La construcción del Camino Estancia Yendegaia es una obra que se encuentra en desarrollo con la que se pretende unir el norte de Tierra del Fuego con el Canal Beagle. Este desarrollo vial ha traído consecuencias para el patrimonio arqueológico principalmente debido a la falta de fiscalización.

Aun cuando en la línea de base arqueológica del proyecto se especificaba que, “si durante la etapa de construcción se encontraren elementos o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, se aplicará un plan de contingencia que incluye la paralización de las obras y el titular (empresa constructora) procederá a dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales y a Carabineros”.

Con este argumento y conociendo la realidad desde dentro de la faena Roberto Retamal, Ingeniero en Medio ambiente y biólogo marino  presentó una denuncia ante el Consejo de Monumentos Nacionales donde afirmaba que  la construcción del Camino Estancia Vicuña Yendegaia ha provocado daños irreversibles en los vestigios de viviendas de pozo, propias de la cultura yagán, y en los conchales (cúmulo de conchas, huesos, instrumentos alfareros y de pesca realizado por comunidades humanas).

Dicha denuncia tiene su constatación en el informe de auditoría 924/2017 de Contraloría General de la República de fecha 29 de diciembre de 2017 donde se da cuenta de una serie de irregularidades legales del proyecto respecto a su incidencia e impacto en los sitios arqueológicos de alta sensibilidad que existen en este sector de Tierra del Fuego.

En la página ocho del informe de la inspección antes nombrada se da cuenta del incumplimiento en el resguardo de monumentos nacionales incumpliéndose el artículo 26 de la ley 17.288 y se ordena iniciar un procedimiento disciplinario.

Lo complejo es que en este mismo documento emitido por el ente fiscalizador se ordena que el responsable de la destrucción de los sitios arqueológicos inicie un procedimiento de investigación, cuando son estos los que no tomaron las precauciones para proteger el patrimonio del sector.

Asimismo, en la página once del mismo informe se da cuenta de un deficiente resguardo al patrimonio cultural e incumplimiento del plan de manejo arquelogico en la construcción del camino Vicuña-Yendegaia.

En esta misma, línea entre el 27 de noviembre y el 19 de diciembre de 2017 se ingresaron otras cinco denuncias a contraloría general de la república por afectación al patrimonio cultural en Yendegaia, sobre las que  aún no ha habido respuesta formal del organismo.

De la misma forma, Roberto Retamal denunció al Ministerio de Obras Públicas, ejecutor del proyecto, ante el gobernador de Magallanes, Nicolás Cogler, por infracción a la ley 17.288 , de Monumentos Nacionales. La autoridad se declaró incompetente y  derivó la denuncia al gobernador de la provincia de Antártica, Juan José Arcos, quien tampoco tomó las acciones pertinentes frente al caso.

Aun cuando estas afectaciones se produjeron durante los meses de enero a marzo de 2017, ninguno de los profesionales a cargo de la revisión arqueológica por parte de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas denunció la destrucción del patrimonio al Consejo de Monumentos Nacionales.

El reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas y paleontológicas  advierte que “las personas naturales o jurídicas que al hacer prospecciones y/o excavaciones en cualquier punto del territorio nacional y con cualquier finalidad encontraran ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter arqueológico, antropológico o paleontológico, están obligadas a denunciar de inmediato el descubrimiento al gobernador provincial, quien ordenará a Carabineros que se haga responsable de su vigilancia hasta que el Consejo de Monumentos Nacional se haga cargo de él”.

En marzo de 2017 se hicieron las denuncias de daños a cuatro yacimientos arqueológicos ante el Consejo de Monumentos Nacionales, sin embargo la construcción del camino no se ha detenido, aun cuando se está desarrollando en un área de alta sensibilidad arqueológica al interior de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos.

Aunque los arqueólogos del proyecto debían contar con el permiso para hacer prospecciones y pozos de sondeo de modo de analizar el terreno a intervenir, dichas excavaciones nunca fueron solicitadas al Consejo de Monumentos Nacionales, ni realizadas por el Ministerio de Obras Publicas ni el Cuerpo Militar del Trabajo según información obtenida por Roberto Retamal vía Ley de Transparencia.

Por otra parte, el ingeniero ambiental  denunció ante Conaf “el uso de tronaduras en el lugar que están autorizadas para abrirse paso en el camino, pero que a veces se realizaban a tal nivel que parecía una guerra y todo el material que surgía producto de la explosión caía fuera de la faja de complementación del camino dañando árboles que forman parte de  bosques que no están autorizados para su afectación”

Más denuncias 

 En mayo pasado, el ingeniero en prevención de riesgos, Roberto Águila denunció ante el Ministerio Público en Punta Arenas que las obras de la senda de penetración se ejecutaron directamente sobre áreas de ocupación indígena yagán, afectando la reserva de la biósfera decretada por la Unesco donde se emplaza el Parque Nacional Yendegaia, que ademas es un espacio protegido por la Ley Indígena.

Asimismo, Águila denunció la destrucción de castoreras empleando material explosivo, en un área fuera de la zona de trabajo y en dirección al límite fronterizo con Argentina.

El Consejo de Monumentos Nacionales fue contactado por Radio y Diario Universidad de Chile para que explicara las medidas que se tomarán frente a la evidente destrucción del patrimonio arqueológico producto de la construcción del camino Vicuña-Yendegaia, sin embargo, hasta el cierre de esta edición la repartición del Ministerio de Educación no se había referido al tema.