Con 72 votos a favor, 63 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de libertades condicionales, una iniciativa que data de 2016, luego de la entrega de más de 1600 libertades condicionales en mayo de ese año, entre las que destacaban beneficios a reos condenados por delitos de abuso sexual contra menores de edad, lo que hizo que la decisión fuera cuestionada públicamente.

El documento de la Comisión Mixta ya había sido ratificado por el Senado, por lo que luego de esta aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa está lista para ser promulgada.

El proyecto define un marco legal especial para la libertad condicional, estableciendo que el beneficio es un medio de prueba del  proceso para la reinserción social del condenado. Además, acceder a ello no significa la extinción de la pena o que esta se modifique, sino que es “un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada”.

El proyecto también indica que toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año podrá postular a la libertad condicional, siempre que haya cumplido la mitad de su pena y que tenga conducta intachable.

Uno de los puntos que más controversia causó en todas las etapas legislativas por las que pasó el proyecto fue lo que refiere a la entrega del beneficio para los reos condenados por delitos de lesa humanidad, pues a ellos se les exigirá arrepentimiento y colaboración.

En las intervenciones dentro de la Sala, el diputado DC Matías Walker, quien participó de la Comisión Mixta, indicó que “lo mínimo que pueden pedir las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, para permitirse (el beneficio) a esos condenados, es que estén arrepentidos, arrepentidos de qué, no de un robo, no de un hurto, sino respecto de asesinatos,  de torturas”.

Además dijo que la norma se apega a lo que establece el Estatuto de Roma, y que es importante que los condenados puedas tener clara la magnitud de su delito para acceder al beneficio.

El proyecto aumenta los requisitos para los condenados por delitos de lesa humanidad

En específico, los requisitos dicen relación con “haber colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los delitos o bien haber aportado antecedentes serios y efectivos en otras causas” de la misma índole, y también que se haya manifestado arrepentimiento a través de una declaración pública que “signifique una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y familiares”.

En la discusión del proyecto estuvo presente el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien en su período como senador fue parte de los parlamentarios que presentó este proyecto en su versión original.

El secretario de Estado manifestó no estar de acuerdo con estas nuevas exigencias, pues indicó que existen casos en los que los requisitos no podrán cumplirse.

“Si una persona es inocente y por lo tanto no reconoce haber cometido el delito, de nada le sirve colaborar en el esclarecimiento del mismo, y esto es algo que va contra el espíritu de buscar apostar antecedentes (…) Si una persona que puede reconocer ser culpable pero no tiene antecedentes que aportar, cómo va poder lograr este beneficio”, dijo el ministro.

Los parlamentarios de Chile Vamos votaron en contra del informe, y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) por las normas que se exigen a los condenados por delitos de lesa humanidad, pues afirman que son requisitos inconstitucionales y muy difíciles de cumplir, decisión que habían comunicado ya hace varias semanas cuando la Comisión Mixta comenzó a debatir este aspecto.

Para Mireya García, integrante histórica de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, estos requisitos son lo mínimo que se puede pedir y comentó que, vinculado a la colaboración, se debe exigir que se revelen antecedentes que den cuenta de qué paso con las víctimas.

Respecto de la decisión del oficialismo de acudir al TC,  la dirigente aseguró que esta actitud de los parlamentarios es inaceptable, pues no se condice con el rol de su cargo.  “Lo que resulta incomprensible y aterrador es que personas, que hoy están ejerciendo como diputados en un parlamento electo democráticamente, sigan apoyando y haciendo gestiones que van más allá de lo moral, de lo legal, para que los violadores de derechos humanos tengan accesos a algunas prebendas que no les corresponden del todo por ser precisamente violadores de los derechos humanos”.