Entre 2007 y 2007, el Estado habría desembolsado unos 240 millones de dólares por concepto de desahucios a las Fuerzas Armadas. La información obtenida por el diario La Tercera vía transparencia, confirma que el Estado año a año cubre, en promedio, un 32 por ciento de estos bonos, actuando cuando Capredena no tiene más fondos para cubrirlos.

El desahucio es el pago de una remuneración por cada año de servicio con tope de treinta años, al que acceden todos los imponentes del sistema previsional de las Fuerzas Armadas, cuyo único requisito para cobrarlo, es haberse retirado con derecho a pensión luego de veinte años de trabajo, excluyendo casos de destitución o expulsión.

Para financiarlo, los activos trabajadores aportan un seis por ciento de su remuneración al fondo; los jubilados, un 5 por ciento; el aporte fiscal alcanza el 0,2 por ciento del total de las remuneraciones imponibles; y el aporte de Capredena suma el 0,5 por ciento para complementar el fondo.

En ese desglose y según lo informado por la caja pagadora de pensiones del las Fuerzas Armadas, en la última década el Estado pagó 21 mil millones de aporte adicional y 109 mil millones en cinco aportes fiscales extraordinarios en 2007, 2011, 2013, 2014 y 2015; los que serían utilizados para cubrir el rezago que se genera año a año por los desahucios que no se alcanzan a financiar.

La cifra total desembolsada equivale a reajustar en un 10 por ciento las pensiones básicas solidarias.