La aprobación por parte del Tribunal Constitucional del requerimiento presentado por Chile Vamos y que declaró inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia, abrió nuevamente el debate respecto del rol que debiese tomar la instancia reinstaurada por la constitución de 1980.

Si bien la aprobación sacó aplausos desde el sector oficialista, desde la oposición y las organizaciones feministas se mostraron preocupados por la determinación que permitirá a las clínicas privadas negarse a realizar abortos, pese a que mantengan convenios con el Estado.

La ex ministra y vicepresidenta de la corporación Miles, Laura Albornoz, dijo en entrevista con Radio Universidad de Chile que la decisión del tribunal es un retroceso en materia de derechos de las mujeres.

“De manera reiterada, el Tribunal Constitucional y también otros organismos en general, ciertos diputados de la Cámara, intentan por esta vía buscar una suerte de obstrucción al ejercicio del derecho de la mujer de practicarse abortos en los casos contemplados en la ley, particularmente por la interpretación que hace el Tribunal Constitucional de la objeción de conciencia institucional”.

Por otra parte, la abogada y ex directora del Sernam, recalcó que no es primera vez que la derecha recurre a esta instancia, evocando el año 2008, cuando tras aprobar un requerimiento de parlamentarios de la entonces Alianza por Chile, el tribunal prohibió la distribución de la pastilla del día de después.

“Particularmente en torno al carácter ético, valórico o sexual, la actitud de los sectores conservadores que pierden en el Parlamento, en las votaciones, acuden a esta tercera Cámara para invalidar las decisiones del Parlamento”.

De esta manera la sentencia cierra un debate que había abierto el ministro de Salud, Emilio Santelices, cuando intentó modificar el protocolo de objeción que había dictado el gobierno de Bachelet. En esa ocasión, fue la Contraloría quien le impidió al Ejecutivo realizar la modificación, argumentando que ésta no se ajustaba al derecho. Tesis que el día de ayer fue desestimada por ocho de los diez ministros que componen la llamada Tercera Cámara.