La crisis al interior de Carabineros no disminuye su ritmo. Ahora, la Contraloría General de la República dio a conocer los resultados preliminares de un informe en el que se detectó un pago improcedente en la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) por más de 196 millones de pesos por concepto de “reliquidaciones de pensiones de retiro y montepíos”, que a su vez eran justificados de manera irregular al interior de la institución.

Todos los antecedentes, generados con información desde comienzos de 2015 hasta mediados de 2017, fueron remitidos por el órgano fiscalizador al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, incluido el dato que dice que Dipreca tardó unos meses en quitar de sus sistemas “a 39 funcionarios que se notificaron como fallecidos, en matrimonio o reincorporados a la institución, casos en que se siguieron pagando dichas pensiones”.

La noticia se produce la misma semana en que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la orden de entregar la información previsional de dos ex generales directores en retiro, algo que viene a sentar un antecedente en medio del secretismo con el que se han manejado las Fuerzas Armadas y de Orden desde tiempos inmemoriales.

Para el diputado Leonardo Soto, miembro de aquella comisión investigadora del “Pacogate”, la situación dada a conocer por Contraloría es de “máxima gravedad, porque revela que habría funcionado una red de corrupción al interior de Dipreca”. Además, el parlamentario socialista apuntó a que esta fiscalización comprendió “una pequeña área de la gestión, y en consecuencia podemos estar en presencia de otro mega fraude”.

“Está recién comenzando una investigación y puede ser la punta de una madeja tan grande, como lo fue la red de corrupción de Carabineros a propósito del mega fraude de la intendencia. Si funciona hace años probablemente esta red es mucho más grande. Los beneficios que ha entregado ilegalmente a muchas personas deben ser mayores de los 196 millones que se han detectado hasta ahora”, expresó.

En ese sentido, Soto dijo que entre distintos diputados pidieron hacer una nueva comisión “que revise lo que tiene que ver con este tema”, además de la presentación de un proyecto de ley que obligue a estas instituciones a manejarse con mayor estándares de transparencia.

Este último punto ha sido abordado por Chile Transparente, cuyo director, Alberto Precht, declaró que lo de Dipreca es un “abuso bastante grosero; se podría estar incurriendo en malversación de recursos públicos”. Asimismo, habló de algo que ya venían advirtiendo desde que participaron en la instancia parlamentaria que indagó el “Pacogate”.

“Nosotros veíamos que en Carabineros esto se trataba de un asunto sistémico y no de algo solamente encapsulado en la Intendencia. Nos encantaría que esa institución se sometiera a la ley de acceso a la información, y dejara de argüir el artículo 26 del Código de Justicia Militar como una excepción al acceso a la información, y por supuesto que cada vez que la Contraloría detecte algo, o lo detecte el Ministerio Público, se tomen las sanciones. No puede ser que las personas que estén involucradas renuncien antes de que sean dados de baja, y tengan todos los beneficios que eso significa”, señaló.

Otro abogado que ha estado involucrado en estos temas es Roberto Ávila, quien en conversación con nuestro medio dijo que esto no solo hace urgente la necesidad de transparencia, sino que un control más exhaustivo sobre las Fuerzas Armadas y de Orden que permitan llegar antes a estos incidentes. De todas maneras, apuntó a otro organismo que, en su opinión, no ha cumplido sus labores.

“Dipreca es una fábrica de fraudes, un pozo sin fondo. El Ministerio Público tiene una negligencia inexcusable. El Fiscal Abbott debería responder por qué con todos los medios a su disposición, material y jurídicos, no interviene como está obligado por mandato constitucional para poner término a estos delitos”, manifestó.

Por su parte, la misma Dirección de Previsión de Carabineros informó que están haciendo las indagaciones correspondientes, “a través de investigaciones o sumarios administrativos, para determinar si existe responsabilidad administrativa de sus funcionarios”.