El centro de memoria Londres 38 denunció este martes al Tribunal Constitucional (TC) por ser responsable de la larga lista de causas por violaciones a los derechos humanos que se encuentran paralizadas, favoreciendo así “a los criminales de lesa humanidad quienes han encontrado en este suprapoder del Estado un férreo aliado que permite que la impunidad siga siendo la respuesta a la larga lucha por verdad y justicia”.

A través de un comunicado, el espacio expuso cuatro puntos que avalarían su denuncia:

1- “A comienzos de 2019, un total de 25 causas por violaciones a los derechos humanos se encontraban suspendidas a través de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal, presentados por los defensores de los acusados y acogidos por el TC en virtud del artículo 93 n°6 de su ley orgánica reformada durante el Gobierno de Ricardo Lagos. Este recurso se ha convertido en una estrategia dilatoria para seguir posponiendo el proceso de dictación de sentencia. La suspensión de estas causas ha oscilado entre 25 y 657 días, obstaculizando la obtención de verdad y justicia demandada por los familiares de las víctimas y el conjunto de la sociedad”.

2- “Recientemente el TC suspendió la investigación del proceso criminal caratulado como Quema de archivos evitando que el Poder Judicial investigue la participación criminal del alto mando militar, en especial la del ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Eduardo Jara Hallad, en la destrucción de documentos claves pertenecientes a la DINA que podrían haber contribuido a esclarecer casos actualmente en investigación”.

3- “El Tribunal Constitucional distorsiona la voluntad del legislador en diversos proyectos de ley. Una vez finalizado el proceso de creación de una ley en el Congreso Nacional, ésta puede verse detenida por un recurso de inconstitucionalidad presentado por más de un cuarto de los diputados en ejercicio. Esto ha permitido que el sector minoritario y derrotado en la discusión legislativa pueda impedir que un proyecto de ley se convierta en ley vigente. Esto ha favorecido a los sectores más conservadores y retardatarios que buscan obstaculizar los cambios sociales que exige el país. Así quedó demostrado con el proyecto de ley que exigía mayores requisitos para acceder a la prisión domiciliaria a delincuentes condenados por crímenes de lesa humanidad. En otro ámbito, se suman a estos proyectos vetados o modificados por este suprapoder la “objeción de conciencia institucional” reconocida por el TC que impide la implementación de la Ley de aborto en tres causales; el reconocimiento del lucro en las universidades privadas, y la validación del proyecto “Aula segura”, entre otros”.

4- “El Tribunal Constitucional es hoy un enclave autoritario, que busca impedir cualquier cambio al modelo neoliberal y al régimen político antidemocrático imperante. Pese a que muestra una aparente imparcialidad y se proclama como un tribunal de derecho, fuera del Poder Judicial, el TC está integrado por miembros escogidos por su afiliación política y se ha constituido de facto en una tercera cámara no electa. Así es como en estos días, además, hemos sido testigos de la amenaza al Congreso del propio presidente Sebastián Piñera de acudir al TC para rechazar el anhelo de los y las trabajadoras del país de una jornada más humana de 40 horas semanales”.

Por último, y a raíz de lo expuesto, la casa de memoria afirmó que “el TC responde a los intereses de los sectores más conservadores de la sociedad, de los grandes empresarios, y criminales de lesa humanidad, que gracias a su actuar siguen libres en las calles”.