Por la unanimidad de los ministros que la integran, la Segunda Sala Penal del máximo tribunal  resolvió evocar la libertad condicional del coronel (r) de la Fuerza Aérea de Chile, Ramón Pedro Cáceres Jorquera,  quien fue condenado por los tormentos reiterados en la persona del general Alberto Bachelet, que le provocaron la muerte en 1974.

El beneficio le había sido otorgado a principios de por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego que el condenado ex uniformado presentara un recurso de amparo por  la decisión de la Comisión de Libertad Condicional que le negó la posibilidad de cumplir su pena en libertad bajo ciertas condiciones establecidas por la justicia.

De acuerdo a la resolución de la sala, el ministro Hugo Dolmestch y la abogada integrante María Cristina Gajardo  señalaron que “el interno deberá cumplir efectivamente la pena privativa de libertad impuesta antes de poder postular al otorgamiento de la libertad condicional, en proporción o consideración a la gravedad de los delitos objeto de las condenas y de las penas por ellos impuestas”.

En el texto también se lee que los magistrados consideraron que  “la determinación del período que el interno debe cumplir la pena privativa de libertad de manera efectiva antes de que pueda otorgársele la libertad condicional, no puede obviar la gravedad de los delitos imputados” y agregaron que  el “sentenciado no ha cumplido el tiempo mínimo exigido, esto es dos tercios de la pena impuesta, lo que impide acceder a la libertad condicional pretendida”.

En junio de 2012, un informe pericial del Servicio Médico Legal estableció que Alberto Bachelet había muerto a causa de las torturas aplicadas por sus subalternos. Un mes después, el juez Mario Carroza notificó a los exoficiales Ramón Cáceres Jorquera y Edgar Cevallos Jones del auto de procesamiento como coautores de tortura con resultado de muerte.

Carroza condenó en 2014 a Cáceres a tres años y un día de prisión y a Cevallos a dos años, penas que posteriormente fueron elevadas a 4 años de presidio efectivo por la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmadas por la Corte Suprema  en septiembre de 2016.