UDI va a Contraloría para que investigue a ex jefa de gabinete de Bachelet
Un grupo de diputados gremialistas apuntó a las presuntas presiones que habría ejercido Ana Lya Uriarte para favorecer al fiscal Luis Toledo con su nombramiento como notario. Por otra parte, la diputada Carmen Hertz calificó como "desleal" e "ignorante" al ex ministro Jaime Campos, luego que éste reconociera que se negó a firmar un decreto que cerraba la cárcel de Punta Peuco.
Lunes 19 de marzo 2018 18:45 hrs.
Pese a que el cambio de mando ocurrió el pasado 11 de marzo, parte de la atención mediática aún se enfoca en la gestión de la ex presidenta Michelle Bachelet, por los diversos incidentes ocurridos con su ministro de Justicia, Jaime Campos.
Por una parte, el nombramiento como notario en San Fernando del antiguo fiscal del caso Caval, Luis Toledo, sigue levantando polvo para la ex mandataria. Aunque el mismo persecutor decidió no seguir postulando al puesto, la designación continúa siendo cuestionada por Chile Vamos y un grupo de diputados de la UDI presentó un requerimiento para que la Contraloría investigue las supuestas presiones que habría recibido Campos.
“Según palabras del ex ministro, hubo presiones de parte de sus superiores para cambiar el nombramiento y el único jefe de un ministro de Estado es el presidente de la República. No estamos diciendo que haya sido la presidenta, pero puede haber sido su jefa de gabinete (Ana Lya Uriarte)”, dijo el diputado Sergio Gahona.
Jaime Campos deberá entregar su versión si es que la Contraloría toma en cuenta la solicitud del gremialismo, pero no sólo en este asunto piensa por estos días el ex ministro, puesto que el pasado fin de semana se difundió un video en que cuenta a la Gran Logia de Chile por qué no quiso firmar la orden de traslado de los presos de Punta Peuco a Colina I.
La negativa se produjo en las horas previas al cambio de mando, cuando Michelle Bachelet intentó concretar el traslado de gran parte de los presos por violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, se encontró con la resistencia de su ex ministro de Justicia.
Sobre el registro audiovisual, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, reiteró sus críticas a lo realizado por el ahora candidato a gran maestro de la Gran Logia de Chile: “Este video no sólo evidencia que es un desleal, sino que además un ignorante en materia de derecho constitucional, amén del derecho internacional de los Derechos Humanos. Él creía que sólo era ministro hasta las cinco de la tarde del viernes, pero no, lo era hasta el cambio de mando. Él era colaborador inmediato y directo de Bachelet, no estaba para que le guste o no un decreto”, indicó la parlamentaria.
La molestia con Campos es grande dentro de la centroizquierda, ya que a los casos mencionados se suma el rechazo al indulto del ex frentista Jorge Mateluna. Por lo mismo, durante la semana pasada el Frente Amplio y el PC comenzaron a especular con la posibilidad de acusar constitucionalmente a Campos, para que sea sancionado con la prohibición temporal de ocupar cargos públicos.
Pese a que el cambio de mando ocurrió el pasado 11 de marzo, parte de la atención mediática aún se enfoca en la gestión de la ex presidenta Michelle Bachelet, por los diversos incidentes ocurridos con su ministro de Justicia, Jaime Campos.
Por una parte, el nombramiento como notario en San Fernando del antiguo fiscal del caso Caval, Luis Toledo, sigue levantando polvo para la ex mandataria. Aunque el mismo persecutor decidió no seguir postulando al puesto, la designación continúa siendo cuestionada por Chile Vamos y un grupo de diputados de la UDI presentó un requerimiento para que la Contraloría investigue las supuestas presiones que habría recibido Campos.
“Según palabras del ex ministro, hubo presiones de parte de sus superiores para cambiar el nombramiento y el único jefe de un ministro de Estado es el presidente de la República. No estamos diciendo que haya sido la presidenta, pero puede haber sido su jefa de gabinete (Ana Lya Uriarte)”, dijo el diputado Sergio Gahona.
