Jovita con voz firme irrumpe el silencio de la calle: “¿Ahora nos quieren quitar las casas?”, pregunta la mujer de 74 años al ver que fotografiaba su cuadra. Tres vecinas la acompañan, está afuera de su reja con la autoridad que la enviste su larga permanencia en el vecindario. “Nosotros no queremos ese edificio aquí, este es un barrio tranquilo y quizás en qué se va a convertir”, dice.
Rápidamente salen las tazas de café y un queque para dar paso a la conversación. Siete hijos y quince nietos componen el hogar de Jovita del Carmen, pero no todos viven en Santiago, es más, ella se casó por primera vez a los doce años en una localidad cercana a Imperial, en el sur de Chile. “Me casaron con un hombre de 35 años, no fue un buen matrimonio, pero Dios me premió con un hombre cristiano, mi segundo esposo”, relata la mujer.
“En realidad no tengo 74, sino que tengo ochenta. Antes a uno no la inscribían cuando nacía. Llevo casi cincuenta años viviendo en esta casa que mi marido se tomó en el año 1972, cuando estaba el presidente Salvador Allende. Eran casas para empleados fiscales y como nosotros no teníamos donde vivir, las tomamos”.
La vivienda de Jovita abarca unos 130 metros cuadrados, un antejardín y patio. Es una construcción de ladrillo y tejas que colinda con el inmueble en el que vive su hija; dice que la relación con los vecinos es buena, a excepción ños ocupantes de una de las casas aledañas, que hace fiestas hasta el amanecer. Gladys. la hija de Jovita, dice que su vecino no es malo, solo que sus amigos gritan demasiado.
A los minutos, las vecinas se pasan el dato y nos encontramos nuevamente en la reja en la esquina de Vía Láctea con El Comendador, justo frente al cierre perimetral del edificio que hoy amenaza con irrumpir en la villa.
La zona norte de Santiago se encuentra en una restructuración urbana, esto por un ensanchamiento de la Avenida Independencia producto del crecimiento demográfico que ha experimentado la ciudad en esa dirección. Por lo mismo, es que se encuentra en desarrollo la línea tres del metro que apunta a descomprimir los tiempos de viaje y a descongestionar la principal avenida del sector norte.
No todos los desarrollos urbanos son pensados en pro de los vecinos y este es el caso que han experimentado comunas como Estación Central, Cerro Navia y algunas zonas donde los vacíos en los planos reguladores han dado paso a la construcción de los llamados guetos verticales, grandes torres con departamentos pequeños sin espacios comunes que irrumpen la morfología de los barrios.
En Conchalí, específicamente en Avenida Fermín Vivaceta, entre las calles Parral y El Comendador, se tiene contemplada la construcción de cuatro torres de 12 pisos con 836 departamentos, 541 estacionamientos, 48 locales comerciales y un supermercado. Esto dentro de un barrio de casas de un piso que datan de los años setenta.
“Lo que hemos hecho es bien poco en realidad. Un grupo de vecinos nos reunimos con el alcalde y sostuvimos una conversación en la que nos contó que están llevando un juicio para no autorizar la construcción de este edificio”, comenta Roxana Ferrer, una de las vecinas que se arrimó a la reja de Jovita al calor de la conversación.
Roxana vive en el barrio hace más de cinco décadas, llegó a los siete años cuando sus padres se tomaron la casa en la que actualmente vive. La mujer de tono calmado, cuenta que “entre los vecinos que iban llegando a la población se ayudaban a pagar las cuotas que el Serviu les cobró después de la toma para entregarles sus títulos de dominio. Habían quienes a veces no tenían el dinero para las cuotas y las familias nos juntábamos, hacíamos almuerzos, onces, y entre todos encontrábamos la forma que nadie perdiera su casa”.
Esos hombres y mujeres que lucharon por el barrio en construcción hoy tienen entre setenta y ochenta años. Muchos han muerto y en otros casos han vendido sus viviendas, pero el barrio sigue teniendo una red de personas que conviven “y que incluso uno puede dejar a sus hijos encargados o las llaves de la casa para cuando salimos de vacaciones”, cuentan las vecinas.
La Villa en juicio con la inmobiliaria: La Corte decide
La Dirección de Obras Municipales rechazó el proyecto de la inmobiliaria Suksa en una segunda instancia, puesto que la cantidad de departamentos no calzaba con el de estacionamientos y esto hace que la iniciativa no cumpla con las bases para la construcción. La empresa llevó el caso a la Corte de Apelaciones, tribunal que falló en favor de la constructora. La Municipalidad llevó la causa a la Corte Suprema y es en ese trámite que se encuentra el futuro de la Villa el Comendador.
“Esta constructora no pensó en ningún momento en los vecinos, porque además de no tener los estacionamientos suficientes, la entrada de los camiones con la carga y descarga de productos del supermercado está por el pasaje, es decir, que afuera de nuestras casas vamos a tener filas de camiones día y noche. En este pasaje los niños juegan, sacamos a pasear a nuestras mascotas, salimos a barrer nuestra vereda. Esta construcción nos va a tapar el sol, yo desde mi casa veo la cordillera, todo eso lo pierdo”, plantea con desazón Roxana.
