Las últimas semanas no han sido fáciles para la Fiscalía, pues el escándalo de corrupción que involucra a tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, dejó consecuencias en el el organismo investigador de la región debido a una denuncia contra el fiscal de O’Higgins, Emiliano Arias, y con ello una serie de polémicas entre abogados del Ministerio Público.

Respecto de esto se refirió el abogado de la Fundación Ciudadanía Inteligente, Mauricio Daza, y en conversación con el programa Política en Vivo analizó lo que está sucediendo con la institución dirigida por Jorge Abbott.

Sobre la actual situación de Emiliano Arias, Daza aseguró que “suspender a un fiscal regional es una medida dura”, refiriéndose a la decisión que el fiscal nacional Jorge Abbott tomó contra el fiscal regional de O´Higgins, quien es acusado de una serie de hechos que configurarían los delitos de tráfico de influencias y revelación de secreto en causas que tramitaba.

El abogado de la Fundación Ciudadanía Inteligente, Mauricio Daza dijo que esta medida adoptada por el fiscal nacional es la máxima sanción que por ahora puede imponer sobre Arias, ya que su destitución no es una decisión que él pueda imponer, ya que debe pasar por la Corte Suprema.

Además, Mauricio Daza señaló que la situación que se vive en la Fiscalía deja claro que hay una crisis grave, y apuntó a la figura de Jorge Abbott, quien según Daza “ha demostrado de una manera bastante expresiva que el cargo le queda enorme, que no está capacitado para poder liderar una institución que se tiene que proyectar al siglo XXI y él es más bien un personaje sacado del siglo XIX, con las mismas lógicas que uno veía hacia mucho tiempo atrás”.

El profesional del derecho agregó que “la crisis pasa obviamente porque no hay un liderazgo sólido y consistente, y eso genera una situación compleja para los efectos de ordenar una institución como el Ministerio Público y esto da cuenta de que hoy la ley no garantiza que personas que tienen las competencias para acceder a estos  cargos sean electos en los mismos y eso, básicamente, a partir de que se privilegian ciertos tipos de arreglos políticos más allá de las condiciones objetivas de quienes postulan”.

En conversación con el programa Política en Vivo, el abogado de la Fundación Ciudadanía Inteligente abordó también el acuerdo que la Fiscalía había pactado con la Conferencia Episcopal (CECH), el que según ambas partes tenía como objetivo garantizar cooperación y mejorar el proceso penal de las investigaciones de abuso sexual en la Iglesia Católica chilena.

Mauricio Daza aseguró que “era una locura, la Fiscalía se comprometía con la iglesia a informarle acerca del estado de las causas relacionadas con personas que formaban parte de la iglesia y que estuvieran siendo investigados, y uno se pregunta desde dónde sale eso si es que la ley dice que no le pueden informar acerca del estado de las causas a personas que no sean parte, y obviamente la Fiscalía no va ser querellante y los delitos se le imputan a personas naturales, entonces obviamente la iglesia como institución no podía ser informada y aquí se establecía aquello”.

Por otra parte, el abogado también se refirió a cómo se puede mejorar la situación y comentó que “lo que necesita cambios en Chile es la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público  para garantizar que las funciones y cargos al interior de la institución se generen y se definan a partir de criterios de méritos y no a partir de amiguismos y compadrazgos que es lo que ocurre hoy día”.

Mauricio Daza indicó que en la actualidad se están dando “verdaderas camarillas” en la dirección de esta institución, lo que aseguró está reproduciendo las peores prácticas de gestión que se pueden dar en su interior.

Agregó que las instituciones chilenas actualmente no funcionan en lo que refiere a revelar y sancionar los hechos de corrupción, por lo que espera que lo que se descubrió en la Corte de Apelaciones de Rancagua permitan garantizar cambios para una fiscalización efectiva que evite más hechos de este tipo.