Fue una reunión de ocho horas la que zanjó, de forma definitiva, el reajuste del 2,5 por ciento nominal y 0,7 por ciento real para los trabajadores y trabajadoras del sector público. El acuerdo definió, además, un bono de término de conflicto de $170 mil para sueldos bajo $660 mil líquido y de $85 mil para sueldos hasta 2 millones. Además se asignó un bono para vacaciones.

A pesar del acuerdo, no todos los sectores lo celebraron. La Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam) y el Colegio de Profesores decidieron no firmar el acuerdo por considerarlo insuficiente. Analizando las cifras, lo cierto es que el reajuste de 2015 alcanzó un 4,1%, mientras que el del año pasado llegó a 3,2 por ciento, eso sí, sin bono de término de conflicto.

El objetivo de la mesa para esta negociación perseguía un reajuste, al menos, de un 3,3 por ciento. Esto, considerando un 1,8 por ciento por la inflación proyectada para el próximo año y un 1,5 por ciento por la tasa de crecimiento económico. La cifra alcanzada estuvo lejos de eso y esa fue la detonante del descontento.

Hay críticas que apuntan directamente a dirigentes gremiales que hacen uso de su militancia política para evitar conflictos. Es el caso, por ejemplo, de las máximas dirigencias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ambos miembros del oficialista Partido Comunista. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y militante del Partido Humanista, subraya la idea de que la militancia no debiera involucrarse en este tipo de procesos: “Uno debe sacarse la dependencia partidista cuando es dirigente del gremio. Uno debe actuar en función de los intereses del gremio y siempre con autonomía. Cuando me preguntaron si es que en un eventual gobierno de Beatriz Sánchez nosotros pasaríamos a ser gobiernistas, yo siempre dije que no, nosotros como gremio no pasaríamos a ser gobiernistas. Aunque ganara Beatriz, por quien yo voté en las elecciones, mi obligación es representar a profesores y profesoras, que tienen distinto pensamiento y no corresponde alinear al gremio con un gobierno, cualquiera sea este”.

Las críticas desde la Confusam van por el mismo lado. Esteban Maturana, presidente del gremio de la salud municipal está consciente de que la negociación se llevó a cabo entre la primera y la segunda vuelta y que los dirigentes oficialistas no podían permitirse una negociación tan conflictiva como la de años anteriores en pos de la continuidad: “La presidenta de la CUT y la ANEF no son militantes de base, ni mucho menos. Son miembros de sus directivas. Uno tiene la certeza de que para ellos un punto central era no hacer demasiado alboroto de cara a la segunda vuelta, ya que la orden del partido es que el gobierno actual siga siendo gobierno. Ellos son parte del gobierno, les interesa ser parte del gobierno y una de las condiciones que limitó su participación en la mesa era precisamente su militancia en el partido, de eso no cabe duda”.

En conferencia de prensa de este lunes, pasado el mediodía, la presidenta de la CUT, Barbara Figueroa, aplaudió el consenso logrado, deslizó críticas contra las dirigencias disidentes e hizo un guiño a los ministros de Hacienda y Trabajo: “La tranquilidad para aquellos funcionarios de los profesores y de la Cofusam, que si bien sus presidente no firmaron este protocolo de acuerdo, la buena nueva es que sus afiliado sí recibirán los beneficios. Eso nos deja satisfechos. Ha sido un esfuerzo importante y un diálogo intenso que ha puesto las necesidades de los trabajadores del Estado. Esperamos que esta señal, con una mesa que mayoritariamente apoyó el proceso, sea un reflejo para las negociaciones del sector privado. Felicitamos el esfuerzo de los presidentes de los gremios del sector público y agradecemos al ministerio de Hacienda y Trabajo por este esfuerzo. Hoy, con satisfacción, podemos decir que cerramos ese tiempo negro en donde no había diálogo con los trabajadores.

La expectativa de la Mesa del Sector Público en un inicio había sido la de un reajuste del 6%, aspiración a la que Hacienda puso paños fríos con una primera oferta de 1,9%. Con esos números es evidente quién salió victorioso tras el gallito. El contraste en la forma de llevar la mesa de diálogo es otra de las cosas que molesta a cierto grupo de dirigentes. En 2016 los trabajadores llegaron hasta el Parlamento para exigir un mejor número de reajuste. Lo que allí ocurrió fue que los congresistas prefirieron alinearse con la propuesta del Gobierno dejando en 3.2 por ciento el alza salarial de los empleados públicos. Este 2017, en tanto, la negociación se botó mucho antes de la discusión en Valparaíso.

Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, considera que en términos reales el reajuste no alcanza a ser justo con los trabajadores: “Bien pobre el reajuste. En términos reales podrías ser del orden del 0,5%, incluso un poco menos. Cuando uno ve que el PIB podría crecer en torno al 1,5%, sería importante dar una señal de que los salarios en términos reales también crecieran en esa línea. Eso quiere decir que el reajuste debería haber sido, al menos, en torno al 3,5%, un punto más de lo que hoy se ha alcanzado. Por eso parecen legítimas las demandas de los trabajadores”.

Los beneficios que se obtengan tras la negociación de todas formas llegarán a los trabajadores de los gremios descontentos, que no se verán perjudicados por la no firma del acuerdo.

Lo más probable es que el Gobierno le ponga suma urgencia a la votación que se dará en torno al reajuste en la Cámara de Diputados y el Senado. Maturana insiste en que “va a pasar rapidísimo en el parlamento porque los parlamentarios quieren sacarse el problema lo antes posible para irse a sus zonas para hacer campaña por sus candidatos presidenciales”.