En el año 1997, Felipe Berríos y un grupo de jóvenes de Techo-Chile hicieron una promesa: Erradicar los campamentos que existen en todo el país antes del bicentenario. Sin embargo, para el año 2000, la ex presidenta Michelle Bachelet extendió el compromiso, ahora para el año 2010. Posteriormente en 2015, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, este ofrecimiento se repitió: se eliminarían todos los campamentos del país. ¿Por qué no se pudieron cumplir esas promesas?

A partir de reciente información emanada desde TECHO-Chile, la oferta de los gobiernos de turno no muestra avance, más bien un retroceso. Según datos de la fundación, en 2017 más de 40 mil familias vivían en campamentos. En 2016 se habían catastrado 38 mil familias.

El ministerio de Bienes Nacionales informó que tomó la cifra más reciente y la comparó con los datos que tiene la cartera de Vivienda. Conclusión: un número de asentamientos informales casi idéntico al que existía en 1985, en tiempos de dictadura.

Para el director Ejecutivo de Techo Chile, Sebastián Bowen, los cálculos realizados por Bienes Nacionales no se ajustan a la realidad.

“Yo dudo que el año 1985 haya habido 40 mil familias viviendo en campamentos, porque un catastro que se hace el año 1997, ya en democracia, con un sistema más transparente, arroja 120 mil familias que habitan en condiciones de marginalidad, y, efectivamente, las cifras de déficit habitacional y pobreza, en esos años era mayor. Por eso la cantidad de personas en asentamientos era mucho más”, afirmó.

Consultado sobre por qué no se ha podido terminar con los campamentos pese a las reiteradas promesas, el director Ejecutivo de Techo Chile Sebastián Bowen, indicó que el Ejecutivo y la propia sociedad no tienen claro el problema de fondo.

“Trabajaron en la función de terminar con los campamentos siendo que estos reductos eran solo un síntoma, tú no puedes prometer terminar con un campamento sin que haya una ciudad justa. Ese es el tema”, argumentó.

Para Bowen, el suelo se sitúa bajo un ordenamiento mercantil. Un sistema de planificación que, según él, no permite construir viviendas sociales. Agregó además que el precio de las residencias y el terreno casi se ha duplicado en los últimos 10 años y, por ende, el encarecimiento de los arriendos y la marginación a quienes no pueden pagar.

Al respecto, Pablo Rojas, Magíster en Psicología Social e integrante de la ONG de Desarrollo ATTAS-FRACTAL, quien trabaja con migrantes en campamentos de la ciudad de Antofagasta, dijo que erradicar los asentamientos es una promesa que no se puede cumplir. Principalmente -indicó-, por la arremetida de la industria inmobiliaria y la influencia que ejercen en los propios municipios, a través de la confección de planos reguladores.

“La entrada de las grandes inmobiliarias privadas y los bancos a definir la política de vivienda y de suelo, aumenta el allegamiento y los campamentos, y eso tiene que ver con la influencia de los gremios como la Cámara Chilena de la Construcción y ahora, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, para ir definiendo o haciendo lobby en los municipios, para que determinen realizando las actualizaciones o los seccionales de los planos reguladores de acuerdo a los intereses del mercado inmobiliario”, subrayó.

Para el profesor de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Camilo Arriagada, el control que hacen las compañías inmobiliarias sobre el suelo, dirigido principalmente a estructuras de uso comercial y no habitacional, ha encarecido el precio de los terrenos en zonas urbanas, convirtiendo a los departamentos en un lujo.

“Eso tiene que ver con el copamiento y agotamiento del suelo que está dándose por una mezcla de renovación urbana post 2 mil y también por una expansión de suelo comercial. La cantidad de demanda de terreno que hacen las grandes multitiendas, los proyectos de oficina, inflacionan los precios de suelo, dado las magnitudes que se están cobrando por su uso y rentabilidad. El negocio inmobiliario no habitacional acapara y ¿qué le queda al otro sector inmobiliario? especializarse en renovación urbana, lo que significa que los departamentos sean un bien de lujo”, afirmó.

La mala planificación de las ciudades y la poca perspectiva a largo plazo de ciertas políticas habitacionales y urbanísticas han ofrecido un terreno fértil para que la población viva en condiciones precarias de habitabilidad.

Según los informes de Techo Chile, todos los años cerca de 2 mil familias se trasladan a vivir a sectores apartados, lugares que ofrecen ínfimas condiciones de dignidad en términos de vivienda y carencia de servicios básicos.