Desde la aparición de las nuevas plataformas digitales de comunicación hasta la actualidad, el intercambio de información laboral a través de ellas facilitó muchos de los quehaceres en distintos ámbitos, pero también normalizó la recurrencia a ellos fuera de lo que se estipulan en los contratos.

No es extraño, así, que en el mundo solo tres países europeos sean los que lleven la delantera con respecto a lo que se conoce como desconexión digital después de la jornada laboral. Francia lo hizo desde año 2017 con la aprobación de una nueva reforma laboral, España lo incluyó también al año siguiente en su ley de protección de datos y coincidió con el pedido alemán de empresas como Porsche, que se sumaron al cambio.

El diputado de la Democracia Cristiana, Raúl Soto, fue el encargado de adaptar estos modelos a la realidad chilena y presentó en noviembre del año pasado un proyecto que proponía a la desconexión digital como un derecho de toda persona trabajadora.

En lo que va del 2019, dicha iniciativa ya fue aprobada por la Comisión del Trabajo, que preside el mismo Soto, y espera lograr lo mismo en la cámara de diputados.

“Nos planteamos el desafío de ver cómo podemos adecuar nuestra legislación, hacerla más acorde a los tiempos modernos y establecer un límite mucho más claro entre el tiempo que dedicamos a trabajar y el tiempo libre. Es un desafío que los países del mundo tienen que empezar a abordar para otorgar nuevos derechos y protecciones a los trabajadores”, explicó Soto en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.

Este tipo de legislación, que además convertiría a Chile como pionero en esta materia a nivel regional, ha sido mirada con buenos ojos desde entidades como la Organización Internacional de Trabajo, quienes según el relato de Soto, ya venían realizando en Chile seminarios acerca de la soberanía del tiempo, en los cuales explicaron la cómo ha sido la experiencia a nivel mundial en estos años de cambio.

La agencia de noticias, Europanews, consultó a especialistas en Francia sobre esta situación y descubrieron, por ejemplo, que el presentismo era un mal que muchos soslayaban con el objetivo de poder tener mejores relaciones y repercusiones laborales. Sin embargo, a partir de su reforma laboral, muchas personas empezaron a hacer frente a esta presión y a mejorar su productividad en las empresas.

David Acuña, consejero de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), en conversación con este medio también coincidió con que la práctica de solicitar información a través de WhatsApp es muy recurrente sobre todo en su área de especialización: el comercio, área que representa hoy el 20 por ciento de la fuerza laboral del país.

“Ayudaría bastante, porque impediría que fuera de horario de trabajo se estuvieran ejerciendo presiones a través de estos mecanismos. Como dato, hoy la Contraloría de la República ya sacó un dictamen sobre los empleados públicos, donde prohíbe a las organizaciones dictar órdenes a través de grupos de WhatsApp o correos electrónicos”, indicó Acuña.

A lo que el consejero de la CUT hace referencia es una denuncia realizada a Contraloría en el 2016 por un oficial de gendarmería por acoso laboral. A raíz de esto, en un dictamen emitido en mayo de ese año, Contraloría dejó claro que el WhatsApp no es un medio oficial para las instrucciones laborales e hizo hincapié en el uso de los correos institucionales para dicha función.

Raúl Soto explicó además, que su proyecto contempla también excepciones específicas porque se entiende que hay situaciones que pueden ser negociadas directamente con el empleador en casos de suma urgencia. Lo que se pretendía era más bien generar un derecho y eso se está logrando, sin embargo, trabajadores del tipo honorarios no se beneficiarían con esta norma.

“Esta moción parlamentaria se centra exclusivamente en aquellos tipos de trabajos que cuentan con jornadas de trabajo legales o convencionales en  donde podamos establecer un límite claro. Creo que la situación de los honorarios tiene que ser resuelta por un tema mucho más profundo y entregarle el reconocimiento con trabajadores con vínculos de subordinación y dependencia”, explicó el diputado.

Finalmente, según puntualizó Soto, lo ideal sería que las instituciones que tienen en sus equipos a personas bajo la modalidad de los servicios por honorarios, puedan estipular en sus reglamentos internos algún tipo de garantías que incluyan el derecho a la desconexión digital. El problema de esta modalidad, aseguró el diputado, “es mucho más de fondo y debería ser legislado en otro tipo de proyecto”.