El pasado lunes, el Presidente Sebastián Piñera presentó el Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo para La Araucanía, proyecto que contempla 491 iniciativas de inversión pública y una inyección aproximada de ocho mil millones de dólares para la zona.

A través de esta propuesta, el Ejecutivo planea construir diez liceos Bicentenarios en la región. Al mismo tiempo, apuesta por la creación de una ley de cuotas en el Congreso para los pueblos originarios.

Frente a ello, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, en conversación con el programa Radioanálisis, manifestó que el proyecto, pese a dar cuenta de un interés del gobierno por La Araucanía, es una política “gris” para la región.

“En este caso hay un mandato de un Presidente y eso es justo reconocerlo, porque si uno quisiera hacer un contraste con el periodo anterior, hubo una dejación del tema, una evitación, un aborto del tema”, dijo el académico.

“Ahora bien, es una escenificación cuidadosamente organizada, porque en el fondo hay una repetición de las mismas vías, los mismos patrones que han determinado el fracaso de las políticas indígenas desde el comienzo de la transición. No hay una continuidad de los buenos esfuerzos, sino de los aspectos más grises de las administraciones anteriores”, añadió.

Para el abogado, el Plan “no es novedoso”, sino un proyecto que busca capitalizar la zona: “el grueso de esto es una colocación de inversiones con rasgos extractivistas”.

“Acá una de las principales medidas del Plan consiste en debilitar la protección que tiene la Ley Indígena para las tierras en el sentido de permitir su gravamen y así permitir su división. El enfoque es hagamos que los mapuches hagan rendir lo que tienen, es decir, su tierra colectiva para que se pueda dividir o arrendar”, insistió el jurista.

En esa línea, el académico señaló que el plan no solo vulnerará el derecho y la protección de las tierras ancestrales, sino que también traería “más empobrecimiento” a la región.

Por ello, afirmó que detrás del proyecto existen, por ejemplo, “intereses de las inmobiliarias” que intentan construir en tierras indígenas “viviendas sociales”. También señaló que hoy las empresas frutales se encuentran en alerta para conseguir terrenos en la zona.

De acuerdo a ello, manifestó que este tipo de política vulnera las garantías que ofrece el Convenio 169 en virtud de que las tierras indígenas son inalienables. “Los indígenas no pueden existir sin su territorio, porque hay un vínculo especial con la tierra, un vínculo de índole espiritual y no economicista”, puntualizó.