El gobierno de Sebastián Piñera, instalado el 11 de marzo, ya está realizando modificaciones en un sentido contrario a las materias reformadas por Michelle Bachelet. Durante los últimos días la tensión la ha marcado el giro que dio el Ejecutivo en la Ley de Aborto en tres causales.

La Moneda  presentó el pasado viernes un nuevo protocolo respecto de la objeción de conciencia que contempla la ley. Según el nuevo reglamento, las instituciones de salud privadas que reciban recursos públicos del Ministerio de Salud, sí podrán negarse a la realización de abortos.

Esto abrió un importante conflicto entre la oposición y el nuevo gobierno, puesto que la iniciativa aprobada durante el mandato de Bachelet, fue uno de los más celebrados por el Frente Amplio y la Nueva Mayoría.

En esta línea, las ex ministras de Salud y de la Mujer, iniciaron una ofensiva en contra del protocolo presentado por la nueva administración. La ex titular de Salud, Carmen Castillo y la ex ministra de la Mujer, Claudia Pascual, criticaron al gobierno por reducir la capacidad de acción de la nueva norma al permitir, por ejemplo, que instituciones de salud privada mantengan los convenios con el Minsal, a pesar de declararse objetores de conciencia.

La ex ministra Carmen Castillo, señaló que la normativa pierde fuerza con el nuevo protocolo del Gobierno.

“Es importante señalar que cada uno de los elementos que fueron retirados disminuyen los requisitos. En este contexto, uno de los elementos que habíamos estimados es que cuando alguien trabaja en el nivel de complejidad gineco-obstrético tiene que asumir que cuando se dan indicaciones perentorias por parte del Estado, de lineamientos, metas y leyes que hay que aplicar, también significa eso la retribución económica”, señaló.

Además se ha deslizado la posibilidad de realizar modificaciones al protocolo de acompañamiento de mujeres que decidan abortar. En ese sentido la ex ministra de la Mujer Claudia Pascual, espera que no se efectúen dichos cambios.

“Esperamos que efectivamente el reglamento de acompañamiento también se respete en el marco de lo que la legislación planteó, que es que no haya vulneración a la decisión de las mujeres, niñas y adolescentes, sea que quisieran mantener sus embarazos o eventualmente interrumpirlos. Que el acompañamiento sea para todas y que se dé en el marco de las prestaciones de salud garantizadas en el propio reglamento”, manifestó.

En tanto, las diputadas Maite Orsini (RD), Camila Vallejo y Karol Cariola (PC), junto a otros parlamentarios de la comisión de salud de la Cámara, dirigentas de la sociedad civil y representantes de organizaciones por los derechos de la mujer, presentaron en la Contraloría un requerimiento contra el protocolo de aplicación de la Ley Aborto tres causales.

Donde también hubo reacciones fue en el Partido Radical donde el presidente de la colectividad, Ernesto Velasco, manifestó que “el protocolo emitido para la no implementación de esto sin duda tiene una letra chica y no nos parece. La ley es general y se tiene que cumplir. Las personas tienen libertad para elegir si opta o no opta por este camino de acuerdo a sus propias convicciones,”, señaló, deslizando que esto marcará el estilo del gobierno de Sebastián Piñera para retrotraer las reformas aprobadas durante el mandato de Bachelet.