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Bolivia: El “vecino problemático” que impide al Gobierno firmar el Acuerdo de Escazú

La relación con nuestro vecino altiplánico, el uso que históricamente le ha dado a los tribunales internacionales y el ya repetido argumento de "la pérdida de soberanía" han hecho que el Ejecutivo se incline por no firmar un tratado que muchos consideran como el más importante de la región en materia ambiental.

Tomás González F.

  Miércoles 2 de octubre 2019 12:02 hrs. 
Frontera-Bolivia-Chile


El domingo recién pasado, el Presidente Sebastián Piñera volvió a ratificar que Chile no suscribirá el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, mejor conocido como ‘Acuerdo de Escazú’.

En entrevista con Canal 13, el Mandatario señaló que el pacto “está contenido en la legislación nacional. Por lo tanto, no agrega nada”. A ello añadió que tenemos las instituciones pertinentes y que “nuestra legislación protege lo que nosotros protegemos”.

No obstante, no entró en detalles sobre las reales dudas que tiene el Ejecutivo para firmar el tratado que, tras liderar las negociaciones, el gobierno de Sebastián Piñera decidió desestimar. Y es que las principales dudas de Chile, además de lo señalado por el Presidente, tienen que ver con el artículo 11 del tratado, que habla de una “consideración y cooperación con los países sin litoral”, lo que ven como una amenaza a la soberanía nacional que tiene que ver con la complicada relación que ha tenido el país con uno de los países firmantes y el que, para el Gobierno, es nuestro vecino más problemático: Bolivia.

En 2018, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en favor de Chile ante la demanda marítima interpuesta por nuestro vecino, Bolivia.

En 2018, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en favor de Chile ante la demanda marítima interpuesta por nuestro vecino, Bolivia.

No obstante, este argumento fue rechazado categóricamente por el ex canciller Heraldo Muñoz, quien estuvo a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la mayor parte de las negociaciones del tratado. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Muñoz sostuvo que la cooperación sostenida en el mencionado artículo 11 del Acuerdo no le entregaría mayores atribuciones a Bolivia.

“Cómo se implementará esa cooperación, que es para un propósito muy específico, que es para fortalecer las capacidades nacionales en materia de cooperación ambiental, bueno, dice que a través de diálogos, talleres, intercambio de expertos, asistencia técnica, educación, observatorios, intercambios, etcétera. De modo que no hay nada ahí que se pueda relacionar con la aspiración marítima boliviana u otros conflictos“, sostuvo el ex canciller.

Habiendo ambos países ratificado el Pacto de Bogotá, tienen la obligación de resolver sus conflictos a través de medios pacíficos, entregándole jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El ex canciller y actual timonel del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, estuvo a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la mayor parte de las negociaciones del Acuerdo de Escazú.

El ex canciller y actual timonel del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, estuvo a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la mayor parte de las negociaciones del Acuerdo de Escazú.

Es en esa corte en donde actualmente se discute el conflicto por el río Silala, el que se suma a la demanda marítima que ganó Chile y a otras que ha introducido el país altiplánico en distintas cortes internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese sentido, Escazú significaría, para el Ejecutivo, otra oportunidad para que Bolivia nos lleve ante los tribunales internacionales, justificando la no firma en un argumento que ya se ha hecho habitual: la pérdida de soberanía.

Sin embargo, para el ex canciller y también presidente del Partido Por La Democracia este argumento es débil, debido a que el Acuerdo entrega opciones, más no obligaciones.

Si existiera una controversia, las partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación y si no, podrán, y subrayo la parte ‘podrán’, podrán indicar por escrito que aceptan uno de dos medios, ya sea la Corte Internacional de Justicia o el arbitaje”, sostuvo Muñoz.

Perfectamente Chile puede indicar que no va a escoger ninguno de estos dos mecanismos de solución de controversias. Así que yo francamente no entiendo la argumentación que está dando el Gobierno para no suscribir este acuerdo”, agregó el ex canciller del gobierno de Michelle Bachelet.

La demanda interpuesta por Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el carácter internacional del río Silala no ha sido resuelta hasta el momento y se mantiene en discusión en dicha instancia.

