Autoridades de la Universidad de Chile se reunieron este martes con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, al que entregaron una propuesta de normativa que modifica el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios N°518, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los cánones a la integridad de las culturas indígenas del país.

La iniciativa se realiza en el contexto de la crítica situación que debió enfrentar el machi Celestino Córdova, quien solo luego de dos huelgas de hambre -la primera de más de 100 días- pudo lograr que el Gobierno accediera a su petición de poder salir de la cárcel de Temuco por 48 horas para realizar la ceremonia de renovación de su rewe.

En la visita estuvieron presentes el rector de nuestra casa de estudios, Ennio Vivaldi; la directora subrogante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas; y el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza.

El máximo representante de nuestra casa de estudios destacó la labor realizada por nuestra institución académica, indicando que por años ha tenido grupos de estudios comprometidos con temas relativos a derechos de los pueblos indígenas del país.

Ennio Vivaldi aprovechó la oportunidad para manifestar su satisfacción por el desenlace que tuvo la prolongada petición del machi Celestino Córdova, para salir momentáneamente de la cárcel y renovar su rewe.

La confección de la propuesta la encabezó la directora subrogante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas.

La académica del Departamento de Ciencias Penales recalcó que el objetivo del documento es velar por el acatamiento de los derechos a la integridad de las culturas indígenas, incluso, cuando las personas se encuentren privadas de libertad, ajustándose así a estándares internacionales de Derechos Humanos.

“Pretende considerar de manera transversal todo lo que es el respeto a los pueblos originarios, a los derechos, costumbres y al derecho consuetudinario de los pueblos originarios, a su identidad cultural y sus respectivas cosmovisiones en los principios, así como en los recintos penitenciarios, en los permisos de salida y en la aplicación de sanciones. En ese sentido, la propuesta, desde el momento que abarca un tema indígena, tiene que ser consultada a los pueblos indígenas, sin embargo, creo que eso no impide que desde ya el propio estado pueda comenzar una interpretación de toda su normativa penitenciaria en orden a respetar estos mismos derechos”, subrayó.

Actualmente la legislación penitenciaria nacional se basa en reglamentos, lo que para el Derecho Internacional representa una infracción en el principio de legalidad, ya que las limitaciones de derechos de las personas presas son decididas finalmente por autoridades administrativas y no por el Congreso. Además, no da espacio a las necesidades especiales de grupos minoritarios al interior de las prisiones, como son, por ejemplo, las y los internos pertenecientes a comunidades indígenas.

Al respecto, el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, agradeció también a las instituciones que permitieron que se pudiera concretar la visita del machi Celestino Córdoba a su rewe.

“El hecho testimonia el respeto que debe tener nuestro país con la cultura y cosmovisión diferentes que tienen los pueblos originarios. Este es el primer paso, a través de modificaciones a estos reglamentos que efectivamente permitan que tengamos un trato igualitario en términos de equidad. En las próximas semanas creo que podremos seguir avanzando en la concreción de medidas que permitan que los pueblos originarios tengan igualdad de acceso a la salud y a otros derechos que todos los demás chilenos tenemos”, argumentó.

El documento normativo que modifica el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios es respaldado por los premios nacionales Humberto Maturana y Héctor Noguera; las diputadas Carmen Hertz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, y Emilia Nuyado, también integrante de dicha instancia parlamentaria; la presidenta del Colegio Médico, la doctora Izkia Siches y el sacerdote jesuita Felipe Berríos.

Al finalizar la reunión, el ministro Larraín destacó que la propuesta puede “constituir una base de trabajo que, con otros antecedentes y elementos de juicio que se puedan recoger de la propia institución, de gendarmería y desde otras partes que puedan querer colaborar en este proceso, podamos llegar a una modificación en este aspecto de más largo alcance”.