El caso de Isidora González y las dificultades de la Ley de Femicidios
La joven de 23 años fue asesinada hace un año por su pareja, y aunque en el juicio la defensa del imputado intentó desestimar la convivencia para descartar el femicidio, el Tribunal Oral de Melipilla lo declaró culpable y decretó para él la pena de presidio perpetuo calificado. A pesar de la condena la dificultad de tipificar estos casos sigue vigente, pues la ley establece que este delito solo se remite a relaciones oficiales y no a todos los casos de violencia contra las mujeres.
Andrea Bustos C.
Sábado 6 de octubre 2018 14:48 hrs.
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“Se condena al acusado Guillermo Fabián Atenas Cornejo, ya individualizado, a sufrir la pena de Presidio Perpetuo Calificado y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del condenado”.
Esa fue la decisión adoptada por el Tribunal Oral en lo penal de Melipilla por el caso de Isidora González, quien falleció en agosto de 2017 en manos de su pareja y conviviente, Guillermo Atenas. La joven punk era oriunda de Concepción, pero había llegado a vivir a Melipilla a mediados de 2017. Ahí tenía un grupo de amigos con los que se frecuentaba, los que fueron claves en el juicio para poder acreditar su relación y convivencia con quien fue su asesino.
Antes que se conociera el femicidio de la joven, su familia había presentado una denuncia por presunta desgracia, pues, aunque la comunicación con Isidora, o “Dorito” como la llamaban, era esporádica, ya había pasado casi un mes desde la última información oficial que habían tenido de ella. La búsqueda terminó cuando Isidora apareció muerta y con sus extremidades cercenadas en el sector de Huenchún, en Melipilla.
El caso de Isidora generó un movimiento social impulsado por su familia y amigos, agrupación que bajo el nombre de “Justicia para Dorito” ha pintado murales, realizado velatones y levantado manifestaciones cada vez que se han realizado audiencias en el Tribunal. Para concretar estas acciones se han unido personas tanto de Concepción como de Melipilla, pudiendo concretar actividades en ambas comunas para visibilizar y exigir la justicia que tanto esperaban.
Mural en homenaje a Isidora
Durante el juicio, la defensa constantemente argumentó que la joven no mantenía un domicilio fijo, que había tenido varias parejas en el último tiempo y que la relación entre ella y el victimario era muy superficial. Sin embargo, una publicación y conversación de Facebook, declaraciones de testigos y la presencia de algunas pertenencias de la joven en la pieza que pagaba Atenas permitieron establecer el vínculo y convertir el caso legalmente en un femicidio.
Lectura de sentencia. TOP de Melipilla
Tras la exhibición de distintas pruebas que desestimaban la versión de Guillermo Atenas y comprobaban el vínculo de pareja entre ambos, el Tribunal declaró al imputado culpable de femicidio, y durante este jueves 4 de octubre se dio a conocer su condena: presidio perpetuo calificado.
La noticia alegró a la familia de Isidora y también a sus cercanos, quienes al oír la decisión de inmediato esbozaron gestos y palabras de alegría. Sin embargo, el caso dio cuenta, una vez más, de que la ley es acotada para hechos de este tipo, donde la convivencia no es el eje de la relación o es de carácter esporádica, lo que pone en duda la aplicación del delito de femicidio.
Karem Rojas, madre de Isidora, dijo estar feliz y comentó que con la situación ha notado que las leyes deben ser modernizadas en función de las formas de vida actuales. Por su parte, Rayén González, hermana de Isidora, dijo que “la violencia a las mujeres se da en todos lados y de muchas formas y la ley te pide que estés casada y la gente joven hoy no se casa, entonces tienes que luchar para demostrar una relación. Es urgente que se haga un cambio”
En el fallo redactado por el juez Mauricio Cuevas, se incluyó información respecto de la discusión que existe en nuestro país frente a las decisiones en casos como estos, donde se debe determinar la existencia o no de una convivencia. Ahí se hace mención de la tipificación jurídica de convivencia en el Código Penal, y también a los criterios que se discutieron para la aprobación de la Ley de Femicidios. En la Comisión Mixta la entonces diputada, hoy senadora PPD, Adriana Muñoz, ya adelantaba la necesidad de que el Estado se haga cargo de garantizar justicia para este tipo de delitos de forma trasversal.
