La comunidad de Quintero, Puchuncaví y Ventanas aún no sabe cuáles fueron las industrias responsables. Además, tampoco cuentan con datos oficiales de los gases contaminantes  que produjeron la crisis medioambiental de 2018, provocando la intoxicación de más de mil habitantes y la movilización de toda la zona.

Las causas de la catástrofe ambiental todavía se están investigando, en tanto, son doce los recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y cinco querellas colectivas interpuestas ante el Tribunal de Garantía de Quintero.

El Ministerio Público del Bíobío está a cargo de la indagación que busca determinar la responsabilidad en los episodios de contaminación. La tesis de gobierno apunta a la Empresa Nacional de Petroleo (ENAP) y al trasvasije de una carga de petróleo iraní alto en ácido sulfhídrico, el que fue depositado en piscinas abiertas sin protección.

“La verdad, y con toda sinceridad, no esperamos mucho de esta investigación. Producto de las irregularidades que hemos visto en el proceso, producto de la falta de profesionales, de la falta de profesionalismo y seriedad de parte de las autoridades, desde la Gobernación, el Intendente, el Seremi de Salud, etc.”, afirmó Sebastián Santos, representante de Cabildo Abierto, organización que agrupa a los vecinos de las zonas afectadas.

Asimismo, la fundadora de Mujeres en Zona de Sacrificio, Katta Alonso, aseguró  que “la verdad, consideramos que no hay voluntad política, porque el Gobierno sabe hace rato quiénes contaminaron y esconden la información”.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente  firmó un acuerdo con el Instituto Noruego de Investigación del Aire para medir la calidad del aire de la zona de sacrificio e instalar un laboratorio para su monitoreo, cuya construcción comenzará este año. Además, presentó en diciembre el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), que busca descontaminar la zona de sacrificio en un plazo de cinco años.

Priscila Pacheco, de Salvemos Quintero, señaló -respecto de este plan- que “no confiamos mucho en este plan de descontaminación, porque lo que viene hacer es a controlar emisiones. No vela por la salud ni protege el medio ambiente. Estamos hablando de emisiones que las mismas empresas entregaron, ellos mismos entregaron los índices de emisiones que tienen que ser entregados”.

Y agregó que “se puede llenar de calificativos el abandono estatal de Quintero-Puchuncaví con lo acontecido, pero ya es ser redundante en el tema, es darle más importancia de la que ellos creen que tienen. Acá estamos claros que la solución no la van a dar y no la van a entregar. Aquí hay un cordón industrial que debería haber sido paralizado, por lo menos cinco empresas que son altamente contaminantes y potencialmente culpables del episodio de contaminación masivo. La primera muestra de preocupación por parte del Estado debió ser paralizar estas empresas “.

A pesar de los anuncios y de las gestiones del Gobierno en Quintero, Puchuncaví y Ventanas, la contaminación continúa. Durante el último tiempo se han producido constantes varamientos de carbón y siguen decretándose alertas tempranas por la mala ventilación del aire.

Una normativa medioambiental especial para la zona

Para Katta Alonso, de Mujeres en Zona de Sacrificio, “es necesario una normativa en serio, por eso siempre pedimos una ley para acá, porque es una zona completamente distinta a otras zonas. Las normas están hechas para una empresa, no para 19 de estas contaminando en forma simultanea. Entonces, vemos que no hay voluntad del gobierno y, a esta altura, no sabemos quien produjo las intoxicaciones masivas”.

Asimismo, el representante del Cabildo Abierto Quintero-Puchuncaví, Sebastián Santos, aseguró que “no necesitamos más migajas, necesitamos políticas públicas y políticas ambientales que sean eficientes no sólo para Quintero y Puchuncaví, sino que para todo el territorio nacional. Chile se ha convertido en el país con mayores conflictos ambientales por persona en el mundo y eso es realmente grave, entendiendo que va ser sede de la COP 25”.

Recordemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) identificó, el año pasado, 116 zonas de conflictos ambientales en nuestro país, de las cuales 62 están activos. Dentro de ellas, cinco son zonas de sacrificio: Mejillones, Tocopilla, Huasco, Coronel y Quintero-Puchuncaví.