A contracorriente de la idea de la “sequía legislativa”, estos meses de nuevos gobierno y parlamento se han caracterizado por la tramitación frenética de tratados de libre comercio. Solo esta semana está agendada para votación en sala del Senado el TLC con Uruguay el martes, el TLC con Argentina en la sala de la Cámara el miércoles y los TLC con China (Hong Kong) e Indonesia el jueves en la misma instancia.

No estamos hablando entonces de una mera suma de tratados, sino de una política macro de Estado que concibe la inserción nacional sobre la base de este tipo de acuerdos. Los proyectos que ahora vota el Congreso fueron firmados por el gobierno anterior y en las instancias previas han sido aprobados por la mayoría de los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría.

Cada uno de estos tratados se consagran en largos textos, de cientos de páginas, que establecen referencias y compromisos en una serie de materias estructurales y sectoriales por parte del país. Algunos de ellos se han resuelto en una sola sesión, o a lo sumo dos, en las comisiones respectivas, sin que hayan sido acompañados por estudios de impacto ni por la participación de la sociedad civil, salvo un par de audiencias de última hora que más bien han parecido una coartada para que no se acuse de falta de inclusión ciudadana.

En estos meses, hemos advertido una preocupante y generalizada desaprensión de los parlamentarios al ponderar estos tratados. Se les tiende a ver proyecto a proyecto, y no en su interrelación y alcances estructurales. Se tiende a considerar la participación de los sectores críticos y potencialmente afectados como un adorno y no como un requisito indispensable para legislar bien. Se considera poco el marco geopolítico en el cual estos tratados se promueven y el modo en que con ellos Chile se mueve en el mundo cual pieza de ajedrez, no plenamente por sí mismo, sino al menos en parte movido por otros intereses. En resumen, las preguntas sobre por qué y para qué firmar tratados de libre comercio no ha sido suficientemente contestada.

Y aquí estamos, con cuatro TLC en el Congreso en una sola semana. Respecto al tratado con Uruguay, el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre afirmó a Radio Universidad de Chile que “profundiza el modelo neoliberal”. Esta afirmación es respaldada por muchos expertos que afirman que estos acuerdos, especialmente los llamados de última generación, en lo esencial ya no regulan el comercio, sino que determinan las reglas del juego. En particular, dando garantías a los inversionistas y llevando a tribunales internacionales eventuales reformas de los países en ámbitos como el medioambiente, los derechos laborales o la estructura tributaria. Más mercado y menos Estado, más privatización y menos espacio público, en forma de tratado.

Respecto a la actualización del TLC con Canadá, el economista Julián Alcayaga afirma que echa por tierra la bandera de la nacionalización del cobre, puesto que impide una política de este tipo con mineras de ese país, que es el principal inversor sectorial en Chile.

Respecto al TLC con Argentina, la experta Luciana Ghiotto afirma que “es un tratado que solamente trata aspectos regulatorios en áreas económicas claves, en favor de los inversores, pero que no avanza en temas propiamente comerciales”.

Y así podríamos seguir. Pero estos argumentos no han sido considerados casi transversalmente por el Parlamento.

Es probable que en el futuro se comprenda mejor el error que entraña esta manera de legislar, pero ya será demasiado tarde. Los Tratados de Libre Comercio son mucho más que tratados sobre el comercio entre países. En realidad avanzan en la desregulación y liberalización de actividades económicas que antes han estado en manos de los Estados, como los servicios públicos, la educación, la salud, el sistema de pensiones y otros. Como, a diferencia del resto del continente, Chile ya inició radicalmente este camino antes, las huellas son hoy menos notorias.

En resumen, primero, los TLC no se tratan sólo de comercio, sino de temas regulatorios. Los temas centrales bajo el envoltorio: servicios, propiedad intelectual, inversiones, todo lo cual implica afectación de la normativa vigente. Segundo, los TLC tienen a perpetuar las economías primarias, como la nuestra, haciendo que los países se especialicen en el sector extractivista o a lo sumo en servicios. Adiós a la industria, que es la más intensiva en mano de obra. Y tercero, estas decisiones están siendo tomadas sin estudios de impacto que puedan explicar cómo las nuevas regulaciones impactarán sobre el medio ambiente, las comunidades, los derechos laborales y los derechos humanos en general.

Los TLC son, por lo tanto, una herramienta legal que consolida el rol del interés privado en nuestras actividades productivas y sociales cotidianas, poniendo sus derechos por encima de los de los ciudadanos individualmente u organizados políticamente, quienes son, casi sin darse cuenta, relegados gradualmente a ser meros “consumidores” o “usuarios”. Sin derechos.