Son las 11: 30 de la mañana del lunes 2 de octubre y hace una hora y media que inició el primer horario de visitas a Alfredo Tralcal, Benito y Pablo Trangol en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, región de La Araucanía. Los tres comuneros mapuche, en prisión preventiva por el denominado “Caso Iglesias”, reciben sus primeros alimentos después de 115 días en huelga de hambre en la cárcel de Temuco.

Benito (34) sirve mate mientras una enfermera le da instrucciones sobre los exámenes de orina que debe realizarse a diario; Alfredo (46) luce bien de ánimo, sonríe a ratos y muestra una lista de personas que los han visitado durante estos días; y Pablo (23) está acostado en la camilla que da hacia la ventana viendo televisión. Los tres tienen una dieta estricta: suero a la vena, leche, sopa y principalmente mate, el primordial para el gusto de los comuneros. “Pero hasta el mate lo restringen acá”, comentó Benito, ante la preocupación del equipo médico por las cinco o seis veces que consumen esta yerba en un día.

En medio de la huelga, siempre estuvieron atentos al desarrollo de los hechos más allá de los muros de la cárcel y del hospital. Sobre una mesa de la sala médica aún estaba el diario El Austral de Temuco del viernes 29 de septiembre, día en que sus familiares y abogados se reunieron con el ministro del Interior, Mario Fernández, en La Moneda. Esa jornada el escenario se tornó levemente a favor de los comuneros ante el anuncio del Gobierno de retirar la querella por Ley Antiterrorista. Aquel día, luego de la propuesta del Ejecutivo, el abogado defensor de Benito, Cristopher Corvalán, lo llamó y le dijo: “Y lo conseguiste po hueón“, comentó el comunero con satisfacción.

Han dormido poco desde que los tres conviven en la sala del hospital. Benito dice no tener cien por ciento estabilizado su ritmo cardiaco y en varias oportunidades los enfermeros de turno han corrido hasta su sala porque se activa la alarma del electrocardiógrafo durante las noches, esto por el aumento o disminución de sus latidos. El pitido de la máquina despierta constantemente a Alfredo y Pablo. Sin embargo, pese a las consecuencias para sus respectivos estados de salud, los comuneros no cuestionan el largo ayuno que enfrentaron. Siempre estuvieron dispuestos a morir, saben que su convicción es mayor y afirman que lograron “doblarle la mano” al Gobierno.

Alfredo, quien fue internado el pasado miércoles 27 de septiembre debido a una hemorragia interna, al ser consultado por la experiencia de haber atravesado más de cien días de huelga de hambre, resalta que “fue traumático” antes de mencionar cualquier dolor físico. No es la primera huelga de hambre que protagonizan presos mapuches en nuestro país, pero sí es la más extensa. Más allá de que pareciera ser una trágica costumbre el que comuneros recurran a esta medida de presión para enfrentar la calificación de terroristas,  no es una decisión fácil, ni siquiera para alguien de un pueblo que ha convivido con esta realidad por décadas.

“Cuando íbamos en el día 90, por ahí en la semana del 7 de septiembre, yo entré en una depresión bien fuerte. Despertaba y lloraba y lloraba. Incluso, una noche yo dije ´no, si esto lo termino mañana´, pero después con la visita de mi familia y el mismo apoyo de estos dos (apunta a los hermanos Trangol), seguía en la huelga”, relata Tralcal.

La clave para aguantar un día más sin ingerir alimentos era el apoyo mutuo. Diariamente al despertar la pregunta obligada entre ellos era cómo se sentían. La respuesta podía ser tanto en términos físicos como psicológicos, pero generalmente se inclinaba por esta última. Los momentos de duda eran los más difíciles, pero en estos casos Benito era el más estoico y traspasaba la actitud a sus compañeros.

Tenían claro que la única forma de alcanzar un objetivo era ejerciendo medidas de presión. Pablo, con sus cortos pero difíciles veintidós años, lo reafirmó a sí mismo desde la cárcel. Recuerda que desde que fueron detenidos el 10 de junio de 2016 hasta el 15 de septiembre del mismo año, se encontraban en un módulo con presos comunes, además de los once imputados del “Caso Luchsinger Mackay”.

“Al principio éramos como setenta presos en un módulo común. Como éramos hartos con los presos del caso Luchsinger Mackay, los presos comunes nos respetaban. Estaba Felipe Durán también. Estábamos hacinados y el alcaide no nos quería dar una sala aparte, por lo que decidimos organizar una huelga de hambre para presionarlo. No alcanzó a durar ni un día y el alcaide accedió a darnos una sala aparte”, relata Pablo.

