Desde hace varias semanas que el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ha estado en el centro del debate público. La inusitada coordinación de toda la oposición tras esta propuesta, además del amplio apoyo ciudadano, motivó un fuerte despliegue comunicacional por parte del Gobierno.

Fue así como representantes del oficialismo –incluyendo al propio Presidente Sebastián Piñera- acusaron que la iniciativa es inconstitucional, amenazando de pasada con acudir al TC. Días después el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, anunció el envío de una indicación al proyecto de adaptabilidad laboral con la que se reduciría la jornada a 41 horas.

Luego, el titular de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que en caso de aprobarse la moción de las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola, se perderían 250 mil empleos. Y finalmente, durante esta semana, el Ejecutivo salió nuevamente al paso de la propuesta, asegurando que se trata de un proyecto de “35 horas semanales” y no 40, ya que en él se incluye el tiempo diario de colación de cada trabajador.

En ese escenario, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado y experto laboral, José Luis Ugarte, desmenuzó algunos de los argumentos del Gobierno para desestimar la iniciativa de la oposición.

El académico de la Universidad Diego Portales indicó que el proyecto le parece “un avance necesario considerando que la última vez que se rebajó fue hace 15 años y tenemos una de las jornadas más largas de América Latina y también de la OCDE por lo tanto es una rebaja que nos pone más cerca del promedio que está en torno a las 38 horas”.

José Luis Ugarte

El experto comentó además los efectos negativos que tendría esta medida en el empleo. Al respecto, Ugarte recordó los argumentos presentados durante la última rebaja de jornada laboral, junto con advertir que, hasta el momento, no existen investigaciones que avalen las cifras entregadas por el Ejecutivo.

“Eso en mi opinión es humo porque no hay estudios, y por otro lado, es lo mismo que se dijo el año 2000 y no ocurrió nada de eso. Esta especie de apocalipsis estadística sobre el empleo no ocurrió el año 2000 y tampoco va a ocurrir ahora porque lo que hacen las empresas en casos como este es mejorar sus procesos productivos, ajustar sus ritmos y por lo tanto ajustan para producir lo mismo con menos horas de trabajo”.

Asimismo, el profesor de Derecho Laboral descartó la inconstitucionalidad del proyecto de la oposición. “Eso sí que es un disparate porque leída así la norma constitucional, prácticamente se acaba la iniciativa parlamentaria. Si se considera como gasto público lo indirecto entonces no hay proyecto alguno de ley que pudiera ser presentado por un parlamentario, por lo tanto es una interpretación disparatada, yo creo que es más bien fruto de la desesperación del Gobierno que no logra encontrar un argumento de contraste, de peso para enfrentar la iniciativa y además el alto respaldo que ha ido generando de a poco”.

En relación a la propuesta de adaptabilidad laboral del Ejecutivo y a la idea de flexibilización con énfasis en la negociación individual, Ugarte manifestó que la supuesta libertad y autonomía de los trabajadores y trabajadoras es sólo un pretexto para justificar un rechazo a los sindicatos por parte de determinados sectores políticos.

“Eso es lo que piensa buena parte de su sector pero ocupa excusas, que hay  que tratar de darle autonomía a las personas, cosas de ese estilo. En el fondo, lo que hay aquí es una molestia, una ideología anti sindical que se expresa más desnudamente, pero que siempre ha estado presente y no es sólo en la derecha, hay sectores que incluso estuvieron en el gobierno pasado que también comparten esa apreciación. Hay que recordar que en la reforma anterior se aumentó el quorum para constituir sindicatos, por lo tanto esa ideología anti sindical supera el marco estrictamente de la derecha”.

El proyecto denominado “40 horas” será votado a partir del próximo lunes en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados hasta total despacho. Durante las últimas horas el Ejecutivo ha intensificado su despliegue comunicacional para deslegitimar la propuesta reiterando -a través de los ministros de la Segpres, Hacienda y Trabajo- la inconstitucionalidad de la medida y que ésta tendrá “un efecto muy nocivo sobre los salarios y los empleos”.