Jaime Campos deberá entregar su versión si es que la Contraloría toma en cuenta la solicitud del gremialismo, pero no sólo en este asunto piensa por estos días el ex ministro, puesto que el pasado fin de semana se difundió un video en que cuenta a la Gran Logia de Chile por qué no quiso firmar la orden de traslado de los presos de Punta Peuco a Colina I.
La negativa se produjo en las horas previas al cambio de mando, cuando Michelle Bachelet intentó concretar el traslado de gran parte de los presos por violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, se encontró con la resistencia de su ex ministro de Justicia.
Sobre el registro audiovisual, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, reiteró sus críticas a lo realizado por el ahora candidato a gran maestro de la Gran Logia de Chile: “Este video no sólo evidencia que es un desleal, sino que además un ignorante en materia de derecho constitucional, amén del derecho internacional de los Derechos Humanos. Él creía que sólo era ministro hasta las cinco de la tarde del viernes, pero no, lo era hasta el cambio de mando. Él era colaborador inmediato y directo de Bachelet, no estaba para que le guste o no un decreto”, indicó la parlamentaria.
La molestia con Campos es grande dentro de la centroizquierda, ya que a los casos mencionados se suma el rechazo al indulto del ex frentista Jorge Mateluna. Por lo mismo, durante la semana pasada el Frente Amplio y el PC comenzaron a especular con la posibilidad de acusar constitucionalmente a Campos, para que sea sancionado con la prohibición temporal de ocupar cargos públicos.
Pese a que el cambio de mando ocurrió el pasado 11 de marzo, parte de la atención mediática aún se enfoca en la gestión de la ex presidenta Michelle Bachelet, por los diversos incidentes ocurridos con su ministro de Justicia, Jaime Campos.
Por una parte, el nombramiento como notario en San Fernando del antiguo fiscal del caso Caval, Luis Toledo, sigue levantando polvo para la ex mandataria. Aunque el mismo persecutor decidió no seguir postulando al puesto, la designación continúa siendo cuestionada por Chile Vamos y un grupo de diputados de la UDI presentó un requerimiento para que la Contraloría investigue las supuestas presiones que habría recibido Campos.
“Según palabras del ex ministro, hubo presiones de parte de sus superiores para cambiar el nombramiento y el único jefe de un ministro de Estado es el presidente de la República. No estamos diciendo que haya sido la presidenta, pero puede haber sido su jefa de gabinete (Ana Lya Uriarte)”, dijo el diputado Sergio Gahona.
Jaime Campos deberá entregar su versión si es que la Contraloría toma en cuenta la solicitud del gremialismo, pero no sólo en este asunto piensa por estos días el ex ministro, puesto que el pasado fin de semana se difundió un video en que cuenta a la Gran Logia de Chile por qué no quiso firmar la orden de traslado de los presos de Punta Peuco a Colina I.
La negativa se produjo en las horas previas al cambio de mando, cuando Michelle Bachelet intentó concretar el traslado de gran parte de los presos por violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, se encontró con la resistencia de su ex ministro de Justicia.
Sobre el registro audiovisual, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, reiteró sus críticas a lo realizado por el ahora candidato a gran maestro de la Gran Logia de Chile: “Este video no sólo evidencia que es un desleal, sino que además un ignorante en materia de derecho constitucional, amén del derecho internacional de los Derechos Humanos. Él creía que sólo era ministro hasta las cinco de la tarde del viernes, pero no, lo era hasta el cambio de mando. Él era colaborador inmediato y directo de Bachelet, no estaba para que le guste o no un decreto”, indicó la parlamentaria.
La molestia con Campos es grande dentro de la centroizquierda, ya que a los casos mencionados se suma el rechazo al indulto del ex frentista Jorge Mateluna. Por lo mismo, durante la semana pasada el Frente Amplio y el PC comenzaron a especular con la posibilidad de acusar constitucionalmente a Campos, para que sea sancionado con la prohibición temporal de ocupar cargos públicos.