Según el arquitecto y especialista en Urbanismo de la Universidad de Chile, Jorge Inzulza, “existen instrumentos de planificación urbana, como la política de desarrollo urbano de 2014, están los planos reguladores y las normativas municipales. Entonces, existe un cuerpo normativo con lo que se podría pensar que estos procesos estar regulados. El problema no es que no existan instrumentos, sino que ellos entre sí no dialogan porque la política de desarrollo urbano es una gran carta magna, súper interesante, sin embargo, son solo premisas que cuando se intentan poner en práctica existe una distancia radical con lo planteado por las comunas”.
Justamente esa distancia es la que se genera en el caso de Conchalí, ya que el plano regulador recién está en revisión y el próximo año comenzará la discusión para que exista un proceso participativo de construcción. Mientras, según dice la concejala Grace Arcos, “ la comuna se encuentra de manos atadas”.
El arquitecto de la Universidad de Chile plantea que además no existe un objetivo de la ciudad que se pretende construir, ni menos un diálogo con la comunidad donde se emplazará el proyecto, lo que no permite una integración entre lo que se quiere desarrollar y la lógica de vida de los habitantes.
En este sentido, el experto en urbanismo explica “que los planes reguladores sean tan genéricos está pensado para que se cumpla con lo mínimo de la norma y las inmobiliarias tengan la libertad de hacer los proyectos que ellos determinen. Así, los especuladores sacan lápiz y hacen sus cuentas para rentabilizar el suelo lo más que se pueda”.
“Lo más nocivo en este proceso es que la gente se encuentra de la noche a la mañana con un proyecto que nació y que cumple con normas. Si le falta algo, se ajusta, pero no necesariamente responde a lo que los vecinos quieren como desarrollo de su barrio, de su ritmo de vida, y peor aún, que la cantidad de personas que van a vivir ahí genera una sobrecarga de uso del espacio que es fuerte. Claramente esto afecta a un barrio y ni hablar de las condiciones en las relaciones de vida”, profundiza el experto.
La realidad que comenzarán a vivir los vecinos de la Villa El Comendador, según el experto, podría detonar una sobresaturación de las calles, gente desagregada y una disminución del tejido social. Cuando en estas zonas, por el tipo de construcción que existe, se podría hacer una planificación de crecimiento que se pensara en una densidad media amigable con el barrio.
“En este barrio nos conocemos hace tanto tiempo, es muy tranquilo y bonito, las casas son cómodas, se puedes salir a jugar con los niños, a andar en bicicleta, jugamos acá afuera, es un lugar muy bueno para vivir. Llegando este edificio se nos echa a perder toda nuestra vida”, plantea Roxana, mientras se conversa sobre el futuro del vecindario.
La Inmobiliaria Suksa, en su página web, propone sus departamentos como una posibilidad de inversión más que de vivienda definitiva. En este sentido, lo que plantea es que se compren los inmuebles para ser arrendados, puesto que las dimensiones van desde los 15 a los 50 metros cuadrados, espacios que según puntualiza el urbanista Jorge Inzulza, precarizan la vida.
Estas grandes inversiones que hoy mantienen a la municipalidad en jaque y sin poder determinar la forma de crecimiento de la comuna, acrecientan la desazón de los vecinos que ni siquiera quieren organizarse. “La gente está cansada del gigante que aplasta a los enanos, que el que tiene más plata se come al que no la tiene. ¿Qué vamos a sacar nosotros, si no somos nada? Somos gente de trabajo, esforzada, que si no trabajamos no comemos”, reflexiona Roxana Ferrer.
“Hoy, si la Corte Suprema falla en favor de la empresa, la municipalidad está obligada a responder favorablemente a la inmobiliaria. Las leyes son garantistas ante las empresas inmobiliarias, que es un negocio; se le da gusto a la empresa y los municipios están atados de manos. La salida, a largo plazo, es la modificación del plano regulador”, señala la concejala de Conchalí, Grace Arcos, una de las autoridades en quien la comunidad de la Villa El Comendador ha entregado su confianza.
“Ese tipo de proyectos es un prototipo de gentrificación actual, es decir, es una forma que tiene una clase social de desplazar a otra de su territorio. El hecho que se cambie la forma de vida por un modelo de arrendamiento, hace que el barrio pierda arraigo, no tenga permanencia en el tiempo, la gente no va construyendo redes, al contrario, el barrio se convierte en desechable. Esto tiene distintos tipos de consecuencias y los efectos culturales no siempre se discuten y ahí está el problema, porque se pierden las redes, la gente se encierra y se aísla, pierde la gestión y el desarrollo comunitario”, sentencia el arquitecto Inzulza.
Las vecinas de la Villa El Comendador planean rayar el perímetro puesto por la inmobiliaria que, además de ser una gran muralla, tiene cerco eléctrico para que nadie ose penetrarlo. Se quedaron conversando sobre sus próximos pasos para hacer frente a esta constructora que, como en Estación Central e Independencia, encontró en el plan regulador de Conchalí los vacíos legales para maximizar sus ganancias a costa de la calidad de vida en los barrios.