Desde que asumió como ministra de Educación el 9 de agosto del año pasado, Marcela Cubillos ha tenido que enfrentar una serie de polémicas y críticas hacia su cartera. El proyecto Aula Segura fue uno de los primeros desafíos, pero Cubillos defendió hasta el final la iniciativa de Sebastián Piñera, logrando que fuera aprobada y se convirtiera en ley, aunque antes, la oposición logró incluir varias modificaciones.

A solo un par de meses de discutido proyecto educacional, llegó Admisión Justa, que aún se mantiene en la palestra. La iniciativa, que busca restituir el mérito como mecanismo de selección en los colegios de excelencia, es defendida con uñas y dientes por el Ejecutivo pero fuertemente criticada por la oposición y por organizaciones y expertos ligados a la educación, desde donde se acusa que este proyecto solo sigue segregando a quienes tienen menos oportunidades.

Admisión Justa deberá enfrentar su debate legislativo desde marzo. Sin embargo, el pasado fin de semana se dio a conocer una información que va en directa oposición al mérito que tanto defienden en el Gobierno. Se trata del nombramiento de Raimundo Larraín Hurtado, hijo del ex senador Carlos Larraín, como Jefe de la División de Educación General del Mineduc, y aunque Larraín, efectivamente, tiene estudios vinculados al área, el principal cuestionamiento apunta a si su selección se relaciona con el rol de su padre en la derecha y política chilena, o si en realidad se corresponde con su desempeño profesional.

A pesar de las críticas y de que esta no es la primera vez que el gobierno se enfrenta a estas polémicas -ya lo vivió con Fernanda Bachelet y Benjamin Salas Kantor- la ministra de Educación, Marcela Cubillos, defendió mediante su cuenta de Twitter la decisión, y lo hizo publicando el curriculum de Larraín Hurtado.

¿Más exacto? bioquímico UC, prof Educ Media mención Biología (distinción máxima), master Educ y Desarrollo Internacional mención Liderazgo Escolar, Columbia University. Exp laboral como prof en Educ pública, Enseña Chile y cofundador de Impulso Docente. Y sí, nuevo jefe de la DEG https://t.co/3eoU1DlW1q

— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) 2 de febrero de 2019

Para el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el nombramiento va directamente en oposición al discurso que el gobierno ha querido instalar en las últimas semanas, que dice que el mérito es lo más importante.

El dirigente del gremio dijo que el nombramiento hecho por la ministra Marcela Cubillos es una actitud frecuente en la política chilena, y que se comete no solo en los gobiernos de derecha. Agregó que “ha ido quedando demostrado que en Chile el mayor mérito, entre comillas, es tener contactos, familia de apellido destacado o haber salido de alguno de los colegios más prestigiosos del país, ese es el principal mérito que se valora por parte de la élite chilena e, independiente del curriculum del señor Larraín, es evidente que su apellido es el factor decisivo acá y no su curriculum, porque por curriculum similar al de él, o mejor, hay seguramente cien personas que podrían tener mayor mérito para el cargo”.

Respecto de la figura de Cubillos al mando del Ministerio de Educación, Mario Aguilar comentó que “se trata de una gestión que carece de un plan y de un proyecto serio en materia educacional, entonces se ha dedicado más a las cosas efectistas como Aula Segura, Admisión Justa, que son aspectos que causan cierto impacto mediático pero que son bastantes irrelevantes desde el punto de vista de una política educacional más consistente y de más largo plazo, que es lo que uno esperaría de una gestión ministerial”.

Poca transparencia en la compra de textos 

A la polémica de Larraín Hurtado se suma que LOM Ediciones ingresó un recurso a Contraloría por poca transparencia en el segundo y más reciente proceso de compras públicas de libros para bibliotecas escolares, realizada por el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), dependiente de la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación.

Si bien el recurso se ingresó en octubre pasado, se publicitó en estos días. En concreto lo que se acusa es que los procesos de compras públicas se llevan a cabo a través de Convenios Marco, los que son establecidos por el Estado para garantizar pluralidad y transparencia en las adquisiones del fisco. En el caso denunciado por las editoriales independientes, el 16 de agosto de 2018 la Subsecretaría de Educación publicó una Intención de Compra, e indicó que podrían participar en ella los proveedores que tuvieran sus productos catalogados.

Según explicaron desde Editores de Chile, el catálogo es un mecanismo legal que permite la actualización de las listas de ofertas de bienes y servicios, pero “en este llamado se excluyó a priori a miembros del convenio pertinente para la presentación de muestras en base a la que se haría una selección previa a la catalogación. Así, la elección de 76 títulos se hizo de una manera poco transparente y arbitraria”.

En el texto que ingresó a Contraloría, se indicó que “la Subsecretaría operó de manera opaca y con abierta falta al principio de igualdad de los oferentes, ya que en esta etapa sólo convocó a algunos de los proveedores del Convenio Marco para que presentaran muestras de libros en atención a las áreas o temas planteados por el mencionado organismo público, los que fueron elegidos a través de un procedimiento desconocido, no reglado y a toda luces arbitrario, del cual no tuvimos conocimiento a pesar de ser proveedores del Convenio Marco antes individualizado”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Paulo Slachevsky, representante legal de LOM Ediciones, explicó que han intentado generar un diálogo con el Mineduc respecto de las compras de textos, pero que ha sido imposible concretarlo. Además, comentó que “en las respuestas que obtuvimos vía transparencia vimos que ellos habían convocado a algunos proveedores a presentar muestra y eso, a todas luces, es arbitrario y no corresponde. Por eso presentamos ante Contraloría una demanda por el tema, porque creemos que no corresponde que el Mineduc opere de esa manera y va en contra de los principios de la Ley de Compras Públicas”.

Agregó que con este tipo de actitudes se afecta todo el ecosistema de libro en Chile, no solo a las editoriales, ya que los estudiantes también se ven perjudicados, pues una elección segregada impide que lleguen a ellos todo tipo de textos. Por otra parte, aseveró que la compra de material para los niños, niñas y adolescentes suele estar enfocada en textos hechos en el exterior, quedando en segundo plano la producción nacional, lo que excluye de la literatura de los colegios una proximidad a la cultura nacional.

Por su parte, Ricardo Greene, director de Editores de Chile, se refirió de la misma forma a la situación e indicó que perjudica a todos. Por lo mismo, es importante de aclarar para poder garantizar de forma transparente la compra de este material educativo.

“Esto podría promover una mejor industria del libro, pero lo primordial es que no se están cumpliendo las condiciones necesarias para que los mejores libros lleguen a los estudiantes y a la ciudadanía en general (…) porque hay una cantidad importante de libros que ni siquiera ingresa al concurso, porque los títulos están predefinidos”.

Además dijo que “la variedad de libros que se publica en Chile es muy grande en temas de migración, diversidad, ecología, en cualquier área hay muchos. Creemos que el Ministerio debería promover una mirada heterogénea de la realidad y eso se logra mirando la cantidad de libros que se producen en Chile y construyendo un maletín diverso que vele por la educación pluralista”.

Hasta ahora, las editoriales no han tenido respuesta de Contraloría.

La Asociación Gremial Editores de Chile, junto a la Cooperativa de Editores de La Furia, buscarán acercarse a las Comisiones de Educación y  Cultura, Artes y Comunicación del Congreso para denunciar los hechos.