Según indica el fallo, en la instancia, Muñoz indicó que “el Estado en su conjunto ha sido tolerante con el asesinato de mujeres, lo que se traduce, por ejemplo, en la existencia de algunas interpretaciones, que le parecen lamentables, por parte de los tribunales, respecto de lo que ha de entenderse por convivencia, cuyo efecto más significativo, para no hablar de propósito, es que los culpables de homicidios contra mujeres no sean calificados como parricidas sino que simples homicidas, exceptuándolos por esa vía de la aplicación de la penalidad que, según la ley, les correspondería”.
Casos de este tipo, en que las partes querellantes deben buscar exhaustivamente pruebas que den cuenta de una relación sentimental y de convivencia para poder garantizar que se juzgue por este delito se repiten constantemente en la justicia chilena, pues hasta ahora la Ley de Femicidios indica que “si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio”. Definición que deja fuera a las relaciones de pololeo, los vínculos extraoficiales, o cualquier otro asesinato que se haga en el marco de la violencia de género, situación que ha mantenido preocupadas a las organizaciones feministas y también a diversos actores políticos, los que buscan mejorar la tipificación del delito.
La necesidad de ampliar la ley de acuerdo a la realidad actual
El pasado 11 de junio se conoció el doble femicidio de Gabriela Alcaíno y su madre Carolina Donoso, quienes fueron asesinadas por ex pololo de la joven. Con el caso se hizo evidente la necesidad de ampliar la ley, pues el autor de los hechos solo podía ser formalizado por doble homicidio y no por femicidio, ya que no existía convivencia.
A partir de este hecho es que varios parlamentarios ingresaron a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Gabriela, que busca ampliar el delito de femicidio a cualquier persona que, con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género, mate a una mujer”. A casi tres meses del ingreso de dicha iniciativa la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados aprobó en general esta iniciativa, y ahora se dará inicio a su revisión en particular para poder seguir avanzando y concretar cuanto antes su aprobación.
La presidenta de la Comisión, la diputada PPD Loreto Carvajal conversó con nuestro medio sobre esta aprobación y señaló que es un primer paso muy importante, pues “al tener este marco jurídico no tendríamos que dejar cabida a que se cuestione o se restrinja como ocurre hoy al ámbito de la violencia intrafamiliar o la convivencia con el asesino. Yo creo que ahí justamente cobra relevancia este proyecto. (…) Con esa tipificación, nos evitaríamos esta discusión previa de si entenderla en el contexto de Violencia Intrafamiliar, si es pareja o no es pareja”.
Además, la diputada dijo que ha mantenido conversaciones con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá,quien le ha manifestado la voluntad del gobierno de abordar y aprobar este proyecto con una mirada que incluya esta ampliación de delito.
Desde Corporación Humanas, la abogada Camila Maturana señaló que, si bien apoyan esta iniciativa, la aprobación de la ley no soluciona el problema de fondo, sino que nuestro país debe trabajar en un cuerpo legal que enfrente la violencia de forma trasversal desde la prevención hasta el cumplimiento de penas. Esto porque los proyectos que se han presentado hasta ahora ven a la violencia de género como un hecho fragmentado en diversos ámbitos.
Maturana indicó que la única normativa que está cerca de lo que Chile necesita es el proyecto presentado por la ex presidente Michelle Bachelet sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, iniciativa que está siendo discutida en el Congreso. Por su parte, la revisión de la Ley Gabriela seguirá su discusión en particular en dos semanas más.
Mientras tanto se desarrollan en el país una decena de investigaciones en que las mujeres y sus familias deben luchar por demostrar convivencias, relaciones y actos violentos que permitan que sus victimarios sean juzgados efectivamente por los actos perpetrados.
“Se condena al acusado Guillermo Fabián Atenas Cornejo, ya individualizado, a sufrir la pena de Presidio Perpetuo Calificado y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del condenado”.
Esa fue la decisión adoptada por el Tribunal Oral en lo penal de Melipilla por el caso de Isidora González, quien falleció en agosto de 2017 en manos de su pareja y conviviente, Guillermo Atenas. La joven punk era oriunda de Concepción, pero había llegado a vivir a Melipilla a mediados de 2017. Ahí tenía un grupo de amigos con los que se frecuentaba, los que fueron claves en el juicio para poder acreditar su relación y convivencia con quien fue su asesino.
Antes que se conociera el femicidio de la joven, su familia había presentado una denuncia por presunta desgracia, pues, aunque la comunicación con Isidora, o “Dorito” como la llamaban, era esporádica, ya había pasado casi un mes desde la última información oficial que habían tenido de ella. La búsqueda terminó cuando Isidora apareció muerta y con sus extremidades cercenadas en el sector de Huenchún, en Melipilla.