En la sala común estaban angustiados, señalan que se fumaba mucho cigarrillo y “droga” entre los presos comunes. Al ducharse se cortaba el agua, en el lavamanos corría un leve chorro con el que alcanzaban a afeitarse. Los insectos abundaban en el lugar. La litera de Pablo estaba tan alta que al despertar se pegaba cabezazos con el techo todas las mañanas, nos cuenta con algo de humor y pesar.

En el “módulo mapuche” del Centro Penitenciario de Temuco podían cocinar, tenían refrigerador, televisión y radio para mantenerse informados. Pero esto no significaba una alegría para los comuneros, quienes desde el primer día sintieron la angustia de la privación de libertad. Los hermanos Trangol, por ejemplo, a cinco días de la detención sufrieron la muerte de su padre y no se les autorizó ir al funeral. Los últimos días del progenitor estuvieron marcados por la angustia ante la situación de sus hijos.

La respuesta a la huelga aumentó la desconfianza

No esconden la satisfacción ante el logro frente al Gobierno, están agradecidos de muchos. Pablo nos pide que destaquemos a los sacerdotes Felipe Berríos y Fernando Chomali. Aunque por otro lado, la huelga ha dejado también molestia y de incredulidad frente a las acciones y palabras de otras autoridades.

El primero en iniciar la huelga de hambre fue Ariel Trangol el 7 de junio. Dos días después le siguió su hermano Benito y al lunes siguiente, el 12 de junio, se sumaron Pablo Trangol y Alfredo Tralcal. Desde esa fecha pasaron semanas en que su estado de salud se fue deteriorando, aunque entre ellos reconocen que los más jóvenes siempre tuvieron más disposición de continuar.

Por esos días, el personal médico de Gendarmería los controlaba periódicamente y registraba en la ficha clínica sus signos vitales, el peso y los resultados de algunos exámenes. Pero la información que esta institución entregó al Colegio Médico fue discontinua e incompleta porque en varias oportunidades los comuneros se negaron a ser atendidos. Ellos explicitaron su voluntad en la pauta aplicada por los encargados de derechos humanos del gremio, basada en la Declaración de Malta, el 29 de julio de 2017: “Las confianzas con el médico de Gendarmería se han perdido. Sólo quisiera ser atendido por médicos de derechos humanos que respeten mi decisión de no ser alimentado”, manifestó Pablo Trangol al igual que los otros tres huelguistas.

La confianza con Gendarmería siempre estuvo quebrada. Se trataba de los funcionarios públicos que diariamente les aplicaban medidas que restringían su libertad, atendiendo las medidas cautelares que fueron decretadas por el Tribunal de Garantía de Temuco hace más de un año y tres meses.

Pero esta relación se tornó aún más crítica cuando Benito tuvo que ser internado de urgencia después de dos días y medio de huelga seca. Él recuerda que estaba en su pieza y que de un momento a otro entraron los gendarmes y se lo llevaron arrastrando para trasladarlo al hospital de Nueva Imperial. Fue un acto violento y forzado que el Colegio Médico cuestionó en ese mismo informe: “Respecto a la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, comunicada recientemente sobre la situación de Alfredo Tralcal y Benito Trangol, queremos enfatizar que de acuerdo a los estándares internacionales de   derechos humanos, las medidas de realimentación forzada constituyen una  forma de tratos crueles, inhumanos, degradantes  y  tortura. Por lo  tanto, contrarios a la ética.  En este  sentido los profesionales de salud no pueden participar en la aplicación de estas medidas”, dice el texto.

Pablo Trangol también detalló algunos conflictos en el trato:

“Los gendarmes no querían que se informara a la prensa. El día 100 me desmayé en el trayecto a una revisión médica y el médico no quiso darme preferencia a la atención. Esos hechos no se conocían, en la prensa el médico aseguraba que estaba bien. Me pesaban y decían públicamente que había bajado 16 kilos, cuando en realidad eran 20, luego venía el médico y se disculpaba. No nos hacían electrocardiogramas. Sólo nos pesaban y medían la presión, para eso no necesitábamos un traslado, podían hacerlo en la misma cárcel”, asegura.

