El 7 de marzo de 2015, el juez Juan Manuel Escobar determinó la prisión preventiva para los ex controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

El magistrado dictó la misma medida para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, acusado de cohecho y lavado de activos. De este modo, todos fueron trasladados al anexo cárcel Capitán Yaber. Los “Carlos” cumplieron 46 días bajo arresto preventivo.

Un caso que marcó el inicio de una serie de investigaciones relacionadas con el financiamiento irregular de la política. A más de tres años, la Fiscalía renunciaría al cargo por cohecho y pidió al Servicio de Impuestos Internos calcular la multa que deberán pagar por la evasión de impuestos.

En el caso de Pablo Wagner se recalificaría el cargo por enriquecimiento injustificado. Con el acuerdo, lo condenaría a dos años de pena remitida y tres años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, se exigirá que el ex subsecretario devuelva $42 millones de pesos. Ahora el Tribunal deberá ratificar el acuerdo.

El abogado Mauricio Daza, querellante en el caso en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, advirtió que no se pueden descartar motivaciones políticas en medio de este anuncio. Esto porque “no existirían explicaciones jurídicas objetivas por qué se cambia de postura y se elimina el delito de soborno y cohecho”.

En marzo de 2017, el entonces fiscal Carlos Gajardo formalizó a más de 30 personas pidiendo 10 años de prisión para los tres principales acusados en esta causa sobre el Grupo Penta que él mismo calificó, en su momento, como una “máquina para defraudar al Fisco”.

Por esto, el ex persecutor reaccionó ante el acuerdo: “Cada día puede ser peor. Para la Fiscalía de Chile condenar por soborno en el Caso Penta era

“intransable”. Así lo declaraba el Fiscal Regional Manuel Guerra en entrevista televisiva (junio 2016). Nada ha cambiado desde entonces”.

Para Carlos Gajardo, ex fiscal, la señal es equivocada: “Se están ofreciendo salidas baratas, de poco rigor. La Fiscalía termina comportándose como una liquidadora”.

Mientras, los alcances de este trato no pasan desapercibidos en los partidos políticos. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, lamentó que desde Fiscalía se “hizo creer a la gente que iban a ver tremendas condenas cuando la Ley no establece las grandes sanciones que ellos prometieron”.

Desde el Frente Amplio, el diputado Tomás Hirsch afirmó que “este tipo de situaciones genera desilusión en la ciudadanía cuando ven que las cosas se arreglan entre poderosos y la Fiscalía se presta para que esta investigación no llegue hasta donde debe llegar”. Precisamente desde este grupo se evalúa solicitar la destitución del Fiscal Nacional.

Para los parlamentarios sus declaraciones son “vergonzosas”. Jorge Abbott dijo en su última cuenta pública que deben “ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados, no por una protección especial hacia ellos, sino por la responsabilidad de no alterar más de lo necesario el funcionamiento del poder del Estado en el que se desempeñan, ni la soberanía que la gente ha depositado en los foros de elección popular”.

El caso Penta ha sido un motivo para que Abbott entregara explicaciones en el pasado. Como candidato a liderar el Ministerio Público, adelantó que se inhabilitaría de la causa por “su parentesco con Alfredo Moreno Charme”. ¿Por qué? Moreno era directivo del Grupo Penta, hoy es ministro de Desarrollo Social.