Desde que se inició el debate en torno a la ley de protección de glaciares en Argentina, la empresa minera Barrick Gold se opuso a la iniciativa y, en 2011, lo oficializaron mediante un reclamo presentado en la Corte Suprema cuestionando la inconstitucionalidad de esta ley, dado que la Carta Magna argentina establece que los glaciares son patrimonio de cada provincia, por lo tanto, las empresas ponían en duda las competencias del Estado sobre los recursos naturales.

Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema trasandina determinaron que esta legislación es completamente constitucional, dado que “la protección de los glaciares en un Estado Federal como el argentino implica una densa y compleja tarea política que debe cumplir conjuntamente el Estado Nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses”.

Argentina es el segundo país en la región en el que se tienen más reservas de agua en estado sólido, siendo solo superada por Chile. El país trasandino cuenta con cerca de 17.000 glaciares, por lo que esta decisión fue ampliamente celebrada. Y claro, la normativa permitirá frenar más de 40 proyectos mineros que dañarían estos recursos naturales.

Gonzalo Strano, vocero de Greenpeace Andino Argentina, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que este fallo los dejó muy conformes, pues “la Corte Suprema cerró este capítulo que era muy importante para la protección de los glaciares. La Corte, en un fallo contundente, por unanimidad además, resolvió que la ley es constitucional, que debe aplicarse y que no solamente la nación tiene responsabilidad sobre la protección de los glaciares, sino también las provincias”.

Además, el miembro de la ONG ambientalista comentó que ahora esperan que cada provincia exija a las empresas mineras cumplir la ley.

“El órgano de ejecución de la ley es el Gobierno Nacional, pero deberían ser las provincias, en primera instancia, las que revalúen estos proyectos y prohíban la instalación de estos en aquellos lugares donde hay glaciares. Tienen que ser las provincias las primeras garantes”.

Mientras en Argentina se acaba de defender judicialmente esta legislación, en nuestro país aún falta bastante para poder concretar la protección a los glaciares, pues recién este martes se aprobó en el Senado, de forma general, una ley que busca su cuidado y preservación, por lo que ahora deberá ser revisada en las comisiones de Minería y Medio Ambiente.

Esta no es la primera iniciativa que se presenta en la materia, pero ninguna ha logrado garantizar una protección real y convencer a los parlamentarios y las organizaciones que velan por la protección de estas reservas de agua.

Al respecto, Gonzalo Strano comentó a nuestro medio que “Chile tiene mucho más desarrollada la minería que Argentina, por lo tanto es más urgente aún llevar adelante una protección total de los cuerpos de hielo. Hay un cálculo que es muy gráfico, que es que de toda el agua que hay en el planeta, solamente el 2 por ciento es dulce y, de eso, el 80 por ciento se encuentra en los glaciares, o sea, no hay duda que es un recurso que tenemos que proteger a futuro”.

“La ley de glaciares y ambiente periglacial es una ley modelo a nivel mundial y sería realmente muy positivo que Chile la tome”, agregó.

En nuestro país, desde la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares no ven con buenos ojos esta discusión legislativa, pues aseguran que el Gobierno tiene una tendencia a preservar los intereses mineros antes que el cuidado del medio ambiente, y que las empresas extractivistas están ejerciendo un fuerte lobby sobre las autoridades para frenar esta legislación.

“Denunciamos que la principal razón de por qué ningún proyecto de preservación y protección de glaciares ha prosperado y ha sido promulgado en Chile, es por la gran presión que realizan las actividades extractivistas que afectan y destruyen su entorno, especialmente la minería, la hidroelectricidad y geotermia, logrando permear, a través del lobby y políticas del terror, a los parlamentarios, ministros y gobiernos. Qué más gráfico que ver al Ministro de Minería Baldo Prokuriza y no a la Ministra de Medio Ambiente, como representante del Ejecutivo como interlocutor”, explicaron a través de un comunicado.