Un tribunal de Colombia ordenó a la multinacional brasileña Odebrecht el pago de cerca de 252 millones de dólares de indemnización y la inhabilitó durante diez años para contratar con el Estado por corrupción.
El fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (centro), dictado el jueves pasado, también aplica para los socios de la constructora en el país, como Episol, empresa del banquero Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia.
La decisión responde a una acción popular de enero de 2017 en la que el procurador general, Fernando Carillo, quien en Colombia vigila a los funcionarios públicos, solicitaba medidas cautelares para garantizar la viabilidad del proyecto Ruta del Sol 2, la obra vial más importante del país y a cargo de Odebrecht.
El fallo de más de 300 páginas suspendió definitivamente ese contrato, luego de que se estableciera que fue adjudicado a través del pago de sobornos.
Aparte de ordenar el embargo de las cuentas bancarias, bienes y dividendos obtenidos por las empresas implicadas, el despacho judicial declaró responsables por corrupción a varias personas que participaron en ese contrato, algunas ya condenadas o bajo investigación de la Fiscalía.
Entre ellas figuran el ex viceministro de Transporte Gabriel García, el ex senador Otto Bula, el ex presidente de Corficolombiana (propietaria de Episol), José Elías Melo, y los ex directivos de la multinacional brasileña en Colombia Luiz Bueno, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha.
Tras conocer la sanción, Odebrecht en Colombia indicó en un boletín que apelará a la sentencia y que continuará trabajando con las autoridades “para seguir coadyuvando con las investigaciones en curso”.
Por su parte, Episol aseguró que “disiente de la decisión” y estudia recursos legales a su disposición.
En 2016, la firma brasileña reconoció ante la justicia estadounidense haber obtenido jugosos contratos mediante sobornos a políticos y funcionarios, en una práctica que siguió en 12 países, incluido Colombia.
Hasta el momento, seis personas han sido condenadas por este escándalo en Colombia, donde se pagaron coimas por al menos 32,5 millones de dólares, según la Fiscalía.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia nombró un fiscal especial para investigar esta trama corrupta en el país, luego de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declarara impedido y fuera señalado de conocer las coimas antes de posesionarse en el cargo, cuando oficiaba de abogado del magnate Sarmiento y no denunciarlas.
