“Más y mejor crecimiento para todas y todos”, dice el slogan del programa económico de Beatriz Sánchez. Con esa consigna, la presidenciable del Frente Amplio y su equipo lanzaron una serie de medidas que impulsarán en caso de un eventual mandato.
Que la jornada laboral baje de 45 a 40 horas semanales, que se establezca un impuesto para los “súper ricos”, que se le reste financiamiento a las Fuerzas Armadas, que se derogue la ley reservada del cobre, que se triplique el gasto público en innovación, que se nacionalice el agua y otras propuestas más formaron el contenido del programa económico del conglomerado emergente.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el economista y coordinador programático de la periodista, Nicolás Grau explicó algunas de las medidas más controversiales.
Trabajar menos, producir más
Chile está ubicado dentro de los cinco países que más horas trabaja al año en la OCDE. Son 1.987 horas, mientras que el promedio es de 1.766. Además de ser de los países que más trabajan, Chile cuenta con el triste registro de ser el segundo país menos productivo de la OCDE, por debajo de los US$30 de PIB por hora trabajada.
Con ese diagnóstico Beatriz Sánchez propone bajar la jornada de 45 a 40 horas semanales. Según explica Grau, la productividad en el país es algo que debiera preocuparnos: “Chile tiene un estancamiento en su productividad desde el año 2000. La productividad no es igual al crecimiento, un país puede crecer con productividad estancada pero no lo puede hacer en el largo plazo. Las cosas que se hacían en los años 90 ya no se pueden seguir haciendo por distintas razones, como que ya no tienen la misma rentabilidad, por ejemplo”.
Súper ricos
En Chile el 1% más rico de la población acumula el 30% de las riquezas. Ante ese escenario la propuesta de la carta frenteamplista pretende establecer un impuesto a ese grupo. Se propone fijar un “impuesto de 50% a la renta por encima de $150 millones anuales”, con lo cual podrían recaudar entre US$ 6.500 millones y US$ 8.000 millones.
“Esta acumulación significa que esos pequeños grupos tienen un alto poder en las decisiones más importantes que existen en el país. Este es un problema serio para la sociedad, no solo para la economía, y tiene un efecto en la democracia”, señala Nicolás Grau.
Un mundo con menos Fuerzas Armadas
El presupuesto que se destinó a Fuerzas Armadas el año 2016 fue igual al 2% del PIB, casi 2.500 millones de dólares. La carta presidencial del Frente Amplio aspira a restarle 1.000 millones de ese monto. Esto, según el economista, por dos principales razones, darle menor importancia a las armas y dedicar ese dinero a materias prioritarias como los derechos sociales: “Si uno compara el gasto militar de Chile respecto al de otros países de la región, tanto desde el punto de vista del gasto absoluto como también el gasto como proporción del PIB, en general Chile tiene un gasto alto. Lo ideal sería que todos gastáramos menos. Creemos que hay espacio para reducir ese gasto militar y lo que se gaste debe ser hecho de manera mucho más transparente. Esto no tendría nada que ver con el funcionamiento diario de la institución. Esta tiene que ser parte de la agenda que uno converse con los otros países de América Latina, para que entre todos, de manera coordinada, podamos ir reduciendo el gasto militar. Si uno se descuadra –como lo ha hecho Chile-, genera un presión en los otros países para gastar más en armas”.
Agua es vida
Nacionalizar el agua “como un recurso público que debe responder a las necesidades humanas”, apuntó Sánchez en la presentación. En esa línea, Sánchez instaló la idea de nacionalizar el agua que había planteado Mayol previo a las primarias del conglomerado. La propuesta dice que se buscará que la nueva Constitución “fije criterios para asegurar la protección de recursos naturales” y que se fomentará una Ley General de Bienes Comunes para proteger el medio ambiente.
Grau señala que “tenemos un serio problema socioambientales. Si uno ve los datos que presentamos uno ve la cantidad de conflictos socioambientales y que están dados principalmente por nuestra estrategia productiva y por la falta de democracia en este tipo de decisiones. Si uno se preocupa del medioambiente de manera decidida, aumentando los procesos participativos vinculantes y eso puede tener un efecto positivo en el crecimiento”.
Beatriz Sánchez presentó la idea de crear un plan nacional de inversiones, dentro de lo que se busca triplicar el gasto en materia de innovación, llegando a 1,2% del PIB. También aspira a fijar un royalty minero de 5% para la venta de minerales y a desarrollar un portafolio de inversión pública independiente del gobierno de turno. Todas las propuestas se enmarcan dentro de lo que Grau menciona como “economía democrática”: “queremos desconcentrar el poder y hacer una economía cada vez más democrática. Eso también permite un crecimiento a largo plazo”.