El caso de Isidora generó un movimiento social impulsado por su familia y amigos, agrupación que bajo el nombre de “Justicia para Dorito” ha pintado murales, realizado velatones y levantado manifestaciones cada vez que se han realizado audiencias en el Tribunal. Para concretar estas acciones se han unido personas tanto de Concepción como de Melipilla, pudiendo concretar actividades en ambas comunas para visibilizar y exigir la justicia que tanto esperaban.
Mural en homenaje a Isidora
Durante el juicio, la defensa constantemente argumentó que la joven no mantenía un domicilio fijo, que había tenido varias parejas en el último tiempo y que la relación entre ella y el victimario era muy superficial. Sin embargo, una publicación y conversación de Facebook, declaraciones de testigos y la presencia de algunas pertenencias de la joven en la pieza que pagaba Atenas permitieron establecer el vínculo y convertir el caso legalmente en un femicidio.
Lectura de sentencia. TOP de Melipilla
Tras la exhibición de distintas pruebas que desestimaban la versión de Guillermo Atenas y comprobaban el vínculo de pareja entre ambos, el Tribunal declaró al imputado culpable de femicidio, y durante este jueves 4 de octubre se dio a conocer su condena: presidio perpetuo calificado.
La noticia alegró a la familia de Isidora y también a sus cercanos, quienes al oír la decisión de inmediato esbozaron gestos y palabras de alegría. Sin embargo, el caso dio cuenta, una vez más, de que la ley es acotada para hechos de este tipo, donde la convivencia no es el eje de la relación o es de carácter esporádica, lo que pone en duda la aplicación del delito de femicidio.
Karem Rojas, madre de Isidora, dijo estar feliz y comentó que con la situación ha notado que las leyes deben ser modernizadas en función de las formas de vida actuales. Por su parte, Rayén González, hermana de Isidora, dijo que “la violencia a las mujeres se da en todos lados y de muchas formas y la ley te pide que estés casada y la gente joven hoy no se casa, entonces tienes que luchar para demostrar una relación. Es urgente que se haga un cambio”
En el fallo redactado por el juez Mauricio Cuevas, se incluyó información respecto de la discusión que existe en nuestro país frente a las decisiones en casos como estos, donde se debe determinar la existencia o no de una convivencia. Ahí se hace mención de la tipificación jurídica de convivencia en el Código Penal, y también a los criterios que se discutieron para la aprobación de la Ley de Femicidios. En la Comisión Mixta la entonces diputada, hoy senadora PPD, Adriana Muñoz, ya adelantaba la necesidad de que el Estado se haga cargo de garantizar justicia para este tipo de delitos de forma trasversal.
Según indica el fallo, en la instancia, Muñoz indicó que “el Estado en su conjunto ha sido tolerante con el asesinato de mujeres, lo que se traduce, por ejemplo, en la existencia de algunas interpretaciones, que le parecen lamentables, por parte de los tribunales, respecto de lo que ha de entenderse por convivencia, cuyo efecto más significativo, para no hablar de propósito, es que los culpables de homicidios contra mujeres no sean calificados como parricidas sino que simples homicidas, exceptuándolos por esa vía de la aplicación de la penalidad que, según la ley, les correspondería”.
Casos de este tipo, en que las partes querellantes deben buscar exhaustivamente pruebas que den cuenta de una relación sentimental y de convivencia para poder garantizar que se juzgue por este delito se repiten constantemente en la justicia chilena, pues hasta ahora la Ley de Femicidios indica que “si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio”. Definición que deja fuera a las relaciones de pololeo, los vínculos extraoficiales, o cualquier otro asesinato que se haga en el marco de la violencia de género, situación que ha mantenido preocupadas a las organizaciones feministas y también a diversos actores políticos, los que buscan mejorar la tipificación del delito.
La necesidad de ampliar la ley de acuerdo a la realidad actual
El pasado 11 de junio se conoció el doble femicidio de Gabriela Alcaíno y su madre Carolina Donoso, quienes fueron asesinadas por ex pololo de la joven. Con el caso se hizo evidente la necesidad de ampliar la ley, pues el autor de los hechos solo podía ser formalizado por doble homicidio y no por femicidio, ya que no existía convivencia.
A partir de este hecho es que varios parlamentarios ingresaron a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Gabriela, que busca ampliar el delito de femicidio a cualquier persona que, con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género, mate a una mujer”. A casi tres meses del ingreso de dicha iniciativa la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados aprobó en general esta iniciativa, y ahora se dará inicio a su revisión en particular para poder seguir avanzando y concretar cuanto antes su aprobación.
