizaciones de migrantes se manifiesten en la plaza de la Constitución exigiendo que esta iniciativa respete su visión enfocada en los derechos humanos.