Cada fin de año los municipios renuevan parte de su planta docente, ya sea a través del despido o término de contrato a plazo fijo. Una figura que comúnmente se conoce como el “profesor a contrata”.
Con esto logran “ajustar la caja”, ahorrar recursos y destinar parte de éstos a otros fines, pues un pedagogo inestable es mucho más barato, ya que, entre otras cosas, no recibe indemnización ni seguro de cesantía.
Algunos alcaldes incluso lo utilizan como un mecanismo para debilitar la organización sindical o gremial.
Este miércoles en el Congreso Nacional se abrió una pequeña ventana, el inicio de una posible solución al problema que cada fin de año viven miles de profesoras y profesores en todo el país.
La comisión de Educación del Senado aprobó una indicación con el propósito de ampliar la titularidad docente para aquellos profesores que, por al menos tres años, se mantengan en condición de contrata en establecimientos educacionales públicos.
La acción parlamentaria se da en el contexto de la tramitación del proyecto de ley misceláneo presentando por el Ministerio de Educación en marzo de este año, antes de dejar su cargo la anterior secretaria de Estado, Adriana Delpiano, y que tiene como fin apoyar la implementación del Sistema de Desarrollo Docente.
La integrante de la Comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste, aseguró que la indicación resolvería el problema de inestabilidad laboral que hoy experimentan miles de profesores en todo el país.
“Hoy día, dado que tenemos un escenario nuevo, en cuatro regiones del país tenemos ya instalados Servicios Locales, donde también podría existir un tránsito de profesores de una comuna a otra, y lo que queremos es que se garantice la titularidad docente para ellos. Permite seguir adelante en un trámite absolutamente necesario, justo, que entrega tranquilidad desde el punto de vista de las condiciones laborales para los profesores y profesoras del país”, afirmó.
La senadora de la Democracia Cristiana agregó que ya en dos ocasiones anteriores leyes similares fueron aprobadas por el Parlamento.
La última normativa, que fue publicada en el Diario Oficial en 2015, otorgó titularidad por única vez a pedagogos de aula que se encontraban a contrata por más de tres años continuos o cuatro años discontinuos en un mismo municipio o Corporación Educacional a julio de 2014.
Yasna Provoste precisó que la nueva indicación aceptada por la mayoría de la Comisión de Educación permitiría que aquellos profesores que no pudieron acogerse a la anterior ley, puedan hacerlo ahora, cumpliendo los mismos requisitos.
Para el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, esta es una muy buena noticia que se enmarca dentro del petitorio entregado al Ministerio de Educación en abril pasado, y por el que se piden mejores condiciones laborales para el sector.
“Esta es una injusticia muy grande que se presenta en todo el sistema público de educación, municipales y nuevos Servicios Locales. Son maestros que tienen una condición muy precaria de trabajo, todos los años les van renovando su contrato, sin derecho a indemnización, pueden ser muy fácilmente desvinculados, haciendo la misma labor que hacen otros titulares, pasan a ser docentes de segunda categoría, por lo tanto, nos parece que esta es una buena vía para dar respuesta a esta demanda muy sentida y que pone justicia a una condición, repito, muy precaria, injusta, que sufren nuestros colegas que están en condición de profesor a contrata”, argumentó.
Una de las particularidades que tiene este proyecto es la inclusión de la indicación de titularidad docente y que a la fecha se encuentra en su segundo trámite legislativo. Ahora tendrá que pasar a la Comisión de Hacienda del Senado y luego al pleno de la Sala. Posteriormente iniciaría un tercer trámite donde se analizarían las modificaciones que eventualmente se realizaron a la pre normativa.
Según cifras dadas a conocer por el Magisterio, unos 54 mil profesores que se desempeñan en establecimientos públicos municipales o Servicios Locales de Educación en el país, se mantienen cada año bajo la modalidad a contrata, atemorizados ante un inminente despido, sin derecho a ningún tipo de beneficio económico.