Educación, prevención, mayor facilidad para denunciar y terminar con los cobros cuando la Fiscalía no logra determinar el acto de discriminación son algunas de las modificaciones que diversas organizaciones vinculadas a las comunidades LGBTIQ+ han mencionado frente al anuncio de cambios en la Ley Zamudio.

Esto, porque luego del ataque que sufriera, en la comuna de Pudahuel, Carolina Torres, joven lesbiana de 24 años, el vocero (s) de Gobierno, Emardo Hantelman, anunció que el primer semestre de este año se convocará a una consulta ciudadana, “la que nos entregará información relevante y actualizada para orientar el nuevo proyecto de ley y las políticas públicas relacionadas con este ámbito”, indicó el ministro subrogante.

La información de inmediato activó el debate acerca de qué cambios se deben implementar y cuáles son las falencias que se deben corregir.

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la abogada Carmina Vásquez, directora de la Comisión LGBTIQ+ de la Asociación de Abogadas Feministas, Abofem, y señaló que la deuda que tiene esta legislación es no tener mecanismos para evitar la discriminación, sino que solo sancionar cuando los actos ya se han cometido.

“Yo creo que la principal falencia que tiene es que no previene, no ayuda a prevenir los delitos de discriminación, sino que solamente, una vez que ha sucedido el delito, es un agravante al hecho que se haya cometido, como un homicidio, por ejemplo, pero no previene y eso es lo que debería venir ahora”, explicó.

Además, si bien la profesional del derecho valoró que se propongan cambios a ley, lamentó que una vez más esto se haga de forma reactiva cuando hechos graves dejan en evidencia los problemas que tienen las leyes chilenas.

“Podrían haberlo hecho mucho antes, esa es también una de las críticas que se hacen, por qué el Gobierno tiene que esperar a que haya un Daniel Zamudio, que haya una Carolina Torres para hacer que funcionen y se muevan las leyes, para presentar estos proyectos de ley. Ahora anunciaron que van a reformar la Ley Zamudio y no han dicho cómo, solamente dijeron que iban a haber consultas ciudadanas, entonces tenemos que ver qué realmente va a significar eso”, dijo la abogada.

Más educación

Respecto de qué debe ser lo más importante de agregar en estas modificaciones, Carmina Vásquez indicó que la educación es el factor clave en el cambio.

La integrante de la Red Lesbofeminista comentó que es muy importante no solo educar a la sociedad sobre el respeto y la no discriminación, sino que también avanzar en que quienes trabajan con las denuncias y los procesos judiciales tengan perspectiva de género y de LGBTIQ+.

La profesional del derecho explicó que han podido verificar que en muchos casos las policías solicitan certificados médicos que acrediten una agresión para tomar las denuncias, lo que no está explicitado ni exigido por la ley. Al imponer este requerimiento, las víctimas suelen asustarse y declinar del procedimiento, pues se les torna engorroso.

Respecto del actuar de los funcionarios policiales, agregó que “muchas veces hay muchos carabineros que sí toman bien los casos, que sí tienen perspectiva de género, que sí han sido educados en el tema, pero la mayoría no, porque tampoco hay recursos para eso. No existe un presupuesto del gobierno que diga ‘okey, vamos a enseñarle a los carabineros, a la policía cómo funciona esto’. Eso es en todo, ni siquiera los abogados tenemos buenos cursos de perspectiva de género, ni los jueces, o sea, nadie lo tiene, y hablamos de perspectiva de género, ni siquiera perspectiva antidiscriminación LGBTIQ+”.

Además, Carmina Vásquez señaló que sería muy importante poder educar también a la sociedad respecto de los mecanismos que existen para poder defenderse y denunciar si se sienten discriminados, y cuál es la forma correcta de que se lleve a cabo el procedimiento.

Por otra parte, la abogada dijo que el cobro monetario a beneficio fiscal ejercido en caso de no comprobarse la acusación de discriminación también ha sido un elemento que provoca que las personas se arrepientan de denunciar.

“La ley Zamudio funciona como agravante, entonces, si existen multas, son para el fisco, no para la persona que sufre la discriminación y eso implica que las personas no quieran hacerlo o lo hagan por otros medios, entonces también es una falencia y hay que revisar cuál va ser el planteamiento que va hacer el gobierno para poder nosotros levantar nuestras propias modificaciones a la ley para decidir qué va ser lo mejor”, explicó.

Vásquez agregó que cuando la denuncia proviene de alguien de la diversidad sexual, eventualmente, puede existir mayor facilidad de comprobar el delito, pues generalmente son personas más propensas a ser discriminadas y maltratadas. Sin embargo, comentó que a veces quienes se ven afectados no quieren denunciar porque hacerlo significaría exponer su orientación sexual, lo que muchas veces los incomoda en su entorno familiar, social o laboral.

Además,  la directora de la comisión LGBTIQ+ de Abofem indicó que las organizaciones vinculadas a la diversidad sexual ya se están reuniendo para analizar las propuestas que harán en las consultas ciudadanas  y que estarán atentas a cómo se van implementando los procesos.

Finalmente, agregó que tal como se revisará la Ley Zamudio es importante que en la Ley Integral de Violencia Contra las Mujeres se tenga un enfoque con perspectiva LGBTIQ+.

“Yo creo la ley de la violencia contra las mujeres tiene que tener un apartado especial para las mujeres trans, lesbianas, para evitar estos actos de lesboodio, que no son porque son mujeres, sino porque son lesbianas, porque son mujeres trans, y obviamente eso debería especificarse y poder recogerse dentro de la ley”.

Créditos fotografías: Twitter Fundación Iguales