Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), representa a cientos de personas que en todo el país continúan apelando por verdad y justicia en los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura. El trabajo que han asumido las víctimas de la dictadura ha permitido terminar con la impunidad de quienes solapadamente asesinaron, torturaron y violaron los derechos humanos de tantos chilenos.
Los dichos del próximo ministro de Justicia, Hernán Larraín, sobre el cierre de Punta Peuco repercutieron en la agrupación quienes los consideraron como una afrenta para sus pretensiones.
“Creemos que si hay un penal, un presidio, una cárcel que funciona razonablemente no hay para qué cerrarla. Tal vez hay que pensar en ampliar, en buscar mejorar el uso de sus facilidades”, declaró Hernán Larraín luego de ser consultado por el cierre del penal que hoy alberga a violadores de derechos humanos.
En este contexto, Diario y Radio Universidad de Chile entrevistó a Alicia Lira para conocer su posición frente al nuevo escenario que planea la asunción del próximo gobierno de Sebastián Piñera en casos relacionados con delitos cometidos en dictadura.
¿Qué opinión le merece el que no haya prosperado el cierre de punta peuco en el gobierno de Michelle Bachelet?
Es lamentable que una presidenta como Michelle Bachelet que dio su palabra a Carmen Gloria Quintana y que tenía un compromiso con los familiares de las víctimas no haya cumplido con algo tan ético, tan moral y tan legítimo que es terminar con la discriminación de los presos comunes en relación con los criminales de lesa humanidad.
Nos parece impresentable, pero aún más grave que el programa de derechos humanos de la Nueva Mayoría tampoco se haya cumplido. Estamos en alerta en cuanto al gobierno entrante de derecha, por el temor a que se vaya a implementar algún indulto a estos criminales de lesa humanidad. Por lo mismo, no dejaremos de pedir conversaciones, de exigir y movilizarnos. Es lamentable que en 27 años de gobiernos democráticos aún tengamos que salir a la calle exigiendo lo que es un problema de la sociedad y no solo de los familiares.
¿Qué le parecen los dichos del Hernán Larraín como próximo ministro de Justicia?
A nosotros no nos extraña, ya que Hernán Larraín tiene un pasado bastante oscuro de apoyo al grupo de amigos de Paul Schaefer en defensa de los horrores cometidos en Colonia Dignidad, tanto con los colonos, abusos sexuales a niños alemanes y chilenos, pero también la complicidad que tiene con los crímenes de lesa humanidad. Sabemos que va a ser difícil la lucha por cortar con la impunidad, pero seguiremos luchando, tal como lo hicimos durante este gobierno saliente el cual no cumplió y no nos recibió. Bachelet y su gabinete debieran irse con vergüenza por las deudas pendientes con lo que prometieron y no hicieron.
¿Qué tipo de trabajos están dedicadas las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos?
Durante estos años cada agrupación ha hecho un trabajo de rescate de memoria, acciones para sensibilizar posiciones, hacer lobby para que se discutan los proyectos de ley que duermen en el congreso, como la interpretación al Código Penal artículo 93 y la degradación de militares condenados por violación a los derechos humanos. El 14 de julio de 2014 nos recibió la Presidenta, le presentamos nuestra demanda y después nos infamaría de la agenda corta y la agenda larga, pero nunca nos dio respuesta ni volvió a recibirnos.
El poder legislativo se ha acomodado y no se votan la leyes que favorecen el avance de la verdad y la justicia, porque hoy los crímenes de lesa humanidad son condenados, las penas que se les dan a los victimarios son penas de crímenes comunes, no son crímenes de lesa humanidad, habiendo convenio y tratados internacionales sobre los hechos. Lo otro es que los partidos políticos dejaron solas a las agrupaciones, porque si hubiese habido un planteamiento más confrontacional, más directo de apoyo a las agrupaciones de familiares y sobre la verdad y la justicia, que es un problema de la sociedad, todo habría sido distinto.
¿En estos 27 años de trabajo han encontrado topes en políticos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos?
Para mí han sido nefastos Enrique Correa, José Antonio Viera-Gallo, diputados y ministros de la DC que han sido el peor tropiezo para avanzar en la verdad y la justicia. José Miguel Insulza y Ricardo Lagos para mí han sido personas retrógradas que miraron para el otro lado y se olvidaron lo que fue el tiempo de la Unidad Popular.
Si hoy se han encontrado a los que asesinaron, degollaron y torturaron es por el esfuerzo que se ha hecho de parte de las agrupaciones que han presentado querellas por más de 1200 ejecutados políticos. Eso ha sido un avance propiciado por los familiares, jueces y abogados de derechos humanos que han estado como punta de lanza en cuanto de la verdad y la justicia para los ejecutados políticos.