La presidenta de la Comisión, la diputada PPD Loreto Carvajal conversó con nuestro medio sobre esta aprobación y señaló que es un primer paso muy importante, pues “al tener este marco jurídico no tendríamos que dejar cabida a que se cuestione o se restrinja como ocurre hoy al ámbito de la violencia intrafamiliar o la convivencia con el asesino. Yo creo que ahí justamente cobra relevancia este proyecto. (…) Con esa tipificación, nos evitaríamos esta discusión previa de si entenderla en el contexto de Violencia Intrafamiliar, si es pareja o no es pareja”.
Además, la diputada dijo que ha mantenido conversaciones con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá,quien le ha manifestado la voluntad del gobierno de abordar y aprobar este proyecto con una mirada que incluya esta ampliación de delito.
Desde Corporación Humanas, la abogada Camila Maturana señaló que, si bien apoyan esta iniciativa, la aprobación de la ley no soluciona el problema de fondo, sino que nuestro país debe trabajar en un cuerpo legal que enfrente la violencia de forma trasversal desde la prevención hasta el cumplimiento de penas. Esto porque los proyectos que se han presentado hasta ahora ven a la violencia de género como un hecho fragmentado en diversos ámbitos.
Maturana indicó que la única normativa que está cerca de lo que Chile necesita es el proyecto presentado por la ex presidente Michelle Bachelet sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, iniciativa que está siendo discutida en el Congreso. Por su parte, la revisión de la Ley Gabriela seguirá su discusión en particular en dos semanas más.
Mientras tanto se desarrollan en el país una decena de investigaciones en que las mujeres y sus familias deben luchar por demostrar convivencias, relaciones y actos violentos que permitan que sus victimarios sean juzgados efectivamente por los actos perpetrados.
“Se condena al acusado Guillermo Fabián Atenas Cornejo, ya individualizado, a sufrir la pena de Presidio Perpetuo Calificado y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del condenado”.
Esa fue la decisión adoptada por el Tribunal Oral en lo penal de Melipilla por el caso de Isidora González, quien falleció en agosto de 2017 en manos de su pareja y conviviente, Guillermo Atenas. La joven punk era oriunda de Concepción, pero había llegado a vivir a Melipilla a mediados de 2017. Ahí tenía un grupo de amigos con los que se frecuentaba, los que fueron claves en el juicio para poder acreditar su relación y convivencia con quien fue su asesino.
Antes que se conociera el femicidio de la joven, su familia había presentado una denuncia por presunta desgracia, pues, aunque la comunicación con Isidora, o “Dorito” como la llamaban, era esporádica, ya había pasado casi un mes desde la última información oficial que habían tenido de ella. La búsqueda terminó cuando Isidora apareció muerta y con sus extremidades cercenadas en el sector de Huenchún, en Melipilla.
El caso de Isidora generó un movimiento social impulsado por su familia y amigos, agrupación que bajo el nombre de “Justicia para Dorito” ha pintado murales, realizado velatones y levantado manifestaciones cada vez que se han realizado audiencias en el Tribunal. Para concretar estas acciones se han unido personas tanto de Concepción como de Melipilla, pudiendo concretar actividades en ambas comunas para visibilizar y exigir la justicia que tanto esperaban.
Mural en homenaje a Isidora
Durante el juicio, la defensa constantemente argumentó que la joven no mantenía un domicilio fijo, que había tenido varias parejas en el último tiempo y que la relación entre ella y el victimario era muy superficial. Sin embargo, una publicación y conversación de Facebook, declaraciones de testigos y la presencia de algunas pertenencias de la joven en la pieza que pagaba Atenas permitieron establecer el vínculo y convertir el caso legalmente en un femicidio.
Lectura de sentencia. TOP de Melipilla
Tras la exhibición de distintas pruebas que desestimaban la versión de Guillermo Atenas y comprobaban el vínculo de pareja entre ambos, el Tribunal declaró al imputado culpable de femicidio, y durante este jueves 4 de octubre se dio a conocer su condena: presidio perpetuo calificado.
La noticia alegró a la familia de Isidora y también a sus cercanos, quienes al oír la decisión de inmediato esbozaron gestos y palabras de alegría. Sin embargo, el caso dio cuenta, una vez más, de que la ley es acotada para hechos de este tipo, donde la convivencia no es el eje de la relación o es de carácter esporádica, lo que pone en duda la aplicación del delito de femicidio.
