El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) anunció un acuerdo con siete bancos que operan en Chile para que asuman su responsabilidad en caso de fraudes que afecten a sus clientes.

A través de un proceso de mediación colectiva que duró al menos dos años, las entidades financieras se comprometieron a eliminar aquellas cláusulas que anticipadamente las eximían de cualquier obligación en caso de estafas realizadas por terceros y que forzaban a la víctima a asumir los cargos.

El organismo estatal consideró que este tipo de estipulaciones “no se ajustan estrictamente a la Ley de Consumidor”, por lo que las instituciones tendrán que adecuarse a la normativa vigente de protección a clientes.

Para el Director del SERNAC, Lucas del Villar, la nueva normativa introduce nuevas facultades fiscalizadoras con la cual se logra un mayor cumplimiento del reglamento.

Precisó además que “esto refuerza el valor de la mediación colectiva como la solución más ágil y adecuada para los consumidores, ya que en un breve plazo se logra un ajuste y una eventual compensación para los afectados, no teniendo que recurrir a un juicio colectivo que puede tardar años en obtener una solución reparatoria”.

El aumento considerable de esta clase de delitos experimentado en los últimos años, como, por ejemplo, clonación de tarjetas, robo de claves a través de internet, vulneración de servidores de los propios bancos, entre otros, llevó a que las entidades impulsaran un sistema de seguros que hoy las casas financieras asumen como parte del negocio.

Al respecto, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, indicó que el acuerdo es un avance, sin embargo, el objetivo final es obligar por ley a que bancos y empresas de retail, tengan total responsabilidad en caso de fraudes e inviertan en medidas de seguridad.

“Se ha hecho por largo tiempo todo un intento por evadir responsabilidad por parte de los emisores, en consecuencia, creo que es un avance, ya que estas personas van a tener que realizar trámites más expeditos, más rápidos, menos engorrosos, como acudir a la policía y a estamentos judiciales que alargan el procedimiento de la restitución total del dinero”, afirmó.

Recordemos que, actualmente, en el Congreso se tramita un proyecto de ley que exime la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito o débito robadas, hurtadas o extraviadas, con las que posteriormente se realizan operaciones financieras fraudulentas, además de transacciones electrónicas con datos o claves sustraídas al usuario.

De la misma forma, fija un plazo de 24 horas a los emisores para la devolución de los importes, si corresponde, en los casos de fraude, y la prohibición de requerir el cumplimiento de condiciones para tales devoluciones, como la contratación de seguros, u otras medidas.

Al respecto, el senador PPD Felipe Harboe, aseveró que se debe eliminar este tipo de contratos antifraude que hoy los bancos venden a los clientes. El parlamentario planteó que son las instituciones financieras las llamadas hacerse cargo de su propia seguridad.

“La idea es eliminar los seguros antifraudes, no es posible que los bancos endosen a los consumidores la necesidad de tomar este tipo de mecanismos por falta de inversión en ciberseguridad. La esencia del contrato de depósito se basa en que los clientes pagan una comisión para que la entidad resguarde su dinero, y que el banco, como contraprestación, tenga protegidas esas inversiones, y lamentablemente eso no está ocurriendo”, argumentó.

El proyecto, que viene del Senado, fue aprobado en general por la Comisión de Economía de la Cámara Baja, y será votado en particular por la Sala el próximo martes 22 de enero.

Según informó el SERNAC, las modificaciones en los contratos fueron acatadas por los bancos Consorcio, Internacional, BICE, Falabella, Security, BCI y Scotiabank.

Sólo con el Banco Santander no se logró un acuerdo, por lo que el organismo estatal está analizando acciones para que finalmente terminen en el compromiso de responsabilidad con sus clientes.

Destacar además que son otras seis las instituciones financieras que no se encuentran dentro del arreglo, pero que están establecidas en Chile y que son fiscalizadas por la Superintendencia del sector.