En una visita a la región de la Araucanía efectuada a fines de junio, el recién asumido ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, anunció la suspensión momentánea de la denominada Consulta Indígena que impulsa el Gobierno.

El cambio de ministro y la dimisión de algunos encargados de dicho proceso, no modificaron las críticas a la idea oficial, que es rechazada tanto por un sector del oficialismo como de los propios pueblos originarios.

Once fueron los puntos propuestos, pero el que provocó mayor rechazo por parte de las comunidades fue la posibilidad de legalizar la venta de las tierras ancestrales a privados o, en su defecto, el arrendamiento por un periodo que podía superar las dos décadas.

Para el alcalde de Tirúa y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades Con Alcalde Mapuche (AMCAM), Adolfo Millabur, “el Gobierno de turno no aprende” de experiencias anteriores, y se equivocó nuevamente al imponer una Consulta Indígena que nunca fue solicitada por los pueblos.

“Ante la amenaza de la Consulta, la desprotección de la tierra fue, en alguna medida, lo que gatilló una fuerte resistencia a la venta y al subterfugio de arriendo en beneficio de grandes compañías para incentivar la producción. Con esta misma lógica de subsidiar la agroindustria y empresas forestales, ¿por qué el Estado no va en auxilio de los pequeños y medianos productores, como es el caso de las comunidades mapuches?”, cuestionó.   

El también miembro del Consejo Territorial Lafkenche, Adolfo Millabur, agregó que tal como ocurrió con el llamado Acuerdo por la Paz y el Plan Araucanía, el Ejecutivo no pidió opinión ni se reunió previamente con las organizaciones originarias y autoridades territoriales del pueblo mapuche, quienes tienen una visión ancestral distinta sobre la tierra.

En este sentido, la directora ejecutiva del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), María Ignacia Fernández, coincidió que, al no haber interés por una de las partes ni diálogo entre los actores involucrados debido a la escasa construcción de confianza, el futuro de cualquier idea impuesta desde el Estado, es poco viable.

Precisó que existen casos ejemplificadores, como el establecido en Colombia con el “Acuerdo de Paz”, donde se consensuó una solución para acabar con el conflicto armado que afectaba por décadas a dicha nación.

“Ahí había que reconstruir confianzas muy complejas entre ex guerrilleros, ex paramilitares, víctimas y el Estado, que estaba ausente en esos territorios. Entonces eran una serie de actores que llevaban décadas sin dialogar, pero se utilizaron instrumentos metodológicos denominados diálogos improbables, que han mostrado resultados exitosos en un par de años, comunidades desmembradas en términos de confianza y relación para ponerse de acuerdo en un conjunto de mínimos comunes en términos de convivencia y desarrollo”, argumentó.   

Para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, reponer las confianzas es complejo, especialmente a partir de lo sucedido con el asesinato de Camilo Catrillanca.

Precisó que posibles soluciones en el corto plazo tienen que ver con el diálogo, los parlamentos sin imposiciones, como el ocurrido recientemente entre dirigentes mapuches y la Cámara de Diputados.   

“No criminalizar, por ejemplo. Fortalecer la Ley Antiterrorista lo que hace es generar más conflictividad. En el mediano plazo, hacer un planteamiento de las reformas legales, institucionales que son necesarias, en primer lugar, un reconocimiento constitucional pleno, como sujetos de derechos colectivos de los pueblos indígenas, luego, proponer nuevas políticas públicas, la política de compra de tierras no se debe abandonar, sino que perfeccionar y aprobar, e instalar el Ministerio de pueblos indígenas, cosas fundamentales que pueden ayudar”, subrayó.

Salvador Millaleo agregó que también, a través de distintos proyectos de ley, se deberían incorporar variables indígenas como los que dicen relación con Áreas Silvestres Protegidas, cambio climático, la prenormativa sobre Patrimonio Cultural, para generar una mayor institucionalidad que pueda procesar las demandas indígenas y que podría traducirse en menos conflictos. Además de la reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que, en vez de restar, debería reforzar la Consulta Indígena, tal como lo estipula el Convenio 169 de la OIT.