La demanda interpuesta por Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el carácter internacional del río Silala no ha sido resuelta hasta el momento y se mantiene en discusión en dicha instancia.

El escuchado argumento de “la pérdida de soberanía”

Desde ya hace un tiempo se ha utilizado la soberanía nacional como argumento para no firmar o ratificar algún tratado de estas características. No obstante, son diversos los académicos y expertos en la materia que han señalado que frente a cualquier acuerdo internacional se cede una parte de la soberanía. Así lo comprueban los 26 tratados comerciales que ha firmado Chile con 50 países distintos, a los que se le pueden sumar todos aquellos acuerdos que tienen que ver con los códigos postales e incluso las llamadas telefónicas internacionales. Por esto, muchos lo han declarado “un argumento fuerte en el discurso, pero de una debilidad extrema”.

Así también lo calificó la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y experta en derecho internacional, Astrid Espaliat, quien desechó la razón sostenida por el Gobierno en torno a la soberanía, señalando que, en estricto rigor, la firma del tratado no significa nada.

“La firma, desde el punto de vista del derecho internacional, no genera ninguna obligación jurídica. El gobierno del Presidente Piñera, cuando justificó la no firma, dijo, erróneamente, que eso iba a conducir a obligaciones y a cesiones de soberanía“, sostuvo Espaliat.

“Lo cierto es que, en un Estado, se obliga por medio de un tratado cuando éste ha pasado el trámite de aprobación de las cámaras legislativas. Una vez hecho lo anterior, el acuerdo aprobatorio se transmite al Ejecutivo y éste emite el instrumento de ratificación”, agregó la abogada experta en temas relacionados con conflictos limítrofes.

La académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y experta en temas de conflictos limítrofes, Astrid Espaliat.

La académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y experta en temas de conflictos limítrofes, Astrid Espaliat.

Una visión similar es la que entregó la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también miembro del directorio de Espacio Público, Valentina Durán, quien fue enfática en señalar que el Acuerdo de Escazú no configuraría un nuevo instrumento para que Bolivia demande a nuestro país, sino más bien ofrece mecanismos alternativos de solución de controversias.

“Tampoco es que aquí se abra toda una judicialización. Por el contrario, este es un acuerdo que lo que busca es el diálogo e incluso promueve soluciones alternativas a las controversias“, aseguró la abogada y máster en Derecho Ambiental.

“Aún poniéndose en el peor escenario y en el más conservador, el Acuerdo de Escazú no puede servir para que Bolivia demande reivindicaciones territoriales a Chile, ni ninguna otra reivindicación ambiental tampoco“, añadió la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

En el medio, la abogada, máster en Derecho Ambiental y directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Valentina Durán. También es parte del directorio de la Fundación Espacio Público.

En el medio, la abogada, máster en Derecho Ambiental y directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Valentina Durán. También es parte del directorio de la Fundación Espacio Público.

Una de las opciones que había planteado el Gobierno para firmarlo, era hacerlo con ‘reservas’, tal como lo hizo en un principio con el Pacto de Bogotá. Sin embargo, lo que no se mencionó fue que el tratado firmado en Escazú, Costa Rica, ya tiene 17 países firmantes -Guyana incluso ya ratificó el tratado-, y no contempla reservas, por lo que la posibilidad que tiene el Ejecutivo se reduce al proceso de ratificación que tiene el tratado -en las cámaras legislativas-, en donde se podrían realizar declaraciones interpretativas respecto de los puntos con mayores aprensiones.

Así, y con todo los hechos apuntando a una no firma del tratado, las críticas apuntan a que Chile lideraría la cumbre ambiental más importante del planeta, es decir, la COP-25, sin haber firmado el Acuerdo de Escazú, el que es por muchos considerado como el tratado ambiental más importante de la región.

Diversas organizaciones de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos llegaron hasta la explanada frente al Teatro Universidad de Chile en la Plaza Baquedano para pedir al Gobierno que firme el Acuerdo de Escazú.

Diversas organizaciones ligadas a la defensa del medio ambiente y los derechos humanos se han manifestado exigiéndole al Gobierno de Sebastián Piñera que firme y ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, o mejor conocido como ‘Acuerdo de Escazú’.

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