Karin Bernuy Olivares, al igual que sus compañeros, terminó su cuarto medio. Como todos los demás de su generación, rindió la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y, como muchos otros, tuvo la fortuna de quedar seleccionada en una universidad para cursar Bachillerato.

A diferencia del resto, Karin no es chilena, es peruana y no cuenta con residencia definitiva. Así, no puede optar a becas o beneficios. Por ende, no podrá estudiar.

Como ella, hay otros seis casos. Esta es la razón por la que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) interpuso un recurso de protección contra el ministerio de Educación (Mineduc), por discriminación a siete estudiantes extranjeras: una española, dos bolivianas y siete peruanas.

Para Pablo Valenzuela, director nacional del SJM, negarle financiamiento a estas estudiantes es “arbitrario e ilegal, porque el requisito que pide la glosa presupuestaria que regula el beneficio de gratuidad es que las personas tienen que tener residencia definitiva y esa residencia se obtiene desde la primera residencia temporaria”.

Valenzuela enfatiza que “estamos hablando de personas que llevan desde nueve años viviendo en Chile, a las cuales el Gobierno rechaza solo por no contar con su residencia definitiva”.

Por otra parte, asevera que este recurso fue presentado luego de varios intentos de comunicarse con el Mineduc, pero nunca tuvieron respuesta.

Dentro de las afectadas se encuentra también María Yessenia. Ella llegó hace cuatro años a Chile proveniente de Bolivia. Cursó su enseñanza media en el Liceo República de Brasil, en Santiago Centro, y rindió una buena PSU. Quedó seleccionada en Odontología de la Universidad San Sebastián y, según la simulación, le correspondía la beca Excelencia Académica.

Todo bien, hasta que le llegó una carta negándole la visa definitiva: “Cuando ingresé al país me dieron la visa temporaria, ahora me tocaba la definitiva, mi hermano y yo comenzamos este proceso. A él le resultó, pero a mí me la rechazaron y nunca me dijeron por qué. Fui a preguntar y nadie me dijo nada, solo me dan unos códigos y yo no soy abogada como para entenderlos”, comenta.

Yessenia no puede comenzar su carrera, porque no tiene los recursos económicos para financiarla. Se siente discriminada por su condición de extranjera y asegura que hay más que los siete casos del recurso.

Ahora, si las cosas no cambian, se resigna a tener que trabajar por lo menos dos años, que es lo que se demora el proceso de la residencia definitiva. “Si me vuelven a rechazar, ya no sabría qué hacer”, se lamenta.

Chile cuenta con la Ley de Migraciones más antigua de Latinoamérica. Según el SJM, desconoce los derechos de los migrantes en Chile, por lo que se hace urgente cambiar esta normativa, tomando en cuenta la gran cantidad de extranjeros que llegan a Chile en busca de oportunidades.

Oportunidades que, al menos en estos casos, no existieron.