Karem Rojas, madre de Isidora, dijo estar feliz y comentó que con la situación ha notado que las leyes deben ser modernizadas en función de las formas de vida actuales. Por su parte, Rayén González, hermana de Isidora, dijo que “la violencia a las mujeres se da en todos lados y de muchas formas y la ley te pide que estés casada y la gente joven hoy no se casa, entonces tienes que luchar para demostrar una relación. Es urgente que se haga un cambio”
En el fallo redactado por el juez Mauricio Cuevas, se incluyó información respecto de la discusión que existe en nuestro país frente a las decisiones en casos como estos, donde se debe determinar la existencia o no de una convivencia. Ahí se hace mención de la tipificación jurídica de convivencia en el Código Penal, y también a los criterios que se discutieron para la aprobación de la Ley de Femicidios. En la Comisión Mixta la entonces diputada, hoy senadora PPD, Adriana Muñoz, ya adelantaba la necesidad de que el Estado se haga cargo de garantizar justicia para este tipo de delitos de forma trasversal.
Según indica el fallo, en la instancia, Muñoz indicó que “el Estado en su conjunto ha sido tolerante con el asesinato de mujeres, lo que se traduce, por ejemplo, en la existencia de algunas interpretaciones, que le parecen lamentables, por parte de los tribunales, respecto de lo que ha de entenderse por convivencia, cuyo efecto más significativo, para no hablar de propósito, es que los culpables de homicidios contra mujeres no sean calificados como parricidas sino que simples homicidas, exceptuándolos por esa vía de la aplicación de la penalidad que, según la ley, les correspondería”.
Casos de este tipo, en que las partes querellantes deben buscar exhaustivamente pruebas que den cuenta de una relación sentimental y de convivencia para poder garantizar que se juzgue por este delito se repiten constantemente en la justicia chilena, pues hasta ahora la Ley de Femicidios indica que “si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio”. Definición que deja fuera a las relaciones de pololeo, los vínculos extraoficiales, o cualquier otro asesinato que se haga en el marco de la violencia de género, situación que ha mantenido preocupadas a las organizaciones feministas y también a diversos actores políticos, los que buscan mejorar la tipificación del delito.
La necesidad de ampliar la ley de acuerdo a la realidad actual
El pasado 11 de junio se conoció el doble femicidio de Gabriela Alcaíno y su madre Carolina Donoso, quienes fueron asesinadas por ex pololo de la joven. Con el caso se hizo evidente la necesidad de ampliar la ley, pues el autor de los hechos solo podía ser formalizado por doble homicidio y no por femicidio, ya que no existía convivencia.
A partir de este hecho es que varios parlamentarios ingresaron a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Gabriela, que busca ampliar el delito de femicidio a cualquier persona que, con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género, mate a una mujer”. A casi tres meses del ingreso de dicha iniciativa la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados aprobó en general esta iniciativa, y ahora se dará inicio a su revisión en particular para poder seguir avanzando y concretar cuanto antes su aprobación.
La presidenta de la Comisión, la diputada PPD Loreto Carvajal conversó con nuestro medio sobre esta aprobación y señaló que es un primer paso muy importante, pues “al tener este marco jurídico no tendríamos que dejar cabida a que se cuestione o se restrinja como ocurre hoy al ámbito de la violencia intrafamiliar o la convivencia con el asesino. Yo creo que ahí justamente cobra relevancia este proyecto. (…) Con esa tipificación, nos evitaríamos esta discusión previa de si entenderla en el contexto de Violencia Intrafamiliar, si es pareja o no es pareja”.
Además, la diputada dijo que ha mantenido conversaciones con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá,quien le ha manifestado la voluntad del gobierno de abordar y aprobar este proyecto con una mirada que incluya esta ampliación de delito.
Desde Corporación Humanas, la abogada Camila Maturana señaló que, si bien apoyan esta iniciativa, la aprobación de la ley no soluciona el problema de fondo, sino que nuestro país debe trabajar en un cuerpo legal que enfrente la violencia de forma trasversal desde la prevención hasta el cumplimiento de penas. Esto porque los proyectos que se han presentado hasta ahora ven a la violencia de género como un hecho fragmentado en diversos ámbitos.
Maturana indicó que la única normativa que está cerca de lo que Chile necesita es el proyecto presentado por la ex presidente Michelle Bachelet sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, iniciativa que está siendo discutida en el Congreso. Por su parte, la revisión de la Ley Gabriela seguirá su discusión en particular en dos semanas más.
Mientras tanto se desarrollan en el país una decena de investigaciones en que las mujeres y sus familias deben luchar por demostrar convivencias, relaciones y actos violentos que permitan que sus victimarios sean juzgados efectivamente por los actos perpetrados.