Hace algunas semanas atrás y en medio de una conferencia de prensa dada en Santiago, el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Meza, instó a los medios de comunicación presentes a divulgar la crítica situación de los huelguistas, que ya con 100 días cumplidos bajo esa situación, habían disminuido en hasta un 26 por ciento su peso corporal. Ahí mismo se aclaró que las consecuencias serían irreversibles. “Habrá secuelas neurológicas, cardiológicas, renales, pérdida de memoria”, advertían los profesionales. Todo este cuadro efectivamente se hacía evidente al observar a los tres comuneros en persona. Pese a que su ánimo ha mejorado en los últimos cuatro días, es claro cómo físicamente les pesa el haber asumido una medida de características extremas.

En el informe del Colegio Médico se planteó la pregunta: “¿Considera que este es su último recurso de protesta?” Alfredo Tralcal fue conciso en su declaración: “Sí, no hay otro medio al que recurrir”. En la literatura médica este tipo de medidas de presión se denominan la “alarma de los impotentes”. César Salazar, integrante del departamento de Derechos Humanos, lo había explicado a 94 días de iniciada la huelga: “No existe ninguna otra herramienta ni política ni comunicacional para hacer patente la protesta. Y aún cuando al personal médico no le parezca la decisión debe respetar la autonomía de la persona de decidir sobre su propio cuerpo en medio de la protesta que mantiene”.

En el hospital, al menos, los comuneros manifestaron que los cerca de diez gendarmes que permanecen por largos turnos a las afueras de la sala, no les han dado problemas. Uno de los enfermeros de turno comentó que al convertirse en un caso mediático, donde los ojos de los organismos nacionales e internacionales están puestos en que no se vulneren los derechos humanos de los manifestantes, el trato ha sido mucho más delicado por todos los funcionarios involucrados.

Por su parte, Pablo Trangol critica en específico al Gobierno, la Fiscalía y los testigos protegidos:

“¿Cómo si son creyentes pueden mentir? Nunca dijeron que vieron una cara, ni siquiera si uno medía tanto. No están ni las iniciales de los testigos. Esto fue una operación de Fiscalía. Hay jueces racistas”, expresa.

Respecto del Gobierno de Michelle Bachelet, cree que la Operación Huracán, la detención de ocho comuneros mapuches realizada el sábado 23 de septiembre y de la cual se enteró por televisión desde el penal temuquense, fue un montaje del oficialismo para dejar en segundo plano la huelga de ellos que por esos días comenzaba a marcar la pauta en los medios. Incluso siente que el encarcelamiento de Fidel Tranamil y Martín Curiche fue una persecución motivada por el hecho de que ellos “eran lo que gritaban más fuerte” en las concentraciones de apoyo en las afueras de la cárcel. 

La resistencia continúa

Poco antes del mediodía entra una gendarme a la sala y avisa que el tiempo de visita concluyó. Afuera está el hijo de uno de los comuneros y a la vez vocero del grupo, Cristián Tralcal, esperando para ingresar en el segundo bloque, a partir de las 14:00 horas.

Desde su camilla, Pablo Trangol nos dice: “Díganle a los que están afuera que nos sigan apoyando. Esto todavía no ha terminado”. Su hermano Benito se sirve mate nuevamente y aclara que otra de las cosas que siguen pendientes es que la familia tenga acceso a los informes médicos. Esos certificados podrían ser incorporados por sus abogados defensores al proceso judicial, un asunto que aún están evaluando.

Cuando se les preguntó por la posición de Ariel, el comunero que decidió no bajarse al día siguiente del anuncio hecho por el Gobierno, respondían que él todavía desconfiaba, en parte porque faltaban documentos que garantizaran el retiro de la calificación por delitos terroristas en un breve plazo. A diferencia de lo que se ha informado en algunos medios, Juan Carlos Tralcal, vocero en Concepción durante la protesta, confirmó a Radio Universidad de Chile que la huelga de hambre líquida de Ariel sigue en pie.

Después de 115 días de huelga de hambre los cuatro mapuche- de la comunidad Ignacio Tranol y Mariano LLeuvul- aún no tienen certezas sobre su futuro judicial, sólo se resignan a esperar que las promesas del Gobierno sean efectivas y, sobre esto, se plantean dos aristas clave: que la apelación a la Corte revierta la prisión preventiva, además de la recalificación del delito, algo que probablemente se realizará en la continuación de la preparación de juicio, pactada para el próximo 10 de octubre.

Desde afuera del Hospital Intercultural de Nueva Imperial se observa una bandera mapuche colgada en la ventana que da a su sala. Un símbolo de unión y resistencia, que según nos contaron, les regaló una comunidad de Panguipulli en una visita y que, como tantos otros, agradecieron su acto de valentía.