Unos minutos antes de las diez de la mañana se dio inicio a una nueva audiencia de formalización por el  homicidio en contra del comunero mapuche Camilo Catrillanca ocurrida el 14 de noviembre pasado a manos de efectivos del GOPE.

En esta oportunidad la Fiscalía busca formalizar al ex jefe de FF.EE. de La Araucanía, Jorge Contreras; el ex líder del GOPE, Manuel Valdivieso, y al abogado Cristián Inostroza por obstrucción a la investigación. También se imputará al ex cabo segundo Gonzalo Pérez, conductor de la  tanqueta utilizada en el operativo en Temucuicui.

El abogado Javier Jara, defensor de los imputados solicitó la exclusión del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez y del Ministerio del Interior como querellantes en esta investigación que indaga las versiones falsas que se entregaron respecto a la muerte del comunero mapuche.

Ante eso, la  Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, argumentó que el abogado Jara desconocía la normativa que rige a la institución de la Defensoría y que lo vivido por el adolescente MPC justificaba absolutamente la acción judicial iniciada.

“Si encontrarse un adolescente en un tractor de este país, expuesto una balacera de más de doce balazos dirigidos por funcionarios policiales en su contra,  por la espalda, desarmados, con un calibre 5.56 que destruyó el cráneo del adulto que lo acompañaba no es un caso que revista gravedad relevancia o interés social francamente no sé en qué casos esta institución podría presentar una querella criminal”

En ese mismo sentido se expresó el abogado Interior, Luis Hermosilla, respecto de las razones que llevaron al Ministerio del Interior a presentar una querella criminal luego del homicidio de Camilo Catrillanca. Hermosilla señaló que la defensa de los Carabineros tuvo la oportunidad procesal de solicitar la exclusión de esa cartera en octubre pasado y que no se puede fundar tal solicitud en el cambio de los abogados defensores. Manifestó que el Ministerio del Interior debe velar por la conservación del orden público en todo el territorio del país.

“Aquí no solamente hay un derecho, aquí  existe la obligación por parte del gobierno de actuar en esta materia cuando se afecta severa y gravemente el orden público como ocurrió con los hechos del 14 de noviembre al interior de la comunidad Temucuicui”.

La audiencia está prevista de ser realizada en tres partes. En la segunda parte debe llevarse a cabo la formalización propiamente tal de los nuevos imputados, y, posteriormente, se dará revisión a  las medidas cautelares de quienes ya están formalizados, los ex uniformados Raúl Ávila, Carlos Alarcón, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda quienes se encuentran en prisión preventiva.