Luego de anunciarse el retiro del proyecto, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aseguró que estos serán incluidos en el proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, su creación aún está en trámite en el Congreso y no se ha definido la jerarquía que tendrá la institución ante otros cuerpos legales que regulan inversiones, como lo son proyectos mineros o concesiones eléctricas.

Por ahora, los más de 24 mil glaciares del país, que en total abarcan cerca de 23.641 km2 de superficie, no cuentan con ninguna política pública que regule de forma concreta su cuidado, mantención y protección para evitar que puedan ser vulnerados por proyectos extractivitas.

Desde la ONG Greenpeace fueron enfáticos en rechazar el proyecto desde que este sufrió indicaciones que desviaron su intención de protección inicial, pues consideraban que los cambios aplicados ya no aseguraban la conservación de los glaciares.

Esta acusación fue reafirmada también por la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues ambas instituciones habían manifestado que de aprobarse la ley esta permitiría su explotación.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Estefanía González, coordinadora de océanos de Greenpeace, comentó que luego de este apropiado retiro se debe hacer pronto una nueva política pública, pero incluyendo a la comunidad.

Además, señaló que un nuevo proyecto debe hacerse cargo de los daños que está generando la minería a estas reservas de agua: “Cuando uno propone medidas de protección no nacen porque sí, es porque hay una amenaza inminente que genera un peligro de destrucción en las zonas, como el caso de la minería en el norte del país (…) Hoy cualquier proyecto se debe hacer cargo de esa amenaza que significa la minería en el norte, cualquier tipo de proyecto que no nazca desde ahí, que no sea consultado, no va a tener ningún tipo de beneficio para el medio ambiente ni para quienes están afectados”.

Por otra parte, señaló que se debe estar atentos a la inclusión de los glaciares en el proyecto de ley sobre el Servicio de Biodiversidad, porque si bien se ha ofrecido su incorporación, esta medida sigue paralizada por presentar cientos de indicaciones a su documento original.

Respecto al panorama a nivel político, González aseguró que, si bien el gobierno actual está trabajando bajo una agenda pro inversión, la protección del medio ambiente no ha sido prioridad para ningún gobierno anterior, por lo que el problema no radica solo en el mandato actual, sino que ha sido continuado en el tiempo. Por esto, manifestó que es vital que las comunidades se sigan haciendo escuchar para poder proteger sus territorios.

El glaciólogo de la Universidad de Chile, Fernando Ferrando, también se manifestó a favor del retiro del proyecto y afirmó que se debe generar otro pero, que esta vez, incluya algo más que solo a los glaciares, pues el entorno que los rodea también es muy importante de preservar.

Sobre un nuevo proyecto de protección, Ferrando afirmó que este debe dejar de distinguir entre ciertas reservas estratégicas u otras, pues todas deben serlo y, por lo tanto, todos los glaciares deben estar protegidos. En ese contexto, afirmó que se debe incluir el cuidado de los entornos y ecosistemas que dependen de los glaciares, pues todo en su conjunto es lo que garantiza el correcto funcionamiento del medio.

El académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo indicó que bajo el contexto medioambiental que enfrenta el mundo hoy, estas reservas de agua podrían ser claves si se continua con la sequía que se viene desarrollando hasta ahora.

“Estamos en un contexto climático global en que las reservas de agua se transforman en una zona estratégica para todo el mundo, y proteger los glaciares significa tener un regulador natural de los suministros de agua a los sistemas naturales”, aseguró, agregando que su mantención garantiza la disponibilidad de recursos cuando no hay agua o se desarrollan periodos de sequía.

Por su parte, ante la posibilidad de crear políticas de protección, las organizaciones mineras han sido críticas, argumentando que esto podría imposibilitar la tarea de la minera, perjudicando así la actividad económica del país.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, manifestó que de concretarse una ley esto no sería así, y que los reclamos solo responden al deseo de las organizaciones mineras de seguir actuando libremente, pero aseguró que no se puede seguir en la misma dirección que hasta ahora.

Según comentó, el sector minero está acostumbrado a tener libertad de acción sobre los territorios y, aunque una ley de protección podría limitar cierta parte de la minería, esto no acabaría de ninguna forma con ella, por lo que los argumentos empleados no deben sobreponerse a los de las comunidades que buscan mejorar las políticas actuales.

“Yo creo que estamos en una situación donde el país debe recuperar poder de decisión para decir que en estas zonas no se puede desarrollar minería y eso es lo que debemos hacer prevalecer, donde los ciudadanos y los territorios vayan teniendo más poder de decisión en esas legislaciones”, comentó, agregando que de no hacer algo frente a la situación actual “estamos hipotecando las posibilidades de vida de mucha gente en el futuro”.

Además, aseguró que de concretarse el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, este debe garantizar la inclusión de todos los glaciares y no solo de los que estén presentes en parques nacionales o ciertos territorios, como pensaba hacerlo la ley recientemente retirada.