Según consta en el expediente judicial del caso, durante el 22 de agosto de 2016, Macarena Valdés, quien tenía 32 años, fue encontrada sin vida en su domicilio por uno de sus hijos que en aquel entonces tenía 11 años. El cuerpo estaba suspendido en el aire, colgando de una cuerda que estaba amarrada a una de las vigas de la casa. En su desesperación, el niño cortó la cuerda e intentó de alguna manera reanimar a su madre, pero ya era demasiado tarde.

Mostrando tan sólo estos antecedentes indudablemente muchos pensarían que se trata de un suicidio. Pero la muerte de Macarena Valdés, tal como señala la autopsia realizada por el perito Luis Ravanal, no es eso, exponiendo con respaldo científico que no existen indicios en su cuerpo que permitan afirmar la tesis de que la mujer atentó contra su vida.

Tampoco su pérdida es una estadística. Era una dirigenta medioambiental que se oponía al proyecto hidroeléctrico de la empresa transnacional RP Global en y la chilena Saesa, enmarcando el posible delito en un hecho de connotación social y política. Aún menos es un hecho que deba preocupar solamente a sus familiares, amigos y comunidad, puesto que la presunción de que el asesino estuviera motivado por el interés de las compañías energéticas, plantea un escenario de desprotección hacia un ciudadano o ciudadana al expresar el desacuerdo al poder económico y la decisión de defender la tierra.

Motivos para preocuparse hay muchos, también por el poco entusiasmo de las instituciones en el caso. Hoy el peritaje, financiado por la familia a punta de rifas, indica que no se trata de un suicidio, que Macarena Valdés murió por otros motivos, sin descartarse la participación de terceros y que, posterior a esto, su cuerpo fue colgado en una de las vigas para simular que se había quitado la vida. Pero el Servicio Médico Legal aseguró en 2016 que Macarena sí atentó contra sí misma. Incluso la Fiscalía intentó cerrar la causa argumentando que, “durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, según señala el oficio enviado al Juzgado de Garantía de Panguipulli en 2017. ¿Se investigarán las negligencias de los organismos estatales ante esto?

Resulta extraño y deja un amplio margen a la suspicacia el hecho de que en la querella presentada por la familia de Macarena Valdés se informara respecto de las amenazas previas, y que, pese a esto, la Fiscalía no iniciara actividades de investigación tendientes a conocer la causa de muerte.

“El día 21 de agosto del 2016, doña Mónica Paillamilla – quien es dueña del terreno donde nuestra familia reside- recibió la visita de dos subcontratistas de RP Global, quienes luego de solicitar nuestra salida del terreno, advirtiendo que si no (nos íbamos), nos expulsaban de ese lugar ( y que) había gente joven que quería ‘hacernos daño’”, dice el documento legal presentado por Rubén Collío, esposo de la fallecida dirigenta.

En la historia, Carabineros también debe responder a ciertas interrogantes respecto de las horas siguientes al hallazgo del cuerpo. Según la querella, al día siguiente de la muerte, llegaron alrededor de 25 operarios de Saesa a realizar un cambio de cables al que Valdés se oponía, además de concretar la instalación de una línea de alta tensión. Aquella jornada los funcionarios de la empresa estuvieron custodiados por carabineros de Liquiñe, los mismos que el día anterior realizaron las pericias cuestionadas que aseguraban que se trataba de un suicidio.

Reacciones a la autopsia

Desde antes de la muerte de Macarena Valdés que distintas organizaciones expresan la solidaridad con la comunidad que defiende su territorio. Por lo mismo, en el desarrollo de la causa han estado presentes instituciones como Amnistía Internacional. Su directora ejecutiva en Chile, Ana Píquer, conversó con nuestro medio acerca de la importancia de los nuevos antecedentes.

“Esto confirma lo que veníamos diciendo hace un tiempo, la necesidad de que se haga una investigación exhaustiva en la muerte de Macarena Valdés. Es un caso muy preocupante en que hay sospechas de que su muerte tiene relación con el trabajo que venía haciendo de protesta y defensa de su territorio”, dijo.

El organismo continúa realizando un seguimiento a la causa, esto en el marco de la desprotección que sufren los activistas medioambientales en América Latina. En nuestro país la atención se ha centrado en casos como el secuestro sufrido por el lonko Víctor Queipul y las amenazas que afectaron a Rodrigo Mundaca.

Este último, secretario general de Modatima, organización que busca recuperar las aguas privatizadas en Petorca, también conversó con Radio y Diario Universidad de Chile para este artículo. El dirigente planteó que incluso el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour y también Michel Forst, relator especial de la ONU para la situación de los defensores de Derechos Humanos en riesgo, afirman que América Latina es el lugar de mayor riesgo para las personas que defienden el agua y la tierra.

¿Qué hace la institucionalidad ante esto? Mundaca cuenta su caso:

“A propósito de un reportaje publicado el 19 de marzo de 2017 por Danwatch, un centro de investigación periodística danés, que señalaba que la producción de paltas de exportación se hace a expensas de la violación del derecho humano al agua. El reportaje concluyó que los supermercadistas daneses dejarían de comprar palta a los grandes productores que en la Provincia de Petorca usurpan agua. A los pocos días, Verónica Vilches y quien habla, fuimos amenazados de muerte. A propósito de eso, la defensoría popular, encabezada por Rodrigo Román, interpuso recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, los que prontamente fueron rechazados, porque pidieron que identificáramos a quienes nos estaban amenazando”, dijo.

Ante la desprotección institucional, la organización popular es la forma de defenderse. Hace poco tiempo finalizó la campaña “Valiente”, la que recolectó 30 mil firmas a nivel mundial, solidarizando con la causa del agua y llamaban a cuidar la vida de Vilches y Mundaca.

Hasta ahora la institucionalidad chilena permanece silente y sin que hasta ahora, haya atisbos de condenar el caso de Macarena Valdés como hacen con los incendios de camiones. Nuestro medio intentó comunicarse tanto con la Intendencia de la Región de Los Ríos como con la Gobernación de Valdivia, pero las respuestas a nuestras interrogantes nunca llegaron. El Ministerio Público, en tanto, sólo confirmó que el estudio se encuentra en poder de los fiscales a cargo, pero señaló que referirse al respecto, violaría la prohibición legal de entregar detalles de una investigación.