El nuevo protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales sigue provocando reacciones en diversos sectores políticos del país.

Recientemente, el Gobierno presentó una nueva reglamentación que acota la objeción de conciencia institucional a aquellas entidades de salud privadas que no mantengan convenios con el Estado en prestaciones gineco-obstétricas, y establece sanciones económicas ante el incumplimiento.

En Renovación Nacional acordaron que oficiarán al contralor general Jorge Bermúdez para que aclare los alcances del dictamen y si este afectaría a otros órganos intermedios, además de las clínicas privadas.

En tanto desde la UDI, apoyados por varios parlamentarios de RN, recurrirán al Tribunal Constitucional para bloquear el nuevo protocolo.

Ante este escenario, senadores del Partido Socialista criticaron la postura de una parte de Chile Vamos.

La senadora Isabel Allende indicó que defenderán la iniciativa hecha ley debido a una mayoritaria aprobación y de manera democrática.

“Nos parece que la UDI está negando una ley que se aprobó democráticamente. Está negando el derecho a las mujeres de tomar una decisión y es una falta de respeto a una mayoría clara que se manifestó en este Parlamento”, afirmó.

Al respecto, el senador y presidente PS Álvaro Elizalde, reiteró su compromiso “irrestricto” con las mujeres.

“Lamentamos que el compromiso de la UDI con las mujeres durara menos de un mes. Hoy demuestran su verdadera cara, porque no están dispuestos a cumplir una ley aprobada en el Congreso y que consagra derechos importantes. No creen en los derechos de las mujeres, no creen en la democracia”, subrayó.

El protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto tres causales fue aprobado durante el gobierno de Michelle Bachelet, sin embargo, después de la llegada de Piñera, el ministro de Salud Emilio Santelices modificó el reglamento. Posteriormente, la alteración fue rechazada por la Contraloría General de la República, estableciendo que los servicios públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, al igual que los centros privados que reciban dineros del Estado. El viernes pasado el ejecutivo acató lo determinado por el órgano fiscalizador y repuso la disposición establecida durante la primera administración de la Presidenta Bachelet.