Hace un par de meses, nuestro medio dio a conocer los distintos tipos de beneficios económicos que cuentan los ex comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Específicamente se centró en los onerosos dineros fiscales que son destinados a movilización personal de los uniformados en retiro.

La Armada desde el año 1998 cuenta con cuatro autos para los ex máximos representantes de la institución, el Ejército opera con tres móviles para similar uso, desde la Fuerza Aérea no especificaron la cantidad, sólo recalcaron que los vehículos dependen de la disponibilidad emanada desde la Guarnición General Aérea de Santiago. Carabineros cuenta con cuatro vehículos destinados a sus ex directores generales.

Todos los ex comandantes cuentan con chofer personal más el pago de Tag y seguros, que solo entre 2015 y 2017 significaron más de 83 millones de pesos en gastos para el Estado.

A partir del reportaje “Nadie sabe adónde viajan los ex comandantes en jefe en autos fiscales”, publicado por nuestro medio, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, presentará a la Contraloría General de la República los antecedentes con el fin de constatar el real uso de la asignación fiscal que por años ha sido destinada a movilización de los ex comandantes en jefe.

Pese a ser información pública, las ramas castrenses se negaron a detallar las bitácoras de viaje de los automóviles fiscales utilizados, ya que supuestamente ello podría afectar la seguridad de los beneficiados.

“Vamos a tomar esta investigación y la transformaremos en indagación directa para que sea abordada por la Contraloría General de la República, que revisemos caso a caso el uso que se le han dado a los recursos en los últimos 20 años, si se justifica este privilegio y, por supuesto, vamos a darle la racionalidad que hoy día no tiene, hoy esto es un abuso y vamos a actuar decididamente”, afirmó.

El parlamentario socialista agregó que la reserva o secreto no corresponde en este tipo de casos, tomando en cuenta que algunas personas jubilaron hace más de 20 años.

Argumentó que este hermetismo impide transparentar las operaciones y, además, ha servido para que se instale la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, amparada por decretos promulgados en dictadura que garantizan un privilegio legal de reserva.

“Algunos tienes más de 70 años de edad y usan estos vehículos pagados por todos los chilenos, más chofer, bencina, mecánico, peaje, y sin tener durante décadas hipótesis sobre que alguien amenace su seguridad. Yo creo que sin duda se ha desvirtuado este beneficio y se transformó en privilegio, un lujo pagado por todos los chilenos. Puede ser que hasta hayan arrendado el servicio, nadie tiene acceso a las bitácoras, no tiene control, pudo transformarse en una fuente de ingreso privado”, argumentó.

Leonardo Soto recordó que, a raíz de los hechos irregulares denunciados, presentó hace pocos días un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas y Carabineros levanten secretismo y se sometan a las mismas reglas de transparencia que la administración pública. Precisó que la idea legislativa contó con el apoyo transversal de congresistas.

“Hemos presentado un proyecto de ley que suscribieron parlamentarios socialistas, del Frente Amplio, y también diputados oficialistas que comparten el juicio de eliminar este privilegio de reserva o secreto que tienen las FF. AA y Carabineros, es decir, somete a estas instituciones a todo el régimen de transparencia que hoy rige en el resto de la administración pública, sin que tengan una excepción. Creo que la transparencia le va a ser bien a las ramas castrenses y de orden, y va a impedir que estos privilegios se mantengan en el tiempo”, subrayó.

Para Leonardo Soto y otras organizaciones protransparencia consultadas sobre el tema, es prioritario verificar la existencia de bitácoras de viaje de los vehículos fiscales utilizados por las Fuerzas Armadas y de Orden para movilizar a sus ex Comandantes en Jefe y/o Generales Directores, y que estas cumplan con contener información relativa a su uso, destino y horarios de llegada y salida, cursando en caso contrario las sanciones administrativas que correspondan.