Una condena de entre 5 y 10 años de cárcel caería sobre el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, luego de que se acreditara su participación en el caso “Caravana de la Muerte”.

Según trascendió, el juez Mario Carroza estaría a días de dar a conocer la sentencia de primera instancia, ya que actualmente se encontraría en pleno proceso de redacción del fallo.

El abogado querellante, Cristián Cruz,  precisó que se debe partir con un piso, prisión efectiva de sobre los 10 años como autor, no solamente cómplice del secuestro y asesinato de 15 personas.

“Esperamos una pena no inferior al presidio mayor en su grado medio, esto es de 10 años y un día a 15 años, porque incluso si lo condenaran a 15, sería un año por cada una de las víctimas. Hace tres o cuatro años nadie veía al ex comandante en jefe procesado, menos acusado y mucho menos ad portas de una sentencia. Los familiares confiaron, nos dijeron que aquí hay un cheque que se llama democracia y justicia, y hemos venido ahora a cobrar el cheque, eso es lo que pretendemos y no vamos a aceptar menos que eso”, afirmó.

Los hechos ocurrieron en el ex Regimiento Arica de La Serena, el 16 de octubre de 1973, fecha en la cual fueron fusilados 15 prisioneros políticos, entre ellos, Manuel Marcarián Jamett, subdelegado de gobierno y padre del actual alcalde de Los Vilos.

El edil Manuel Marcarián, aunque valoró la eventual sentencia, cuestionó el eventual período de condena, ya que alertó, podría hasta cumplirla en su domicilio. Se refirió además al trabajo realizado por el círculo de protección con el que contaba Juan Emilio Cheyre, y que pretendía alejarlo de cualquier vinculación con el caso.

“Es realmente vergonzoso que durante tanto tiempo se haya protegido, y no sólo desde la derecha, sino que también desde la oposición, a personajes tan siniestros. Constatamos esto cuando Jorge Burgos era ministro de Interior y descabezó a toda la comisión de Derechos Humanos, abogados que trabajaban con nosotros, dejando lo realizado en cero. Veíamos también con desgano cuando el abogado defensor de Cheyre puso como testigo al otrora presidente Ricardo Lagos, cuando no había estado ni cerca de los hechos ocurridos en La Serena”, argumentó.

Para Ana Merino, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la región de Coquimbo, es el momento oportuno para que las Fuerzas Armadas “se desliguen del freno que han llevado voluntariamente por años en defensa de los violadores a los Derechos Humanos”.

La dirigenta precisó que los jóvenes oficiales y suboficiales no deben cargar con el peso histórico de defender moralmente a sus pares, la mayoría retirados, comprometidos, indicó, con crímenes de lesa humanidad.

La relación de Cheyre con la causa comenzó en junio de 2016, cuando dos víctimas de tortura lo identificaron como uno de los uniformados a cargo del Regimiento de Artillería N°2 Arica, lugar donde el 16 de octubre de 1973 arribó Sergio Arellano Stark, líder de la Caravana de la Muerte.

Ese grupo de militares -por órdenes de Augusto Pinochet- asesinó a 97 prisioneros en 16 ciudades. La acusación de Carroza asegura que 15 fueron fusilados sin juicio previo en La Serena.

Según la indagatoria al en ese entonces teniente Juan Emilio Cheyre, este era ayudante del jefe del regimiento, el teniente coronel Ariosto Lapostol, quien está acusado como autor de homicidios calificados.

Este lunes, Jorge Bofill, abogado del ex máximo representante del ejército, manifestó en un comunicado que “no es correcto señalar que el general (r) del ‘Nunca Más’ está siendo investigado desde el 2016. Fue también profusamente investigado antes de asumir el cargo de comandante en jefe del Ejército”.

Agregó que “respecto del caso Caravana de la Muerte, se le acusa de cómplice, pero concluyó que “Juan Emilio Cheyre no participó ni como autor, ni como cómplice, ni como encubridor”.