A pesar de que este martes se definirían los siguientes pasos de la indagatoria, el escenario se mantiene incierto, más aún cuando se considerarían todavía ciertos espacios para negociaciones de salidas alternativas a un juicio oral.

Recordemos que en febrero pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió confirmar la suspensión condicional de la causa por cohecho que enfrentaba la empresa SQM. La minera pagará más de 2 mil millones y la salida alternativa contempla un informe de cumplimiento de normas anti corrupción.

Luego de las variadas críticas producto del tratamiento de la causa SQM, Gómez defendió en enero la decisión y aseguró que el fundamento de ésta es la mejor protección de los intereses fiscales.

Mientras sigue adelante la investigación que involucra a políticos, el accionar de SQM sigue en la agenda pública. ¿Por qué? El acuerdo entre CORFO y SQM por el litio.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, llamó a tomar medidas concretas en esta materia.

“Pero estamos hablando de un listado de los distitntos sectores políticos. Yo me quedaria con que hoy hay alguien que en Chile no se pronuncia y este tema no se analiza, no se le dice al país lo que está pensando ni qué alternativa está observando. Yo me dirigiria y encararía al presidente de la república. El presidente de la república ha guardado un silencio absoluto en un tema tan profundo como este”, dijo el parlamentario.

Luego de la polémica, finalmente se desestimó la asesoría de Julio Ponce a la compañía. Esto bajaría la presión política al gobierno, sin embargo, durante estos días se suman voces parlamentarias y de partidos políticos que apoyan que la compañía explotadora de litio vuelva a ser administrada por el Estado.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, Velásquez recordó la salida alternativa de SQM en la acusación de cohecho. “Llega a acuerdo (el fiscal Gómez) y deja un camino libre para que (la empresa) llegue a un acuerdo con Corfo” lamentó el también ex alcalde de Calama.

“Si hubierse estado, entre comillas, manchada con los tribunales, probablemente en razón de sus acuerdos y tratados internacionales que firma Chile y además un país OCDE, no hubierse podido ser posible un contrato de este tipo, por eso digo que todo esto que es de fondo se ha intentado con una cortina de humo distraer la atención con la incorporación de Ponce Lerou”, profundizó Velásquez.

Mientras el panorama judicial sigue su curso por el acuerdo entre CORFO y SAM, el viernes pasado se iniciaron los alegatos por el recurso de protección del Consejo de Pueblos Atacameños.

El presidente del Consejo, Manuel Salvatierra, cuestionó en radio Juan Gómez Millas que la autoridad considere otras prioridades.

“Creo que aquí se ha actuado de forma irresponsable porque acá la única preocupación del estado es el desarrollo del país, pero no ha tenido presente los costos que involucra el desarrollo. El cuestionamiento es la poca seriedad que se le ha dado al tema medioambiental en este caso”, expresó Salvatierra.

Ante la Corte de Apelaciones, pidieron que el Estado de Chile cumpla con el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta indígena frente a la extracción de recursos naturales en territorios ancestrales de los pueblos originarios.

Juicio oral: el defile de la política

Este martes 26 de junio se desarrollará la audiencia donde se discutirá el futuro de la investigación del caso Soquimich. El fiscal Pablo Gómez confirmó que está preparado para el cierre de la indagatoria y pidió agrupar en una sola causa a todos los formalizados.

El viernes pasado, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó la reformalización por delitos tributarios del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse; el ex asesor de Marco Enríquez Ominami, Cristián Wagner; y del militante DC, Marcelo Rozas.

En este contexto, Gómez adelantó que esta semana no solicitará un aumento en el plazo de la investigación.

“El martes el tribunal ha fijado una audiencia y se va a oir a la defensa y al ministerio público y en ese acto se va a tomar una decisión y conforme a eso nosotros vamos a actuar. Las defensas podrían pedir reapertura si se cierra, pero nosotros estamos en condicones de presentar las acusaciones en un plazo de diez días”, adelantó el fiscal.

 El persecutor agregó que “la idea es poder hacer una sola acusación, de tal manera de hacer un solo juicio oral”.

Además de Contesse, aparecen otras figuras políticas: Pablo Longueira, el ex senador Fulvio Rossi, el parlamentario (DC) Jorge Pizarro, el ex abanderado presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami, y el exembajador DC Marcelo Rozas. Se pediría el desafuero de Pizarro durante las próximas semanas.

Según publicó La Tercera también familiares de políticos, entre ellos, el hijo del diputado DC Roberto León, Roberto León Araya, y el hijo del senador Pizarro, Sebastián Pizarro. Otros formalizados corresponden a ex colaboradores de políticos: Cristián Warner, la ex asesora Mariela Molina (Rossi), el extesorero del PPD Luis Matte, y la ex jefa de gabinete Carmen Luz Valdivieso (Longueria).

El Ministerio Público llevaría a juicio oral a 18 personas en el marco del caso SQM. Sin embargo, mientras el fiscal estaría listo para presentar la acusación contra los formalizados, la empresa se mantiene en la mira por el acuerdo que alcanzó con CORFO.