Este miércoles fue aprobado, por la Cámara de Diputados, un proyecto que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, una iniciativa que ya había sido aprobada en general a principios de julio y que obligó a un segundo estudio de la Comisión de Minería respecto de algunas indicaciones, que finalmente no fueron incluidas.

Sin embargo, el resultado de la votación en particular es justamente lo que no dejó conforme a los parlamentarios defensores de la iniciativa, dado que, por 54 votos a favor y 68 en contra, el proyecto fue rechazado en su artículo dos.

Este fue un detalle no menor dado que en el artículo mencionado era justamente el centro de la propuesta, y en donde se tenía considerado declarar también de interés nacional a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), en los términos del artículo 19 de la Constitución Política, un artículo que entregaba la posibilidad al Estado de expropiar los recursos hoy administrados por entes privados.

Conocido este rechazo, el diputado de la región de Antofagasta, Esteban Velásquez, aseguró que se trata de una pérdida para los territorios del norte del país, así como para un proyecto que buscaba generar mayor impacto del que tendrá en la práctica.

Esteban Velásquez.

“El segundo artículo era el que nos importaba porque le entregaba herramientas al Estado de Chile para negociar de mejor forma un recurso natural tan importante como el litio. En el Salar de Atacama, en la región de Antofagasta, lo están explotando particularmente empresas privadas que se llenan los bolsillos de dinero con nuestros recursos naturales. Era una oportunidad para que fuera el Estado de Chile quien se hiciera cargo”, enfatizó el diputado.

Pero, ¿qué significa, entonces, un proyecto que categoriza al litio como un recurso de interés nacional, en un contexto en el que el mineral seguirá siendo explotado por privados?

En el análisis posterior a la votación mencionada, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con el economista y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Andrés Solimano, quien manifestó que esta categoría no involucra un cambio sustancial, dado que la actual Constitución ya considera de interés nacional a los recursos del suelo y subsuelo.

En el plano operativo, el litio aún es administrado por las empresas SQM y Albemarle, en calidad de concesionarios. Dicho de otro modo, con el modelo actual, el llamado interés nacional se refleja solamente en el hecho de que el Estado decide a quién le arrienda la administración del recurso.

Andrés Solimano.

Para Solimano, si lo que se pretende es hacer cambios reales, las opciones podrían estar en proponer mayor presencia del Estado dentro de las concesionarias.

“La idea de una empresa pública o mixta continúa dando vueltas. Ahí el Estado tendría un representante y podría tener voz y voto sobre política estratégica de la explotación, el valor agregado o las inversiones que se hacen. Si los gobiernos no tienen decisión política para tener una injerencia mayor en la explotación del litio, pueden pasar leyes que digan que es de interés nacional, pero no sé si eso va a cambiar mucho”, explicó Solimano.

Asimismo, el economista recordó el historial y las faltas de las empresas concesionarias mencionadas y que, a lo largo de los años, no ha incidido al momento de renovar los contratos.

En el caso de SQM, la concesión que se mantendrá hasta el año 2030 fue renovada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pese a las acusaciones por financiamientos irregulares y otras de índole laboral, que fueron llevadas ante la Organización Internacional del Trabajo.

“Es una empresa que tiene un historial de controversia que no ha sido suficiente para que el Estado modifique los contratos. Tampoco Albemarle, que se atrasó muchos años y no pagaba royalty. Hay una ley, pero los que ejecutan la ley tienen un criterio que no es tan compatible con el espíritu de la ley, que es la propiedad pública y el uso para el bien nacional”, precisó Solimano.

Paulina Núñez.

Desde el bando de los parlamentarios que votaron en contra del proyecto que ya fue despachado al Senado, la diputada Paulina Núñez se ha referido al artículo rechazado como una intención de expropiación y recordó también la opción que planeó la oposición durante el gobierno de Michelle Bachelet respecto de la renovación de los contratos a SQM.

“Bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, con Eduardo Bitrán como vicepresidente de la Corfo, se realizaron estos contratos. Nosotros como oposición planteamos que pasaran a manos de Codelco, empresa pública con un gobierno corporativo. Finalmente, no fue la decisión que se tomó, sino que se ratificó el plazo del contrato hasta el año 2030 y se ampliaron las cuotas de explotación”, aseguró Núñez.

Asimismo, Núñez agregó que la opción de expropiación es un absurdo, dado que el dueño de los recursos es el Estado. Su voto en contra, según indicó, fue debido a que considera que una expropiación por parte del Congreso no solo es inconstitucional, sino que implicaría un gasto imposible de asumir.